Luego de que fracasara el intento de conciliación entre la Cancillería y la firma Thomas Greg, se dará inicio a un nuevo litigio en el que el Estado colombiano se enfrenta a una millonaria demanda por el lío que se armó en torno al contrato para la expedición de pasaportes.
Todo comenzó cuando la Cancillería declaró desierta la licitación para la entrega del millonario contrato para la expedición de los pasaportes, argumentando que no adjudicaría el contrato al único oferente, Thomas Greg, teniendo en cuenta que esta firma lleva 20 años realizando esta tarea.
Por su parte, Thomas Greg se declaró afectada con esta decisión y anunció que demandará al estado por daño económico y daño reputacional. Sus pretensiones hacienden a los 117 mil millones de pesos.
El apoderado de la Cancillería, Ernesto Matallana, dice que defenderán en los estrados judiciales, y que demostrarán que el acto por el cual se declaró desierta la licitación estuvo enmarcado en la legalidad.
“Toca defender al Estado y toca defender la decisión. Jurídicamente hay un acto administrativo que es la declaratoria desierta, en derecho administrativo eso tiene lo que se llama el principio de legalidad y ese principio de legalidad hay que sustentarlo y hay que decir si ese acto es motivado, ahí hay unas motivaciones en la declaratoria desierta o decir, no, eso no fue un acto que fue arbitrario, antes de tomar la decisión de declarar desierta la licitación hay unas pautas y unos lineamientos, o sea, no es un acto inmotivado, ni es un acto discrecional, arbitrario”, dijo el abogado de la Cancillería.
¿Qué sigue ahora?
Thomas Greg & Sons afirma que fue gravemente afectada por la decisión del Gobierno de no adjudicar el contrato en el proceso licitatorio y ahora acudirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para demandar al Estado, Para esto tiene hasta cuatro meses de plazo.
“Lastimosamente no hubo un acuerdo, esta es la tercera sesión de la audiencia de conciliación y se está en este momento en la elaboración del acta de conciliación que va a contener todos los pronunciamientos de los apoderados de las partes intervinientes. Se expide la certificación, no solamente es el acta de conciliación, sino también la certificación correspondiente, certificación que va con destino al apoderado, a la parte convocante de Thomas Gregg, a través de esa certificación él tomará la decisión de acudir o no a la jurisdicción cuando se usa administrativa para iniciar el medio de control que considere que debe proceder”, explicó Fernanda García, procuradora judicial.
Este será un litigio que podría durar años, en caso de que el Estado colombiano sea vencido, la Cancillería, con dineros públicos, deberá pagar la millonaria indemnización en los términos en los que un juez lo determine.
Respecto de la expedición de pasaportes no habrá ningún inconveniente pues luego de que el proceso licitatorio fracasara y, debido a que el 2 de octubre del 2023 se vencía el contrato que estaba vigente con la firma Thomas Greg, el pasado 14 de septiembre el canciller Álvaro Leyva tomó la decisión de declarar la urgencia manifiesta para poder darle una solución a ese proceso y adjudicar el contrato directamente por el término de un año. Luego, el 19 de septiembre, el Gobierno anunció que se llevará a cabo un nuevo proceso licitatorio.