A la izquierda poco le gustó la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Agrícola (Zidres) que presentó el Gobierno ante el Congreso. Se opusieron a ella durante su trámite en el Legislativo y ahora buscan que la justicia las tumbe por considerar que atentan contra los derechos de los campesinos de desarrollar proyectos productivos.Los congresistas Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Iván Cepeda y Alberto Castilla le pidieron a la Corte Constitucional que declare inexequible ese mandato, al considerar que atenta, incluso, contra el proceso de paz.En febrero el Congreso estableció un mecanismo de adjudicación de terrenos a campesinos sin tierra, a través de mecanismo de asociación con grades empresas, permitiendo que estas firmas pudieran desarrollar sus proyectos utilizando las unidades agrícolas que se le titularan a estas personas.Para los congresistas del Polo Democrático y del Partido Verde esa iniciativa limitaba el derecho de los campesinos a la tierra y al desarrollo de sus propios proyectos económicos. Según ellos, la norma estaba pensada para que grandes empresarios supeditaran las garantías del campesinado a sus propios intereses.Para los proyectos de siembra, advirtieron, los adjudicatarios de la tierra no tendrían ningún poder de decisión. Serían las multinacionacionales y las trasnacionales las que definirían qué productos producir y cosechar.Por eso se interpuso la demanda ante la Corte Constitucional. Según el senador Alberto Castilla, la Ley afecta el derecho al trabajo de los campesinos, la libre asociación y la libre escogencia de profesión u oficio, pues los obliga actuar exclusivamente para favorecer los intereses de las empresas.Para el senador Iván Cepeda, la norma “le declara la guerra al campesinado”. Además, cree que impide el desarrollo de los acuerdos de La Habana. A su juicio, se trata de una disposición que frena el eje de la negociación, que es reformar el mundo del agro.Para el dirigente del Polo, el Gobierno se equivoca si piensa que la paz está sólo en la mesa de negociaciones y cree que no necesita de acciones para disminuir las brechas sociales y hacer a los más pobres mucho más partícipes de la producción.Al final, calificaron la estrategia como un “lavado de tierras”. Para eso, trajeron a colación el ejemplo de la empresa Forest First, de la que se dice que concentraba baldíos en la Orinoquia y que pasó de explotar 25.000 hectáreas a intervenir en unas 150.000.