La vida es sagrada. Con esta premisa, representantes de la oposición pidieron en el Capitolio acciones concretas para parar los asesinatos de líderes sociales. Antes de que empezara el debate de control político en la Cámara de Representantes, cientos de estudiantes se tomaron la plaza de Bolívar para exigir que paren los asesinatos y que haya educación de calidad.

Fueron muchos los interesados en asistir al debate en el Capitolio, tanto así que se dispuso el Salón Boyacá para que desde allí algunos de ellos pudieran seguirlo. Otros tantos se ubicaron en las barras del Salón Oval con carteles.

“Casi 500 líderes asesinados, que nos digan si eso no es un exterminio (…) Por qué desconocen las otras fuentes que desde el territorio están hablando de un verdadero exterminio de líderes y lideresas de derechos humanos”, aseguró la representante Ángela María Robledo, quien advirtió que no hay una política de prevención integral, y que previendo lo que se venía en el posconflicto no se han tomado las medidas necesarias desde el gobierno.En contexto: Crímenes de líderes sociales: piden respuestas al gobierno DuqueAdemás, Robledo advirtió que la Colombia Humana está amenazada. Para ella la negativa del Consejo Nacional Electoral de darles la personería jurídica  es una forma de exterminarlos. En sus cuentas han sido asesinados 12 líderes y hay 200 denuncias de amenazas a integrantes de la Colombia Humana, y solo 2 casos de imputación.“Las quejas de quienes nos escriben es porque muchas de las personas que piden un análisis de seguridad quedan por fuera del programa. Queda desbordado el programa individual, deben apostarle al colectivo”, dijo la parlamentaria, quien invitó al presidente a realizar un pacto por la vida: “Duque usted está hablando de un gran acuerdo, 8 millones de personas que pidieron proteger la vida. Es hora de reunirnos, como lo hizo para combatir la corrupción”.Para la representante María José Pizarro, con el asesinato de líderes sociales el país está perdiendo una generación entera. “Hace 30 años una generación de jóvenes fue cayendo y el país quedó huérfano, ahora está volviendo a ocurrir”, aseguró Pizarro, quien habló como parlamentaria e hija de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y candidato presidencial asesinado el 26 de abril de 1990. “Yo soy hija de un hombre que en circunstancias muy adversas fue asesinado a los 38 años. 30 años después su hija está acá hablándoles”.También participó en el debate el representante de la Farc Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, quien advirtió que "no se puede reeditar el genocidio de la Unión Patriótica", y que es increíble que haya resistencia para acordar que la política tiene que hacerse sin armas.Precisamente como líder de la Unión Patriótica subió al atril la senadora Aida Avella. “Estos ciudadanos no hubieran muerto si el Estado colombiano hubiera hecho lo suficiente para proteger su vida”, sentenció la parlamentaria, quien recordó los 20 años de asesinatos de la Unión Patriótica.“Lo que yo veo en este momento, porque sobreviví a un atentado con rockets en el que colaboraron sicarios y agentes del Estado. Hoy siento lo mismo que hace 25 años cuando nos asesinaban en todas las esquinas, he vuelto a revivir noches terribles, cuando nos llaman de cualquier departamento para decirnos que habían asesinado a un compañero”, aseguró Avella.Durante el debate de control político se habló sobre la sistematicidad en los asesinatos de líderes. Para los representantes no hay duda de ello. “Se cumplen los mismos métodos, la sistematicidad, cubren todo el territorio nacional excepto Vichada y Guainía. Para asesinar un líder hacen seguimientos, saben dónde vive, dónde estudian sus hijos, tienen todos los datos”, dijo Avella.Para el senador Iván Cepeda es claro que hay sistematicidad y que estos crímenes tienen una esencia política, y no como en su momento dijo el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas, que en algunos casos se trataba de líos de faldas.“Estos crímenes tienen una esencia política, que no nos metan los dedos a la boca. Quienes están masacrando a los miembros de la marcha patriótica son actores políticos. Son crímenes de lesa humanidad. Lo que queremos son hechos concretos”, afirmó Cepeda.La respuesta del GobiernoAl debate de control político estuvieron citados varios ministros y la Fiscalía, principalmente para rendir cuentas de lo que están haciendo para proteger la vida de los líderes amenazados. La primera en hablar fue la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien coincidió con que la primera dificultad radica en que las cifras de las entidades estatales y las organizaciones civiles no coinciden.Sin embargo, Gutiérrez aseguró que este es un tema prioritario para el gobierno Duque y que sí ha habido respuesta institucional. El plan de acción, que coordina el ministerio, consiste en coordinar y revisar lo existente para unificar normas, hacer una hoja de ruta para expedir la política pública y diseñar la plataforma tecnológica de inteligencia artificial donde estarán las alertas tempranas y los datos del estado. Pero resaltó como uno de los problemas que “no hay denuncias por parte de la población”.Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que comparte la idea de que la vida es sagrada y que le duelen todas las muertes, las de los líderes y también las de la fuerza pública. Durante su intervención, Botero se dedicó a contar el plan de seguridad del gobierno y las acciones dirigidas contra el crimen organizado y los grupos al margen de la ley. “Los autores de los crímenes son delincuentes, estas son las medidas de las ciudades y también de la zona rural, donde los matan”, explicó, después de que algunos ciudadanos que estaban en las barras y representantes reclamaran. “Esto es muy interesante, pero no es el objeto de este debate, queremos saber cómo va a proteger la vida de los líderes”, dijo Ángela María Robledo.Por parte de la Fiscalía, asistió como fiscal encargada María Paulina Riveros, quien aseguró que existe una estrategia para investigación de los asesinatos a defensoras y defensores de derechos humanos -diseñada junto con la CIDH- que ha dado resultados. Sus cuentas son estas: ONU ha reportado 196 homicidios, de estos el 50 por ciento tiene el índice de esclarecimiento de líderes de DDHH. Marcha Patriótica, ha reportado 221, de estos se ha esclarecido un 49 por ciento y la Defensoría del Pueblo ha reportado 332 asesinatos, de los cuales se ha esclarecido un 32 por ciento.Pero según Riveros lo que más les preocupa es que después de cruzar las bases de datos de de esas fuentes solo coinciden 161 nombres. Sin embargo, invitó a trascender la discusión de las cifras y enfocarse en proteger a los líderes. “No es posible que la muerte de un defensor se resuma a las cifras. Esto va más allá de las estadísticas”, dijo en el Capitolio.Una de las cifras más preocupantes que reveló la fiscal encargada es que la gran mayoría de los asesinatos -30 por ciento- son de miembros de las juntas de acción comunal, lo cual es “una verdadera tragedia, porque este es el lugar natural de la defensa de los derechos”. Y para terminar aseguró que se necesita “rodear a los defensores con la institucionalidad propia”, es decir que no asesinen a un líder que este en contra de la deforestación porque el Estado sea capaz de garantizar que no se deforeste, por ejemplo.