Uno de los proyectos del Gobierno más publicitados, por su importancia, y más polémicos, por los intereses que toca, es el de reforma al manejo de las regalías. Con este proyecto, el Ejecutivo busca que los recursos que van a parar a las entidades territoriales, por la explotación de recursos en esos lugares, sean administrados por un sistema centralizado y no por los gobiernos locales. El proyecto implica una reforma a dos artículos de la Constitución de 1991, que fue diseñada con un espíritu descentralizador para que las entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías) tuvieran una mayor autonomía. El argumento del Gobierno para la defensa del proyecto es que hay que hacer una mejor distribución de los recursos, pues las entidades territoriales en donde no hay abundancia de recursos explotables no se benefician de las regalías. Sin embargo, varios gobernadores, como el de Santander, Horacio Serpa, y varios congresistas argumentan que las regalías son “una compensación” por el impacto que tiene la extracción de los recursos en las regiones, y no un premio. Para el senador Robledo, el proyecto es “una puñalada a la descentralización, un proyecto nacional que se disfraza de regional”. En su criterio, la iniciativa pretende darle un mayor poder al Ejecutivo para la administración de recursos, que debería estar en manos de las entidades territoriales. Como contraparte, el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, ha argumentado que en el 35 por ciento de los municipios beneficiados con las regalías se han presentado irregularidades. De hecho, durante la campaña por la Presidencia, Juan Manuel Santos dijo que el manejo de las regalías se ha prestado para la corrupción y que eso se debía corregir. El proyecto ya pasó su primer debate en la Comisión Primera de Senado. Ahora, la plenaria de Senado deberá estudiarlo y después pasará a la Cámara, así hasta que cumpla los ocho debates reglamentarios. Descargueaquí la ponencia del gobierno para el segundo debate.Según lo advierten los propios representantes, en la Cámara será mucho más difícil su aprobación, pues ya hay sectores comprometidos con la defensa a la regulación vigente. ¿Quién puede regular las regalías? La Constitución vigente dice que la Ley regulará las condiciones de la explotación de los recursos y “el derecho de las entidades territoriales sobre los mismos”. El proyecto del Gobierno dice que la regulación se hará “por iniciativa del Gobierno”. Es decir, el Ejecutivo sería el único que podría proponer un proyecto de Ley para cambiar las reglas de juego en el manejo de las regalías. Algo semejante ocurre con el presupuesto de la Nación que, aunque el Congreso es el que lo discute, la iniciativa sale del Gobierno. La iniciativa, para la bancada del Polo, es “retardataria”, pues le quita las funciones al Congreso (donde están representadas las regiones) de proponer cómo se deben distribuir esos recursos. ¿Qué deberá definir el Gobierno? Además de las condiciones para la explotación, el proyecto dicta disposiciones para la creación de una nueva ley que defina cómo será la distribución de las regalías, las compensaciones para las regiones, la administración, la ejecución, el control, el uso eficiente y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. ¿Para qué son las regalías? Según la Constitución vigente, los recursos de regalías “que no son” asignados a los municipios y departamentos, pasan a un Fondo Nacional, que a su vez se invierten en las entidades territoriales en actividades de promoción de la minería, preservación del medio ambiente y financiación de los planes de desarrollo locales. El proyecto del Gobierno elimina ese fondo y la destinación de esos recursos, para dar a paso a la creación de un nuevo Sistema General de Regalías, conformado por los ingresos (totales por concepto de las regalías) y las compensaciones. Actualmente, el monto de los recursos de ese fondo equivale a 4,3 billones de pesos. Esos recursos se destinarán a: desarrollo económico, social, de infraestructura, y con preferencia de preservación ambiental; inversiones en ciencia, tecnología e innovación; el ahorro pensional territorial, y para la generación de ahorro público. ¿Quiénes se beneficiarán? Según la ponencia propuesta para el segundo debate, los beneficiarios serán cuatro fondos: de ahorro y estabilización, de inversión regional, de ahorro pensional territorial y de ciencia y tecnología. El 10 por ciento de los recursos del sistema se destinará al Fondo de ahorro pensional. Y otro 10 por ciento será para financiar proyectos de ciencia y tecnología. El resto será para el Fondo de Ahorro y Estabilización y para el Fondo de Inversión Regional. ¿Y las entidades territoriales? Entre los beneficiarios también están los municipios y distritos en los que se explotan los recursos no renovables y existan puertos marítimos y fluviales donde se transportan. El articulado propuesto para el segundo debate hace especial referencia a los “municipios ribereños y en los que nace el Río Grande de la Magdalena”, esa mención no la tiene la Constitución actual. La pregunta que surge es por qué el tratamiento de esos municipios es especial y no es así para los municipios de otros ríos también importantes. Los recursos asignados a estas entidades serán definidos por el Fondo de Integración Regional, según lo establezca la ley que desarrollará la reforma. ¿Por qué un fondo para pensiones? La razón por la cual se incluye un fondo de pensiones, según el analista constitucional, director de DerechoJusto.org, Juan Carlos Lancheros, es “porque el sistema de pensiones para funcionarios está en quiebra. El Gobierno prevé que de estos recursos podría echar mano para atender ese problema”. ¿Quién administra el Fondo de Ahorro y Estabilización? El Gobierno prevé que este fondo y sus rendimientos sean administrados por el Banco de la República para que éste reduzca la volatilidad de esos recursos. Es decir, para que tenga un mayor control sobre los aspectos macroeconómicos que implica su administración. La función más importante que tiene el Banco de la República es la de ayudar a controlar la inflación y establecer la política cambiaria. Para Lancheros no está claro “por qué el Banco deberá tener otra función como esta”. El senador Jorge Robledo, del Polo, en un debate en la Comisión Quinta del Senado, advirtió que esos recursos no serían administrados por el Gobierno, pues el Banco de la República es autónomo. A la pregunta ¿Quién dirige la banca central, entonces?, el mismo respondió: “El Fondo Monetario Internacional”, que en su criterio obedece a los intereses del “capital transnacional y extranjero”. ¿Para qué es el Fondo de Competitividad? Los recursos de este fondo equivalen a un porcentaje, aún indeterminado, del Fondo de Integración Regional. De este fondo dependerán otros dos, uno llamado de Compensación y otro de Desarrollo regional. El objetivo del primero es asignar los recursos para las regiones más pobres del país y la prioridad serán regiones “costaneras y fronterizas”. Ese fondo tendrá una duración de 20 años. El segundo es para estimular la financiación de proyectos regionales de desarrollo. Los criterios de asignación de estos recursos son pobreza, eficiencia del gasto público de las regiones, población y equidad regional.