Una fuerte advertencia hizo la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, a la JEP sobre la situación que viven en la actualidad las víctimas reconocidas en el macrocaso 11 de violencia sexual y de género de la extinta guerrilla de las Farc. El llamado se dio tras un auto que podría afectar seriamente la protección de esas personas.
El requerimiento del ente de control se dio después de evidenciar que la Jurisdicción Especial para la Paz definió en autos de participación que la entidad de las víctimas debía ser compartida con los comparecientes llamados a dar cuenta del hecho victimizante contra los responsables directos o por mando.
“Consideramos nosotros, desde la Procuraduría, que es una decisión judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz de identificar las víctimas, que sea revelada a las personas acusadas, a los comparecientes y a sus abogados, en casos donde se les está atribuyendo a ellos responsabilidad directa o por mando en hechos victimizantes”, dijo Margarita Cabello.
Así mismo, agregó: “Es un planteamiento que genera alertas, sobre todo por la seguridad de las víctimas, porque podría afectar la protección de las víctimas y su seguridad, especialmente en casos tan sensibles como es el del conflicto armado. Poder entregarles la identidad a los comparecientes y a los propios victimarios es muy peligroso, y por eso estamos solicitando a la JEP que tenga cuidado con entregar esas identidades a los comparecientes”.
Desde septiembre de 2023, la JEP abrió el macrocaso 11 para revisar temas relacionados con violencia sexual, reproductiva y crímenes cometidos por parte de todos los actores armados. Los hechos que se investigarán se registraron entre los años de 1957 y 2016 y, hasta el momento, registra 35.178 víctimas y cobija a integrantes de la guerrilla de las Farc, así como agentes de la fuerza pública.
La JEP precisó que “el análisis de este universo provisional de hechos también permitió establecer que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 %), seguido por las extintas Farc-EP (5,82 %) y agentes del Estado (3,34 %). En el 30 % de los registros no se identifica el presunto actor armado responsable”.
Se espera que en los próximos días la JEP responda a la solicitud de la Procuraduría sobre el futuro de ese auto que permitiría que las víctimas de violencia sexual sean identificadas por sus victimarios.