Una oleada de rechazo y denuncias se han generado en las últimas horas frente al secuestro de cien militares de la Fuerza de Tarea Omega, cuando venían adelantando una operación de patrullaje contra las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, el mismo que busca un diálogo de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.
La última denuncia, que se radicó en el despacho de la propia fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la radicó el exsecretario de Seguridad de Cali, el coronel (r) Carlos Javier Soler, quien explicó que en el caso de los soldados hay múltiples delitos.
En su cuenta de X, el oficial en retiro explicó: “En mi concepto es una conducta que atenta contra varios bienes jurídicos protegidos por nuestro ordenamiento jurídico: secuestro, intimidación, amenazas, tortura psicológica, constreñimiento, concierto para delinquir agravado por agotarse en funcionario público en cumplimiento de funciones de seguridad nacional”.
El coronel (r) Soler también detalló que “estas conductas tienden a volverse sistemáticas y repetitivas, buscando impedir la fuerza pública cumpla sus funciones constitucionales, lesionando la seguridad Nacional y la integridad del territorio”.
En su denuncia también le solicitó a la fiscal general de la Nación que disponga de un grupo de investigadores especiales contra el terrorismo que permitan avanzar con prontitud en el proceso.
“Solicitaré a la señora fiscal general que designe una agencia especial que acompañe este proceso dada la importancia para la seguridad nacional y la función que cumple la fuerza pública, así como la seguridad física y estatal que se les debe brindar a los miembros de la misma”, dice la denuncia que radicó el coronel retirado.
Por su parte, el Ejército Nacional también denunció el caso ante la Fiscalía por el delito de secuestro simple, que involucra a un número de integrantes de la ‘guardia campesina’ de la vereda Chuapa y Boca de Caño Cafra, quienes retuvieron a los soldados por casi cuatro días.
El general Raúl Vargas, comandante Comando Conjunto Nº.3, explicó que “estas tropas que realizan operaciones de estabilidad en la región están evitando que se presenten confrontaciones armadas entre estructuras que obedecen a alias Calarcá y estructuras que obedecen a alias Iván Mordisco, quienes en el momento se encuentran en rivalidad”.
La Fiscalía también anunció que investigará el secuestro de los uniformados para tratar de establecer la responsabilidad de la ‘guardia campesina’. De hecho, uno de los integrantes de ese movimiento, indicó la liberación de los militares estaba condicionada con el retiro de la fuerza pública de la región.
Lo cierto es que en esa zona de San José del Guaviare se estaría desarrollando un cruento enfrentamiento armado entre las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco y la facción que se separó de sus intereses criminales, y que ahora lidera alias Calarcá.
Fuentes de la Fiscalía advirtieron que una vez se conocieron las denuncias de parte del Ejército, respecto del secuestro de los 66 militares, se abrió de manera inmediata una investigación para determinar los hechos de modo, tiempo y lugar, y establecer la responsabilidad de la llamada guardia indígena que se tomó la atribución de secuestrar a los militares.