En cada temporada de lluvias, en cada fenómeno de La Niña, Colombia asiste a la misma tragedia: miles de colombianos afectados por deslizamientos y desbordamientos de quebradas y ríos. Y la pregunta que siempre queda en el aire es: ¿por qué se repite la historia? ¿Adónde van a parar los millones de pesos que se invierten en prevenir los riesgos? Justo esta semana, cuando se veía con atención el paso del huracán Iota por San Andrés y Providencia, la tragedia golpeaba a departamentos como Antioquia y Chocó.
Solo en Antioquia se registraron en los últimos diez días 157 eventos de riesgo o de desastre; de estos, 19 han sido vendavales; 71, movimientos en masa; 56, inundaciones; 9, avenidas torrenciales, y 2, crecientes súbitas. El balance es atemorizante para las familias que viven cerca de laderas o quebradas, pues se han reportado 1.080 viviendas afectadas, 78 destruidas y 108 semidestruidas; 878 familias afectadas, 7 familias damnificadas, 27 heridos, 3 desaparecidos y 7 fallecidos. De estos, 5 en Dabeiba debido a la avenida torrencial del pasado fin de semana, una en Yarumal por deslizamiento y otra en Mutatá por creciente súbita.
Justo en Dabeiba la tragedia ha conmovido al pueblo. Manuel Zapata, que la noche del 14 de noviembre no estaba en su casa cuando la montaña rugió como una bestia dormida y se vino arrasando todo a su paso, perdió a toda su familia. Aseguró que vivió el peor momento de su vida cuando se enteró de que su sobrina no había alcanzado a escapar; su cuerpo fue encontrado en la mañana del lunes por un grupo de rescatistas. Sin embargo, Zapata tiene otros familiares debajo de toneladas de tierra: los tres hijos de su sobrina, de 8 meses y 5 y 9 años. “No hemos dejado de buscar, van a destapar un paso restringido. La búsqueda por la fuerza pública termina hoy (viernes), pero si es posible seguiremos buscando nosotros mismos”, le dijo Zapata a SEMANA.
Para atender de manera distinta este tipo de episodios y centrarse en la prevención, la Gobernación de Antioquia cambió el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard) por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), lo que permitirá no solo atender los siniestros sino prevenirlos. De acuerdo con el director de la entidad, Jaime Enrique Gómez Zapata, el primer propósito que tienen es que “cada antioqueño conozca su territorio para evitar, por ejemplo, que se ubiquen en un sector inestable. El segundo es la reducción, con esto se pueden implementar obras de mitigación para que se disminuya el riesgo de desastres, por ejemplo, con muros de contención, puentes, etcétera. Y, finalmente, tenemos el manejo de desastres, que acapara el apoyo subsidiario a los municipios de presentarse alguna emergencia y la posterior recuperación”.
Por otro lado, en el municipio de Vigía del Fuerte, a orillas del río Atrato, una creciente dejó 3.500 personas afectadas y pérdidas en zonas que no se han podido cultivar. Por las calles principales del pueblo el agua subió hasta un metro de altura, inundando restaurantes, tiendas y pequeños hoteles, sin contar con que el río se llevó por delante 15 viviendas. Se calcula que en este departamento los damnificados llegan a 34.800 personas, representadas en más de 8.100 familias de 17 municipios.
El gobernador del Chocó, Ariel Palacios, dijo: “La situación no mejora, porque este fenómeno hasta ahora está comenzando. Vamos a seguir con afectaciones en otros municipios, por lo cual esta cifra de más de 34.800 damnificados se va a ir incrementando a medida que vaya avanzando este fenómeno climático. Estamos atendiendo con las autoridades de socorro a los habitantes que se han visto afectados por esta situación”.
El desastre por el invierno también es visitante habitual de Cartagena. Cada temporada anual de lluvias deja a su paso nuevos damnificados; esta vez la cifra llegó a 155.000, según datos de la misma alcaldía.
Los efectos del coletazo del huracán Iota produjeron deslizamientos en los barrios cercanos al cerro de La Popa, Albornoz y Loma de Marión. Avenidas principales, como Blas De Lezo, se convirtieron en caudalosos arroyos. El centro histórico y Bocagrande, dos de las principales zonas turísticas, también se inundaron. El alcalde William Dau declaró calamidad pública después de hacer un recorrido en el que comprobó que el 70 por ciento de la ciudad había resultado con afectaciones.
El balance negativo de estas nuevas lluvias dejó 34 barrios inundados en la capital de Bolívar, daños en 54 sedes educativas, más de 350 casas con afectaciones estructurales y 533 personas que tuvieron que ser atendidas en los albergues temporales dispuestos en el Coliseo de Combates y el Coliseo Rocky Valdez.
El Gobierno nacional se comprometió a girar, en breve, 500.000 millones de pesos para apoyar las distintas acciones que se necesitan en Cartagena y el resto del departamento de Bolívar. No obstante, para los expertos en gestión del riesgo y emergencias, todos los esfuerzos económicos y sociales serán simples pañitos de agua tibia hasta que no se solucionen tres problemas de fondo: el sistema de alcantarillado y canales pluviales; la reubicación de miles de viviendas que están en lugares de alto riesgo, muchas en el borde de la ciénaga de la Virgen; y el proyecto de protección costera, que busca mitigar la erosión sufrida en importantes zonas de la ciudad.
Mientras tanto, en Bogotá se registró el desbordamiento de una quebrada en la localidad de Usme, al sur de la ciudad, afectando algunas viviendas y diversos cultivos; mientras que en el otro extremo, derrumbes de piedra bloquearon la Perimetral del Oriente, que comunica a la capital con el municipio de La Calera y Sopó, al norte de la ciudad. La vía quedó interrumpida casi dos días y solo hasta el viernes tuvo apertura parcial.
El panorama es desolador, y más si se cuenta con que ahora se sabe que los huracanes pueden tocar el Caribe colombiano, una situación inédita hasta hace muy poco. Se calcula que la temporada de lluvias, con algunas treguas, puede extenderse hasta febrero. Justo el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) recomendó para los próximos días tomar “medidas preventivas en zonas de ladera ante la posibilidad de crecientes súbitas y/o deslizamientos de tierra, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Arauca, Casanare y Meta”.
¿Qué hacer entonces? Uno de los problemas que señalan los expertos es que la mayoría de los municipios colombianos tienen Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de primera generación, con más de 20 años de retraso, que no han sido actualizados con estudios de vulnerabilidad y riesgo; por tanto, los entes de control no pueden determinar los lugares donde hay más riesgo de que ocurra una tragedia.
Quizá ahora la mejor ayuda que podrían recibir los municipios más afectados es una inyección de capital para actualizar los Planes de Ordenamiento Territorial y, de esta manera, reubicar y evitar las construcciones que están en alto riesgo, para que no sea cuestión de tiempo que se repita la misma triste historia.