La Ley TIC tuvo su primer traspiés. Solo un oferente se presentó a la subasta de espectro electromagnético, uno de los pilares de la modernización del sector, que con tanto empeño la ministra Sylvia Constaín puso en marcha. Como Telefónica y TigoUne se abstuvieron y solo Claro llegó a la cita, no fue posible entregar las bandas de 700, 1.900 y 2.500 megahertz que, según los operadores, necesitan para mejorar su servicio, crecer y asegurar la conectividad de los colombianos. Pocas veces un gobierno ha diseñado una política tan en consonancia con los intereses de las empresas de telecomunicaciones. Y nadie puede negar el esfuerzo del Ministerio de las TIC por hacer atractiva la inversión privada. Adoptó el modelo de “maximización del beneficio social”, que consiste en que las ‘telcos’ que ganen la subasta pagarán en efectivo el 40 por ciento del costo de las licencias de uso del espectro, y el resto al conectar localidades de una lista de 5.300 que el Gobierno quiere incorporar a la era digital y que de ninguna otra manera tendrían cobertura de redes. Las licencias de espectro durarán 17 años (y no diez, como hasta ahora), para que a las empresas les resulte más interesante el retorno de la inversión. No obstante, de cinco compañías que mostraron interés originalmente, solo una dijo “sí” y la subasta quedó desierta.
Algo falló. TigoUne y Telefónica manifestaron sus reparos. El primero, la decisión de subastar sin revelar el precio base. Marcelo Cataldo, presidente de la primera, afirma que es imposible preparar casos de negocio viables y precisos para hacer propuestas sin conocer este dato. “Ninguna junta directiva va a aprobar una propuesta sin esa certeza”, dijo. Telefónica hizo el mismo reparo. La metodología de la subasta también recibió fuertes críticas. No faltó quien sugiriera que el diseño favorecería a Claro, dado el músculo financiero que le permitiría arriesgar más en sus propuestas, en un escenario de incertidumbres como la licitación secuencial. En realidad, con el diseño adoptado el ministerio busca estimular la puja para lograr las mejores ofertas posibles. La entidad reaccionó la semana pasada al programar de nuevo la subasta para el 20 de diciembre, e introdujo un par de cambios importantes: revelará el precio base el 25 de noviembre, cuando expida la resolución oficial. Y no subastará todo el espectro simultáneamente, sino que la cantidad de espectro será un factor de la puja. “Si el mercado no está preparado para absorber la cantidad de espectro disponible, entonces vamos a revelar el precio base, pero no vamos a sacar todo el espectro, sino que vamos a limitar el espectro de acuerdo con el número de proponentes que lleguen”, explicó la ministra Constaín. Los ajustes introducidos la semana pasada a los términos mejoraron la percepción de los inversionistas. Pero que participen dependerá del precio base que el Gobierno defina, el cual no debería diferir del promedio del mercado latinoamericano.
Las empresas de telecomunicaciones hoy tienen una situación muy diferente a la prosperidad que disfrutaron décadas atrás. Por cada dólar invertido en licencias de uso del espectro, tienen que invertir entre uno y cinco dólares adicionales en desplegar la infraestructura que dicho espectro necesita. Si las cuentas no les dan a los inversionistas privados, la conectividad que el Gobierno quiere podría frustrarse. Y con ella la tesis de que el sector privado puede hacerse cargo de cerrar la brecha digital, algo que muchos países. discuten. En el hipotético y extremo caso de que en diciembre de nuevo solo se presente un oferente, el Gobierno tendrá que declarar desierta por segunda vez la convocatoria. Eso sería fatal para la “ola de conectividad” que se ha propuesto la ministra Constaín. Ella, optimista, cree en las manifestaciones de interés que el sector ha mostrado y en la urgencia para el desarrollo económico y social de dar ese salto en la conectividad. El 20 de diciembre, el MinTIC se jugará su carta más importante de los últimos años.