Hace poco más de una semana se publicó el Informe Final de la Comisión de la Verdad, en un evento histórico el pasado 28 de junio en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el centro de la ciudad de Bogotá.
La audiencia no se limitó al escenario del icónico teatro de la capital, por el contrario, miles de ciudadanos siguieron la transmisión desde distintas partes, interesados en conocer los hallazgos y recomendaciones que entregó en esa mañana el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.
Pasados algunos días desde el evento, que resintió las llagas de una sociedad herida, pero a su vez marcó un precedente en el camino hacia la paz –como lo defendieron otros–, ahora se siguen encontrando detalles reveladores en el documento final compartido por el organismo.
El informe se divide en 11 capítulos, en los que están contenidas las historias de los actores involucrados en el conflicto armado en Colombia. Un apartado en específico se enfoca en la población LGBTIQ+, una comunidad estigmatizada y que fue víctima de múltiples vejámenes durante décadas, en nombre de una supuesta “moral social”, como lo detallaron algunos de los protagonistas de estos eventos.
“Si bien es necesario reconocer el avance de las mujeres y la población LGTBIQ+ como sujetos de derecho, como sujetos políticos, y su rol en el conflicto armado como fuerza de resistencia y resiliencia, las cifras y la profundidad de sus experiencias dan razón incuestionable sobre la manera como ese proyecto patriarcal de la guerra actuó sobre sus cuerpos, su vida y sus hogares, de manera desproporcionada y violenta”, reza el comienzo de las conclusiones sobre esta comunidad referidas en el informe de hallazgos y recomendaciones.
Precisamente, el retrato de esa capacidad de resistencia que se señala en el informe quedó registrado en las entrevistas de algunos miembros de la población LGBTIQ+, no solo en aquellas que reposan escritas en las páginas del documento final, sino también las que fueron expuestas en los distintos escenarios que se abrieron desde la Comisión de la Verdad, como parte del enfoque de género.
Y es que, cabe aclarar, la entidad contaba con un área de trabajo específica en la que se buscó identificar el impacto de las acciones violentas en contra de las personas por su condición de género, lo cual incluye, entonces, los crímenes cometidos en contra de mujeres, niñas, lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.
A partir de estos esfuerzos por develar la violencia de la que fue víctima la comunidad LGBTIQ+, el organismo concluyó que en el marco del conflicto armado de Colombia persistió un “patrón de persecución en razón de su identidad de género y su orientación sexual”.
Entre las características que marcaron la violencia ejercida por los actores armados se pudo determinar que muchas de las acciones que se cometieron fueron con un propósito “correctivo”, procurando darles a las víctimas el respectivo castigo por su supuesto comportamiento ‘anormal’. “Cualquier persona que transgrediera los roles de género establecidos de manera prejuiciosa por la sociedad y la cultura, constituía una amenaza para ‘la moral social’”, precisó el informe.
Justo eso fue lo que ocurrió en el departamento de Sucre, según relata una de las historias recogidas por la Comisión de la Verdad, donde paramilitares forzaron a un grupo de hombres identificados como gais a pelear entre ellos, simulando un ring de boxeo, por motivo de su orientación sexual.
“Solo (por el) hecho de ser afeminados o de que eran maricas, y pues la sociedad lo vio como algo muy normal”, contó un profesor universitario, activista de la comunidad, en una entrevista recogida por el informe.
“Muchos testimonios narraron que la manera como los actores armados se congraciaban con las comunidades era a través de la llamada ‘limpieza social’”, detalló la institución, una estrategia que terminó por criminalizar a la población LGBTIQ+.
“Los ladrones, los consumidores y las personas LGBTIQ+ sufrieron múltiples violaciones en sus vidas y en su libertad de ser, gracias al odio instalado en esta cultura patriarcal, que en muchas ocasiones legitimó tales agresiones”, añadieron.
Inclusive, cuentan los testigos de estas acciones violentas, se llegaron a realizar prácticas a nombre de una supuesta cura para las orientaciones sexuales diferentes a las normativas. Así lo detalló un indígena emberá en entrevista con la Comisión de la Verdad, quien en su testimonio comentó cómo un comandante de la extinta guerrilla de las Farc-EP organizaba y lideraba reuniones para acabar con la supuesta enfermedad.
No solo eso, los miembros de la comunidad LGBTIQ+ también fueron deshumanizados para ser dispuestos a las órdenes de los actores armados. “En Tumaco, Nariño, hombres homosexuales fueron utilizados como mensajeros o para satisfacer deseos sexuales”, este es uno de los hechos que se pudieron conocer en el proceso de la Comisión de la Verdad.
“En un informe del Centro de Derechos Reproductivos se da cuenta de cómo mujeres trans o lesbianas fueron objeto de violencias correctivas. En particular, fueron abusadas, violentadas y, en muchos casos, obligadas a embarazos y maternidades forzadas como ‘una forma de disciplinamiento corporal’”, mencionó la entidad con relación a otro de los grupos que padecieron la violencia en razón de género ejercida en el marco del conflicto.
Tras presentar estas historias, la Comisión de la Verdad pone de manifiesto la existencia de una violencia que respondía a cuestiones más allá del mero encuentro entre grupos marginales, en la que la estigmatización en contra de una comunidad que no correspondía con las concepciones de ‘normalidad’ que tenían los actores del conflicto fue también un factor determinante para cometer tales vejámenes. Una práctica que llegó a extenderse fuera del campo de batalla.
“Será necesario, en todo caso, destituir esa cultura para construir la equidad y el respeto que se requieren para construir la vida querida por todos”, concluye el documento.