El asesinato más reciente que se ha cometido este año contra líderes sociales, es el de Alfonso Pérez Mellizo. Era presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) en el corregimiento de Pan de Azúcar, municipio de El Patía en Cauca, y fue asesinado cuando salía de una reunión con otros líderes de la comunidad.Su nombre se coló en la lista negra y dispareja que llevan organizaciones, grupos de académicos, centros de pensamiento y medios de comunicación de los homicidios que se han cometido desde que arrancó la implementación del acuerdo de paz. Mientras en los territorios se siguen reportando amenazas y el debate nacional se enfrasca en la discusión si detrás de estos hechos hay o no sistematicidad, este miércoles la el alto comisionado de Derechos Humanos entregó su más reciente informe."Durante este año y hasta hoy 20 de diciembre, en el caso de defensores de derechos humanos y líderes un total de 105 homicidios, incluidos: 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además hay otros 11 casos más en proceso de verificación", informó el organismo internacional. La noticia vuelve a poner el dedo en la llaga sobre lo que viene ocurriendo en el territorio nacional. Al milimétrico registro que llevan las Naciones Unidas se suma la caracterización que se ha hecho de cada uno de los casos. Lo primero que hay que decir es que los homicidios han ocurrido en zonas en las que estaban las Farc, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común y organizada. En la gran mayoría de casos, los asesinatos se han cometido por ejercer labores de defensa de los derechos humanos como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad. Otro punto clave a tener en cuenta, es que el 59 por ciento de los asesinatos fueron perpetrados por sicarios."El asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia es muy grave, dado que afecta a la población más vulnerable del país. Estos asesinatos se cometen en lugares donde la presencia del Estado es limitada y las personas no tienen acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos. Las consecuencias del asesinato de un defensor o defensora de derechos humanos son más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del gobierno. Además la magnitud de las repercusiones en el tejido social y comunitario deben ser consideradas por las autoridades estatales en su conjunto", agrega el comunicado que además señala con preocupación la estigmatización, descalificación y hostigamiento que hay alrededor del tema.Este pronunciamiento se da en momentos en los que el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, insiste en que el 35% de los homicidios a líderes se han dado por asuntos personales. De hecho, a Noticias Uno, el jefe de la cartera dijo: “La inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas”. En entrevista con El Tiempo, Villegas aseguró que no estaba banalizando el tema, pero se mantuvo en la teoría de que no existe sistematicidad en los crímenes. En ese sentido, el organismo internacional hace un llamado para que los funcionarios públicos acaten la Directiva 002 de la Procuraduría del 14 de junio de 2017, que contiene las directrices para la protección y busca prevenir eventuales violaciones a los derechos humanos y sancionar a los servidores del Estado que pudiesen estar comprometidos en estos hechos.