SEMANA.: Pese a las críticas que recibió Darío Acevedo, este martes fue nombrado por el presidente Iván Duque como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ¿cómo recibieron la noticia? Leyner Palacios: Nos tomó por sorpresa. Alcanzamos a pensar que el presidente iba a tener en cuenta la oposición que hicieron las víctimas. Sin embargo, nadie les prestó atención. SEMANA.: ¿Cuál es el primer efecto que desencadena esta decisión? L.P.: Antes del nombramiento, en medio de la incertidumbre que rodeó el CNMH, nos reunimos con líderes de Bojayá y tomamos la decisión de solicitar el fin de la custodia de los archivos. Nos retiramos del ejercicio de memoria que se venía coordinando a través de la entidad. Le recomendamos: Acevedo, ¿dirigirá el Centro de Memoria Histórica con revanchismo o con rigurosidad? SEMANA.: ¿Por qué se van? L.P.: Esa decisión va más allá del nombramiento. Sentimos frustración porque el Gobierno decide sobre temas claves de verdad y memoria nombrando personas que desconocen la historia del conflicto armado. Con qué confianza nos acercamos a esa institucionalidad. Él con qué criterios va a valorar la información que hemos suministrado para recuperar la memoria y proyectar a un nuevo escenario de reconciliación. SEMANA.: ¿Cuáles son las características mínimas que a su juicio debe cumplir el director del CNMH? L.P.: El respeto a las víctimas, su dolor y su historia. Ser una persona imparcial que no venga de ningún sector político. En Colombia hay un entramado de la guerra que es lo que se va a desenredar con los testimonios de las víctimas. Por eso no puede ser nadie parcializado. Un funcionario que desconoce el conflicto armado, no puede hacer memoria en Colombia. "No solo no hemos recibido la reparación de manera adecuada, sino que ahora nos toca volvernos a aguantar la desmemoria del país". SEMANA.: Si bien hay quienes dicen que la primera impresión es la que cuenta, ¿no cree que hay que dejarlo aterrizar? L.P.: Todas las personas se pueden convertir. Sin embargo, acá el tema es delicado. Él ya fijó una posición: negó la existencia del conflicto armado. No es mucha la esperanza que tenemos sobre su gestión a la hora de materializar los derechos de las víctimas. SEMANA.: ¿Qué tipo de archivos van a retirar del CNMH? L.P.: La relación con el CNMH se inició hace mucho tiempo. Incluso, lanzamos el libro: Bojayá, la guerra sin límites. Desde ese momento adelantamos distintos talleres con las comunidades, líderes y víctimas. Recolectamos testimonios de todos los que sufrieron. A eso me refiero. Todo ese material fue grabado, organizado y está en custodia del CNMH. Además, hablamos de más de 600 comunicados que emitieron las organizaciones en el marco del conflicto. Ahí se reflejan nombres de victimarios y hasta responsabilidades de distintos actores. Vea también: ¿Se podría preservar la memoria si desde el gobierno niegan que hubo un conflicto en Colombia? SEMANA.: ¿En qué etapa está el traspaso de esa información? L.P.: Hace varias semanas nos reunimos con una funcionaria del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es decir, con la persona encargada del relacionamiento con nosotros y le informamos de manera verbal la decisión. Aunque quedamos en formalizar la petición, en ese mismo instante ella debía empezar a adelantar el proceso. SEMANA.: Pero, ¿todavía no hay una solicitud formal? L.P.: No lo habíamos hecho porque alcanzamos a pensar que el presidente Iván Duque iba a atender las diferentes solicitudes. Ahora que se tomó la decisión, no nos queda más remedio que retirarnos. SEMANA.: ¿Decisiones como la de las víctimas de Bojayá se replicará otros sectores? L.P.: Yo creo que sí. Se viene una avalancha de organizaciones que van a retirar sus archivos. Es una decisión que siembra mucha desconfianza y especialmente sobre la institucionalidad, que crece cada día. El panorama es terrible. De nuevo se alarga el camino que habíamos acortado. Ahora vamos en la dirección contraria. SEMANA.: ¿Qué impide que el trabajo con el CNMH pueda ser sostenido? L.P.: Con este tipo decisiones nos ponen en más dificultades y riesgos. No vemos clara la posibilidad de continuar trabajando de la mano con el CNMH. Esa fue una relación que costó mucho trabajo construir. Cuando empezamos a afianzarla estábamos muy marcados por los efectos del conflicto armado y había mucha desconfianza con las autoridades y la institucionalidad. Hay que recordar que la masacre se dio en un contexto omisiones. Tocó reconstruir la confianza con una institucionalidad que también nos golpeó, eso costó mucho. Le puede interesar: "La violencia del conflicto tocó a todos, pero fue mortal con los campesinos": Francisco De Roux SEMANA.: La desconfianza que sienten hoy, ¿es la misma de hace 16 años? L.P.: No es el mismo escenario. La diferencia ahora es que hay una disputa por parte del Gobierno para opacar la verdad y la memoria de lo que aquí pasó. Para nosotros todos estos ejercicios de memoria son muy importantes. Esto no es porque buscamos reparaciones materiales sino también porque todo esto es lo que nos ha permitido adelantar procesos para sanar. Ahora, todas estas decisiones nos generan dolor por dos razones: no solo no recibimos la reparación de manera adecuada, sino que ahora nos toca volvernos a aguantar la desmemoria del país. SEMANA.: ¿Cuál fue el cambio más significativo en el que se tradujo la Ley de víctimas que se sancionó en el 2011? L.P.: Reconocerlas. Con ello empezamos a entender el drama del conflicto en las personas. Apenas en ese momento el país reconoció que había víctimas. La negación del conflicto desconocía todo, hoy quienes fuimos afectados tenemos unos mínimos derechos. Incluso, el de la memoria. SEMANA.: Van seis meses desde la posesión del presidente Iván Duque, ¿cuál es su balance? L.P.: Hemos retrocedido casi 10 años. Con la Ley de Víctimas al menos dimos un paso. Retroceder a esa era de la negación es frustrante. Eso hace que se cierren los caminos y las posibilidades de una reconciliación. Aquí están protegiendo intereses de personas que estuvieron involucradas por acción u omisión en el desarrollo del conflicto. Cómo entonces nos volvemos a encontrar con la institucionalidad que desconoce y borra esa memoria. Nosotros somos quienes hemos vivido esa realidad y conocemos el impacto. Aquí no nos vienen a enseñar cómo ha sido el conflicto porque somos nosotros los que lo hemos vivido. "Un funcionario que desconoce el conflicto armado, no puede hacer memoria en Colombia". SEMANA.: ¿Se quebró el puente con el CNMH pero cómo está la relación con la Comisión de la Verdad? L.P.: Se cierran unas puertas pero se abren otras con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Estamos sumamente comprometidos con la implementación de los acuerdos de paz. Sin embargo, nos preocupa que estén recortando el presupuesto para la implementación. Nos angustia que esas instituciones no tengan capacidad financiera para responder a los derechos de las víctimas. Y sí, actualmente, estamos trabajando de la mano con la Comisión de la Verdad. SEMANA.: Desde diferentes sectores le piden al presidente Duque que no firme la ley estaturia que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), ¿usted qué cree? L.P.: Le voy a responder con un ejemplo: el caso de la masacre de Bojayá. Nosotros llevamos 16 años y hasta la fecha no hay una sola investigación sobre los responsables por parte de las Fuerzas Militares y autoridades civiles que, por ejemplo, omitieron su deber de protegernos. Todo lo que hay es preliminar. Por eso creemos que la JEP surge como una esperanza para que esa impunidad no se perpetúe. Y, frente al modelo de aplicación de justicia, estamos en sintonía. Es injusto que nosotros las víctimas, nos quedaron 159 lesionados después de la masacre, pasemos la vida trabajando, labrando la tierra para pagar los impuestos con los que se mantienen a los que nos hicieron el daño y que están en la cárcel. Es más reparador que vengan a los territorios a ayudarnos a resarcirnos. El presidente está en mora. Están jugando con nuestro dolor y el deseo de justicia que tenemos.