El fiscal general, Francisco Barbosa, sigue en su lucha por recordarle al país el riesgo de aprobar, como están redactados, los proyectos para el sometimiento a la justicia y humanización de las penas radicados por el Gobierno nacional. Un capítulo especial, relacionado con la extinción de dominio, llamó la atención del jefe del ente acusador.
Mientras se advierte que en los proyectos del Ministerio de Justicia las víctimas de los grupos criminales, como el Clan del Golfo, serán reparadas colectivamente y no de manera individual, a los cabecillas de estas organizaciones se les garantiza una retribución de 2.8 millones de dólares en bienes.
La Fiscalía advirtió que en la ley de sometimiento se aumentó el monto que quedaría en las manos de los narcos incluidos en el modelo de justicia propuesto. Pasará de 2.500 millones de pesos a más de 11.000, sin explicación, dijo el fiscal Francisco Barbosa, tras advertir que narcotraficantes como Pablo Escobar y el Cartel de Cali, estarían felices con este proyecto.
“Este proyecto de sometimiento tendría muy feliz a Pablo Escobar y al Cartel de Cali, porque finalmente les permitiría salir de la cárcel y recibir 2.8 millones de dólares, que es la operación de lavado de activos más importante que se quiere hacer con una cantidad de criminales de ese talante”, dijo el fiscal general.
Con anterioridad, el jefe del ente acusador aseguró que cualquier narco que quiera someterse a la justicia de plano se mete en el bolsillo esa millonaria cifra, que se garantiza a través del proyecto del Gobierno nacional, todo mientras a las víctimas se les agrupa en una bolsa común para una eventual reparación.
“Estamos diciendo a cientos de colombianos que les han violado los derechos en todo sentido, que ahora los van a meter en una bolsa colectiva y no les van a reparar individualmente, si tienen muchos recursos, más bien hagan reparaciones individuales porque no aplican”, señaló el fiscal.
La Fiscalía hizo al menos nueve reparos al proyecto o ley de sometimiento a la justicia que radicó el Gobierno en el Congreso y entre esas advertencias estaba justamente lo que tiene que ver con la extinción de dominio y cómo, sin explicación, se aumentaron los montos para las organizaciones criminales, dinero y bienes con los que se podrían quedar solo por el hecho de comparecer ante los jueces.
“Es decir, 2.8 millones de dólares usted se embolsa por meterse en la ‘paz total’ y, repito, el hecho de que pongan en el artículo una expresión de que esos bienes son susceptibles de ir a las víctimas, pues me parece que no garantiza absolutamente nada, es una reacción completamente difícil, farragosa, complicada que no se entiende”, reveló Barbosa al término de la reunión con Cambio Radical.
Insistió el fiscal general que las discusiones no hacen parte de un proceso de paz con una organización de carácter político, se trata de una ley de sometimiento a la justicia que debe partir de la base de una pena privativa de la libertad y ese fue el planteamiento que desde el inicio de las discusiones con el Gobierno, el ente acusador dejó por sentado.
“Se trata de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento y he sido muy claro, una cosa es el sometimiento a la justicia, otra cosa es un proceso de justicia”, advirtió el fiscal general.
Para la Fiscalía, el proyecto de sometimiento se convierte en una oportunidad equivocada de convertir el principio de oportunidad en una especie de indulto, que claramente no aplica para este proceso, pero que en últimas terminará sirviendo para lo mismo, favorecer criminales.