Después analizar cada una de las pruebas presentadas en la audiencia que duró dos días, la jueza 49 de garantías de Bogotá le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Lilia Pardo Gaona, en el marco del segundo proceso que se le adelanta por su presunta participación en el ‘carrusel de contratos’ en Bogotá. La funcionaria judicial basó su determinación en el hecho de que Pardo Gaona podría obstruir el proceso penal, además debido a la gravedad del delito imputado representa un peligro para la comunidad. Ante esto, con el fin de garantizar su asistencia al juicio, se emitió una medida preventiva de su libertad mientras se adelanta el juicio ens su contra, esta vez por el delito de cohecho propio. La exfuncionaria será trasladada en las próximas horas a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Sin embargo, su defensa presentó recurso de reposición solicitando que se revise la decisión para que la medida de aseguramiento sea domiciliaria puesto que es madre cabeza de familia y tiene a su cuidado a su hija de 18 años. Situación que deberá ser resuelta la noche de este martes. “Se cumplen los requisitos, pues la pena supera cuatro años de prisión. Se hace necesario proteger a la comunidad y la no obstrucción a la justicia”, señaló la jueza en su extensa decisión. Igualmente aseguró que en el caso de la exdirectora del IDU, no es posible concederle detención domiciliaria puesto que no se cumplen los requisitos exigidos. En este punto aseguró que la hija de la exfuncionaria ya no es menor de edad, tiene quién la custodie y además no se acreditó la dependencia económica de la joven. La Fiscalía General le imputó el delito de cohecho propio a Pardo por su presunta responsabilidad en las irregularidades relacionadas con 12 contratos desarrollados en los años 2008 y 2009. Cuatro de ellos referentes a la reparación de la malla vial y ocho de valorización. Según el fiscal auxiliar delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jaime Zetien, la exdirectora del IDU, presuntamente recibió promesa remuneratoria de tipo económico por parte de contratistas para garantizar que se les entregaran las licitaciones. El monto estaría entre el 1 % y el 2% de los contratos. De acuerdo a lo dicho por la Fiscalía, Pardo, desde su cargo, no realizó la vigilancia y control que debía a la hora de otorgar los contratos. Por el contrario, habría permitido que la adjudicación se hiciera de manera fraudulenta, al alterar el pliego de condiciones que el IDU exigía a los proponentes. Estos hechos, según el ente investigador, vinculan también al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, al exsubdirector jurídico y técnico del IDU Inocencio Meléndez Julio y a los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, entre otros. Todos ellos ya están vinculados al proceso y Meléndez ya fue condenado a siete años de prisión después de firmar un preacuerdo con la Fiscalía. La exdirectora del IDU tiene otro proceso por el ‘carrusel de contratos’ que se encuentra en la etapa de juicio. En este caso se le imputaron los delitos de prevaricato por omisión, contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. Liliana Pardo ya había estado privada de la libertad, luego de que en marzo del 2011 la Fiscalía la vinculó a su primer proceso y su defensa demostró que era madre cabeza de familia. Dicha medida fue levantada en agosto de ese mismo año por vencimiento de términos. Desde entonces afronta su caso en libertad. Pardo fue capturada por la Fiscalía por orden de un juez, luego de que en cinco ocasiones se aplazó por su solicitud la audiencia de imputación.