El pasado jueves, la ‘madre patria’ vivió una de las operaciones judiciales de mayor impacto de los últimos años. El expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, y 11 altos funcionarios más fueron arrestados, todos acusados de haber utilizado una de las empresas emblema del país, el Canal de Isabel II, para lograr el desfalco de 23 millones de euros por medio de transacciones en sus filiales en América Latina. La justicia española, que además ordenó 30 allanamientos en oficinas, les atribuye los delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Puede leer: El coletazo de la corrupción en España llega a ColombiaLa historia de lo que promete ser el Odebrecht español tiene su principal ramificación en Colombia. De hecho, toda la operación comenzó en Cartagena en un episodio de película que involucraba bolsas llenas de dinero, grabaciones y viajes secretos. El escándalo se destapó cuando la periodista española Pilar Velasco, de la Cadena Ser, hizo público un video que demostraba que algo andaba muy mal. En este se veía a Ignacio González reunido con Edmundo Rodriguez Sobrino, el hombre fuerte de la empresa en América Latina, y algunos pesonajes de la ciudad del caribe. Todos entraban a una residencia en La Heroíca con unas bolsas de plástico en las manos y luego salían sin nada.
Durante los años que vinieron González intentó, incluso por la vía judicial, amedrentar a la prensa para que dejara de especular sobre el contenido de las bolsas y la razón que justificaba su presencia en Cartagena. Según le relato Velasco a Semana.com, a ella la demandó por revelación de secretos. Por cuenta de esto, un juez español en primera instancia le obligó a no seguir reportando el caso. La periodista ganó al final, años después. La intriga giraba alrededor de dos temas. 1) Qué había al interior de esas bolsas. 2) Por qué la Guardia Civil Española había seguido hasta Cartagena a González para espiarlo. Sobre la primera pregunta todavía no existe claridad, pero sí indicios muy sólidos. En ese momento González aseguró que dentro de las bolsas de plástico no había más que toallas. Las autoridades creen que, por el contrario, se trataba de dinero en efectivo. Según le dijo una fuente anónima al diario El Confidencial de España hace unos días, los altos funcionarios de ese país "fueron a pagar comisiones, no a recibirlas. Lo de las bolsas eran regalos". La segunda pregunta se resolvió la semana pasada con su captura. Después de ocho años de intrigas se conoció que González era el sujeto principal de una mega-investigación conocida como ‘Operación Lezo‘. El nombre se debe a ese almirante español, que a pesar de ser cojo y manco, salvó a Cartagena de la invasión del Ejército inglés que en 1741 llegó a la Heroica con 195 buques. El nombre deja en evidencia que toda la investigación comenzó en La Heroíca, quizás a raiz de esas bolsas plásticas que González asegura contenían toallas. En 2008, explica Velasco, en España los escándalos de corrupción no eran tan comunes como ahora en que ni siquiera la familia real se ha salvado de acusaciones de esta índole. Para esa época el país ibérico estaba mejor que nunca. Se consideraba la octava economía del mundo y en ese repunte parecía libre de estos casos. El video de González se reveló en ese contexto pujante.Le recomendamos: Lezo: la gigantesca operación en España con efecto dominó en ColombiaEn 2009, el diario El País de Madrid reseñó con asombro lo que consideró uno el escándalo de “espionaje político” del año. González había sido seguido por las autoridades durante ocho meses en los cuales le habrían puesto cámaras ocultas para detectar detalles de su trabajo y en especial de sus viajes a Colombia. El objetivo era relacionar al funcionario con actos irregulares y para demostrarlo los informes daban detalles muy específicos de su llegada a Colombia. Había sido el 28 de agosto en el vuelo AV8548, en clase business. Supuestamente se había reunido con el presidente colombiano Alvaro Uribe en una cita formal y luego con unos constructores. (vea: El vicepresidente de Aguirre ha sido espiado con cámaras ocultas)Según el diario, para “agravar el guión, el informe incluye fotografías tomadas con cámara oculta que son explicadas así: Acompañantes de Ignacio González acudiendo y entrando en el inmueble... acceden con las bolsas blancas que se pueden apreciar y abandonando a los diez minutos el inmueble sin las citadas bolsas”.El diario El Mundo publicó este fin de semana un completo reportaje en el que cuenta cómo González saqueó el Canal de Isabel II. Se trata de una de las empresas públicas más rentables de España encargada del manejo de aguas de la capital del país y con múltiples filiales en América Latina. En Colombia estaban a cargo de Triple A de Barranquilla, Metroagua de Santa Marta, Asaa de Riohacha y Recaudos y Tributos.Puede leer: Lezo, la gigantesca operación en España con efecto dominó en ColombiaSegún el magistrado Eloy Velasco, quien lleva el proceso, González creó una “organización criminal” que le permitió lucrarse personal y familiarmente, así como financiar al Partido Popular, liderado hoy por el presidente Mariano Rajoy. La acusación será un cisma para el gobierno.En la misma semana, la justicia también allanó y registró la constructora OHL en el Paseo de la Castellana. El objetivo era encontrar cualquier registro que indique el pago de coimas para lograr la adjudicación de contratos en el extranjero. Por ahora, se investiga el pago de 1.4 millones de dólares para la construcción de una linea ferroviaria. Otras cuatro empresas fueron también registradas. El efecto dominó Aunque se trata de un temblor que tendrá replicas en toda América Latina, Colombia es el epicentro. El expediente, revelado por El Mundo, asegura que en el país se detectó el “pago de comisiones ilegales” a cambio de “contratos de prestación de servicios inexistentes”. Todo esto se habría hecho por medio de operaciones en paraísos fiscales, en especial en las Islas Vírgenes Británicas. Otra acusación muy grave tiene que ver con que la Comunidad de Madrid habría pagado por la filial colombiana 100 millones de euros, cuando realmente valía 30 millones. (Vea: Así saqueó Ignacio González el Canal). Un artículo del periódico Voz Populi asegura que Colombia puede tener un papel en otra parte clave del escándalo. Se trata de la compra de la empresa Emissao en Brasil por 21,4 millones de dólares. A los pocos años el precio de esta no estaba ni siquiera en la cuarta parte de lo que se había pagado. Según relata ese medio, la justicia considera que la empresa estaba "hipervalorada ficticiamente", y que su compra se hizo para el "desvío de dinero público madrileño" a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad". Entre esos países, señala claramente a Colombia. El diario revela que Edmundo Rodríguez Sobrino contrató a un testaferro de las estrellas de fútbol, "Ignasi Maestre, para hacer una ‘inversión inmobiliaria‘ en Colombia. Para llevar a cabo esta operación, Maestre diseñó una ‘estructura societaria internacional donde estarían integradas e interactuarían entre sí una sociedad panameña, una española y otra colombiana‘". Agrega que este no habría sido el único negocio en el país pues para 2011, un tercero llamado "Kamal Sitaldas Sadwhani Gopwani le informa a Edmundo Rodríguez Sobrino a través de correo electrónico ‘de gestiones practicadas en relación a varios negocios que parecen tener en común relacionados con una constructora en Bogotá‘".La empresa en Colombia también ha estado por años en entredicho. El pasado 17 de abril, Metroagua, filial española de Inassa, tuvo que devolver las redes de acueducto y alcantarillado. Los habitantes de Santa Marta habían hecho numerosas marchas por cuenta del mal servicio de la compañía que dejaba cada tanto a la ciudad sin agua. El exalcalde Carlos Caicedo había convertido la bandera de quitarle el manejo del agua a la empresa en una de sus principales causas políticas. Los españoles tenían ese contrato desde 1991, y aunque al principio la operación era favorable para los samarios, con el pasar de los años, la empresa terminó convertida en su principal dolor de cabeza. La ciudad apenas recibía el 2 por ciento de la facturación y el servicio era de muy mala calidad. Santa Marta tuvo que aventurarse en un pleito judicial para que le devolvieran las redes. El ex alcalde Caicedo acudió a una acción popular, pero la empresa intentó impedirlo frente al Consejo de Estado, que finalmente autorizó continuar el proceso. La ciudad ganó el pleito, pero la empresa reaccionó violentamente a esa decisión y anunció una demanda multimillonaria contra el Estado. Los españoles anunciaron que pedirían indemnización de perjuicios por las inversiones que habían hecho entre 2012 y 2016. Aunque la cifra nunca se concretó se especulaba que estaba alrededor de los 60 mil millones de pesos, es decir aproximadamente 20 millones de euros. De “picaros, bufones y carones…Ahora pretenden irse con los bolsillos llenos”, dijo en ese momento el actual alcalde, Rafael Martínez.Le recomendamos: España: los caminos que conducen al megaasalto en la CostaUna situación no menos grave se vive en Barranquilla. Allí Inassa también tenía el manejo del agua, a través de una sociedad con la Triple A. Por cuenta de multiples transacciones la ciudad pasó de tener una participación accionaria de 84 al 14 por ciento. Por cuenta de esto, el procurador Fernando Carrillo anunció que abrirá una investigación disciplinaria para esclarecer cuál fue el rol de los funcionarios públicos colombianos que permitieron que esto sucediera. Se sabe que en los próximos días el jefe del ministerio Público viajará a España para gestionar la cooperación judicial entre ambos países. En ese país, el proceso formal hasta ahora comienza. Hay quienes aseguran que cuando se levante la reserva del proceso, el sacudón en América Latina será monumental. Por eso, muchos comienzan ya a compararlo con Odebtrecht, el escándalo de la compañía brasileña que tiene hoy en jaque a numerosos gobiernos del continente. Aunque las cifras no son comparables, pues se calcula que Odebrecht entregó sobornos en 12 países por cerca de 800 millones de dólares, la metodología y los fines parecen similares. Es previsible que apenas comiencen a testificar los involucrados, se conocerán los nombres de quiénes participaron en Colombia, cuánto ganaron y en dónde está hoy el dinero que debía asegurar que los habitantes de la costa no sufrieran por el suministro de agua en uno de los países más ricos del mundo en ese preciado y hoy escaso recurso.