El presidente Iván Duque ha expedido decenas de decretos en los últimos cuatro meses para contener la tragedia social y económica que deja la pandemia. Pero a medida que pasan los días se hace más evidente la necesidad de pensar en nuevas soluciones por el impacto en los colombianos más vulnerables, afectados por el desempleo y el desplome en sus ingresos. En ese contexto, 54 congresistas propusieron una renta básica equivalente a un salario mínimo (887.802 pesos) para nueve millones de hogares durante tres meses.
Como ocurre pocas veces, ese proyecto de ley tiene el respaldo de 54 congresistas pertenecientes a nueve partidos políticos de todas las ideologías. Que un grupo tan variopinto sume fuerzas ha llamado la atención. La propuesta surge cuando otros países acaban de aprobar iniciativas similares. En España, el Congreso le dio vía libre esta semana, y de manera unánime, a un ingreso mínimo vital, dirigido a 850.000 familias. En el caso colombiano, la propuesta busca modificar el programa de Ingreso Solidario, creado por Duque en abril, para transferir recursos a las personas no registradas en los programas Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. En medio de la emergencia sanitaria, 2.338.955 hogares pobres han resultado beneficiados hasta ahora de esta medida, que consiste en tres giros de 160.000 pesos para cada familia.
Debido a la informalidad en la que trabajan millones de colombianos, el Gobierno debe avanzar en su formalización para tener datos precisos y focalizar mejor los auxilios. La renta básica que proponen llegaría con más recursos y a más población, pues calculan que favorecería a unos 30 millones de personas, es decir, a más del 60 por ciento de la población. Además, la medida sustituiría las transferencias que han venido girando los programas de atención del Gobierno. Apoyan el proyecto los partidos Alianza Verde, La U, el Polo, el Partido Liberal, Farc, Colombia Humana, Cambio Radical, Mais y la coalición Decentes-Unión Patriótica. El proyecto especifica que de los nueve millones de hogares beneficiarios, 6,8 son pobres y los restantes 2,2 corresponden a trabajadores que tienen micronegocios con enormes dificultades para reactivarse en la coyuntura.
La iniciativa quedó radicada en la Comisión Tercera del Senado, pero debido a que en una semana terminan las sesiones ordinarias sus promotores le piden al Gobierno incluirla en la agenda de sesiones extras –y con sentido de urgencia– para evitar que termine hundida o que su discusión se vaya para la próxima legislatura. Como otra opción, el Gobierno podría adoptar la renta básica por decreto En una carta enviada esta semana al presidente Duque, los 54 congresistas señalaron que el programa costaría 20 billones de pesos, es decir el 2 por ciento del PIB. “Es urgente que el Gobierno actúe con diligencia y eficacia para detener los efectos adversos que ya estamos viviendo, pero que irán empeorando con el paso del tiempo, deteriorando la estructura fundamental de nuestra sociedad y economía”, señala la comunicación. Entre los senadores y representantes que promueven la renta básica están Iván Marulanda, Roy Barreras, Jorge Enrique Robledo, Rodrigo Lara, Angélica Lozano, Horacio José Serpa, José Daniel López, Juanita Goebertus, Gustavo Bolívar, Mauricio Toro, Victoria Sandino, Lidio García, María José Pizarro y Feliciano Valencia. Originalmente la propuso el reconocido economista Luis Jorge Garay Salamanca, quien la planteó hace dos meses durante un debate virtual en la Comisión Primera del Senado.
Garay, con un doctorado en Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, escribió un artículo junto con Jorge Enrique Espitia, profesor del Centro de Pensamiento de Política Fiscal, de la Universidad Nacional. En el texto, a propósito de los efectos económicos de la pandemia, señalaron que “una renta mínima básica temporal para la población vulnerable sería una política pública no solo conveniente, sino necesaria en el marco de un Estado de bienestar como lo establece la Carta de 1991, además de ser no tan onerosa en términos fiscales y beneficiosa económica y socialmente”.
Los senadores Roy Barreras e Iván Marulanda forman parte de los 54 congresistas que promueven el proyecto de ley que crea la renta básica por tres meses. La financiación, según los congresistas, provendría de un préstamo directo del Banco de la República al Gobierno y con créditos en la banca internacional. Inicialmente, la Casa de Nariño no le cerró las puertas a la propuesta. “Me parece importantísimo, como discusión de país, el futuro de nuestra política social. Llevamos 20 años o más teniendo un conocimiento de la pobreza y de cuáles son las mejores medidas para hacerlo, un siguiente paso podría ser la renta básica”, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Pero la realidad fiscal del país es apremiante: por cuenta de la pandemia, el presupuesto de 2020 aumentó de 271 billones a 300 billones de pesos y el recaudo de impuestos ya cayó 24 billones. “Los recursos no nos alcanzarían, hay que ser muy claro, y no estarían bien focalizados. Los programas del presidente se han centrado en las personas que más lo necesitan y a eso es lo que debemos llegar”, dijo el viceministro técnico de Hacienda, Juan Alberto Londoño. En la discusión, el senador Iván Marulanda ha dicho que la renta básica es importante para que “la sociedad viva con dignidad”. Roy Barreras, por su parte, asegura que es necesaria “porque esa inyección de recursos va a estimular el consumo interno, algo esencial para jalonar la reactivación de la economía”. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, considera válido discutirla y que el Gobierno, en el corto plazo, podría ampliar los montos y la cobertura de los hogares que reciben las ayudas en la pandemia. En el mediano y largo plazo, agrega, se puede sustituir el paquete de ayudas vigente por una renta básica universal. “Hay que analizar todos los programas sociales del Estado y ver cuáles funcionan. También avanzar más en la formalización laboral para poder obtener la mejor información económica de los hogares”, dice Mejía. Las cifras indican que el 60 por ciento de los empleos en el país son informales.
Mauricio Santamaría, director de Anif, señala que ve con buenos ojos la renta básica y que de hecho la propusieron como una alternativa al comienzo de la emergencia. A su juicio, dichas transferencias ayudan a reducir la desigualdad, son una buena manera de hacer política social y pueden agrupar las ayudas del Estado en una sola. Pero al igual que Mejía, afirma que primero hay que formalizar la economía y tener datos precisos para focalizar el auxilio. Lo más probable es que el Congreso no apruebe la renta básica en las próximas semanas por el estrecho margen fiscal de la nación en estos momentos. Pero en el futuro el país tendrá que debatir este tema a fondo y considerar este mecanismo en su lucha contra la pobreza.