El pasado 23 de marzo, la Secretaría del Senado de la República anunció la radicación de un proyecto de ley que llamó la atención de más de uno. La senadora Milla Romero, del Centro Democrático, es la autora de una iniciativa legislativa que pretende hacer que el respeto, la responsabilidad y el amor sean la base fundamental de las familias colombianas.

El proyecto de ley, que para muchos es abstracto y complejo de hacer valer en caso de que logre ser aprobado, va en la misma línea de varias de las iniciativas de la senadora.

“Hoy radicamos el proyecto de ley #EducaciónConValores, con el cual se adopta el respeto, la responsabilidad y el amor como base fundamental de la convivencia familiar y de la sociedad”, explicó.

Para justificarlo, habló sobre las divisiones de la sociedad actual, dentro y fuera de la familia: “Cada día estamos más divididos, más polarizados, madres contra sus hijos en el vientre, hijos contra sus padres, trabajadores contra empresarios, ciudadanos contra la fuerza pública. Colombia necesita hablar de unidad y de amor”.

Entre lo planteado en el proyecto de ley se destaca la distribución de obligaciones entre los miembros de la familia. Los miembros deben cumplirlas y también verificar que los demás las cumplan.

También habla de la prevalencia de los derechos de los niños sobre los demás, lo cual ya se encuentra previsto en la ley colombiana. De esta forma, los demás miembros de la familia tienen el deber de denunciar cualquier hecho y conducta delictiva contra la infancia. Las autoridades deberán dar prelación a trámites relacionados con estos hechos.

Se tiene en cuenta la terapia familiar, ordenando al Gobierno promocionar y reglamentar lo pertinente a esta medida.

La educación en valores, sin más explicación sobre cómo sería aplicada, sería un imperativo en las familias. Además, también se “promoverá” la importancia de la educación básica y secundaria.

“Será de obligatorio cumplimiento promover e incentivar la educación prescolar, básica primaria y secundaria a los menores de edad miembros de la familia y del hogar. En todo caso los padres serán responsables de evitar que los menores de edad ejerzan actividades laborales informales o trabajos forzosos”, dice el texto del proyecto de ley.

Entre otras cosas, tiene en cuenta la concientización de las consecuencias de la violencia, educación y protección sexual, respeto por la mujer y que el Gobierno logre crear una oferta institucional para solventar las necesidades que dispone el proyecto.

Las críticas se centraron en que la aplicación, basada en interferir en los sentimientos y acciones de los colombianos en el ámbito privado, es imposible. Otros argumentaron que el proyecto de ley no responde a una lectura de las necesidades de la ciudadanía.

Por otro lado, en redes sociales sacaron a relucir el sueldo que la senadora gana por radicar este tipo de iniciativas.

Por ejemplo, Catherine Juvinao, representante a la Cámara electa por Bogotá, criticó que fuera sostenido con recursos públicos. “En nuestra última investigación al Congreso evidenciamos cómo una parte del trámite legislativo se emplea en este tipo de ridiculeces. No hay derecho a que esto se sostenga con los impuestos de los colombianos”, publicó en redes sociales.

La senadora del Centro Democrático, quien no fue reelegida en las pasadas elecciones, se identifica con su lucha por los valores conservadores de la familia. Se considera provida y no solo en el rechazo al aborto. Presentó el proyecto “derecho a nacer”, el cual pretendía acabar con el derecho al aborto en el país.

También propuso derogar la Jurisdicción Especial para la Paz, agravar delitos contra la Fuerza Pública, cuota de sostenimiento por divorcio y parto digno.