La Corporación Regional para La Defensa de Los Derechos Humanos (Credhos) emitió una alerta por las amenazas que enfrentan los candidatos políticos del Magdalena Medio, cinco en Puerto Wilches, tres en Barrancabermeja y dos en Cantagallo.
Credhos atribuyó las amenazas a miembros del Clan del Golfo. “Frente a esto, reiteramos nuestra preocupación y llamado de atención a las autoridades a brindar las garantías para la participación democrática en el Magdalena Medio”, escribieron en un comunicado.
En Barrancabermeja, la candidata a la Alcaldía, Claudia Patricia Andrade, del Partido Cambio Renaciente, “ha sido víctima de múltiples delitos contra sus derechos políticos como amenazas, hostigamientos, ‘campañas negras’ y declaratorias de ser ‘objetivo militar’ por parte de las AGC”.
En Puerto Wilches, las amenazas van contra la candidata a la Alcaldía, Enith Villarreal Díaz, avalada por el Pacto Histórico. Según Credhos, la mujer ha sido víctima de agresiones y ataques con piedras por parte de desconocidos.
“Estos casos son tan solo una muestra del total de hechos que atentan contra la democracia en la región”, agregaron.
Amenazas contra la población civil
“Evidenciamos el continuo incremento de hechos violentos contra la población civil por parte de los actores armados que de manera sistemática y generalizada han logrado posicionarse y ejercer control territorial en amplias zonas rurales y cascos urbanos de la región del Magdalena Medio”, manifestaron los defensores de derechos humanos de Credhos.
Agregaron: “Es increíble, cómo, en una región con amplia presencia de las Fuerzas Militares y de Policía, el control social y territorial es ejercido amplia y suficientemente por actores armados”.
En esa zona del país hay presencia del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Estos grupos al margen de la ley han provocado el desplazamiento forzoso dentro de Barrancabermeja.
Las intimidaciones son atribuidas a los alias Leo, ‘El Mono’, ‘Bladimir’, ‘Stiven’, ‘El Gomelo’, ‘Ronaldo’ y ‘Jeison’, responsables de “amenazas de muerte con armas de fuego, atentados y desplazamientos forzados de las comunidades y familias de defensores y defensoras de los Derechos Humanos”.