El posible reconocimiento de Gestores de Paz para jóvenes que fueron detenidos durante las protestas de 2021 sigue suscitando críticas e inquietudes en diferentes sectores del país.

Al término de un consejo de seguridad ,que se realizó con la presencia de varios funcionarios del gabinete presidencial, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dio a conocer nuevos detalles sobre la propuesta.

Prada, quien también se desempeña como portavoz del Gobierno Nacional, dejó en claro que se está estudiando y analizando la reglamentación del decreto que se habilitará para las correspondientes solicitudes de suspensión de capturas.

El ministro reiteró que la denominada figura de Gestores de Paz no significará una evasión a la justicia para quienes conforman la Primera Línea.

“No es una amnistía, no es un indulto, reitero que no es un perdón social. Quienes vayan a ser beneficiados de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes. Los procesos no se suspenden”, explicó Prada.

El jefe de la cartera del Interior anunció que se creó una comisión de alto nivel en la que participarán el ministro de Justicia, Néstor Osuna y el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Dicha comisión tendrán la función de recomendar y asesorar al presidente de la República.

En medio de sus declaraciones, Prada también aclaró que la figura de Gestores de Paz no solo cobija a los jóvenes, también habría oportunidades para otros sectores de la sociedad.

“Esta medida no sólo va para jóvenes capturados en medio de la protesta social sino en general para líderes sociales que el gobierno considere que pueden aportar para la consolidación del proceso de paz, a la paz en sus regiones, a la conflictividad social que está supremamente visible en los territorios. Hay líderes no solamente juveniles sino también campesinos, indígenas afrocolombianos, que pueden ayudarnos a pacificar la convivencia en los territorios”.

Agregó que tentativamente los policías presos durante el paro podrían pertenecer a esta propuesta. “Estamos en la disponibilidad de revisar casos de miembros de la fuerza pública de que nos puedan contribuir a superar esta conflictividad del territorio”.

Desde la oposición han dicho que demandarán ese decreto. El representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, aseguró que se trata de una decisión ilegal y por eso presentará un recurso contra la decisión presidencial.

Cadavid considera que se trata de una decisión que debe tomar un juez y no el mandatario. “No fue un Gobierno el que llevó a la cárcel a los miembros de la primera línea, fue un fiscal ante un juez de la República”, aseguró el representante a la Cámara uribista.

Además, dijo que la figura de los gestores de paz se ha utilizado en el país para beneficiar a miembros de grupos armados al marguen de la ley. “No personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales y tortura, entre otros, como están procesados los miembros de la primera línea”, reclamó Cadavid.

El senador por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar era uno de los que más había insistido en esta posibilidad desde hace varios meses. Desde el petrismo buscaron incluir unas facultades extraordinarias al mandatario, en una norma tramitada recientemente, para llevarlo a cabo. Sin embargo, ese artículo en el proyecto de paz total no prosperó.