El debate por el uso de glifosato para fumigar los cultivos ilícitos sigue abierto. La Corte Constitucional debe determinar si el gobierno supera los seis condicionamientos que le impuso para asperjar con el herbicida, mientras el propio Ejecutivo dice estar listo para volver a las fumigaciones a partir del segundo semestre de 2019. La controversia sobre las consecuencias del uso del glifosato no se detiene pero el debate podría darse por cerrado en el Congreso colombiano. Puede leer: Gobierno listo para fumigación aérea, ¿qué dirá la corte? Dos de los senadores que hacen parte de la alianza multipartidista para cambiar la política contra las drogas, y que el mes pasado se declararon a favor de regular el consumo recreativo de psicoactivos, tienen listo un proyecto de ley para prohibir el uso de glifosato en el país. Se trata de los senadores Guillermo García Realpe (Partido Liberal) y Antonio Sanguino (Alianza Verde) quienes radicarán la iniciativa el próximo 20 de julio, con el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones legislativas. En contexto: Corte Constitucional: ¿revivirá las aspersiones aéreas con glifosato? El objeto del proyecto, según ambos senadores, es “preservar la vida, la salud y el ambiente de todos los habitantes del territorio nacional frente a los riesgos que representa la exposición al glifosato y sus diferentes derivados para la salud pública, colectiva e individual en cualquiera de sus modalidades y presentaciones”. El proyecto pretende prohibir el uso del glifosato o cualquiera de sus derivados en la implementación de la Política Antidrogas sin importar si es mediante la modalidad de aspersión aérea o aspersión terrestre. Le sugerimos: Con el regreso de la aspersión aérea también podría volver el glifosato La iniciativa le ordena al Estado colombiano garantizar, a través de un proceso de transición que no podrá superar los 10 años, la sustitución total de plaguicidas que estén catalogados en la lista de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. En ese periodo de transición, según el proyecto, se deberá disponer en los empaques de todos los productos una etiqueta que indique que es “probablemente cancerígeno para los seres humanos según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC)”, con el objetivo de informar de manera clara y suficiente a todos los usuarios que hacen uso del glifosato o cualquiera de sus derivados para la agricultura. Puede leer: Revive el debate: glifosato, ¿un veneno necesario? El proyecto establece que las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) y las entidades promotoras de salud (EPS), a las que se encuentren afiliados los trabajadores expuestos, incluirá los exámenes medicolegales. La iniciativa, que está siendo socializada entre las diferentes bancadas, cuenta con ascendencia en el partido de la U, el partido Liberal y desde ya es respaldada por la Alianza Verde. Tendrá un bloque opositor entre las bancadas de gobierno pues el ejecutivo considera las fumigaciones con glifosato como parte fundamental de su política contra los cultivos ilícitos. Para que este proyecto se convierta en ley y se ponga fin al uso de glifosato en el país debe superar cuatro debates en el Congreso.