La carta enviada por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, y la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que responden a una solicitud de este tribunal para hacer seguimiento a la sentencia en la que se le pide a Colombia hacer reformas en el juzgamiento disciplinario de los funcionarios definitivamente, levantó ampolla.
Una de las reacciones más vehemente fue la del senador y candidato presidencial Gustavo Petro, quien acusó al Congreso de “desobedecer” la sentencia del alto tribunal. El pronunciamiento del también exalcalde de Bogotá resulta clave, pues él fue precisamente el sujeto de ese fallo.
El proceso inició cuando Petro, cuando era alcalde de la capital, fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. El caso llegó a la Corte IDH, tribunal que falló a favor de Petro y aseguró que un funcionario solo puede ser destituido por una autoridad con facultades penales y la Procuraduría tiene solo facultades disciplinarias.
Esta sentencia obligó a Colombia a hacer una reforma a la Procuraduría, en la que se estableció una especie de doble instancia al interior del Ministerio Público, en la que un funcionario es el que investiga y otro distinto es el que juzga. Esta reforma resultó polémico debido a que llevó a la creación de más de 1.200 cargos en la Procuraduría.
Precisamente, la Corte IDH emitió un pronunciamiento frente a esta norma y aseguró que esta no constituye “una medida de cumplimiento a la sentencia”, en la medida en que se sigue permitiendo que un juez penal restrinja los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente.
En respuesta a este pronunciamiento, los congresistas Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente, enviaron una carta al tribunal internacional en la que hablan a nombre del Congreso.
Dicen que difieren respetuosamente de esa sentencia y que por lo tanto se apartan de ese contenido. Y agregan que lo referente a la sentencia ya fue resuelto en la ley aprobada el año pasado de reforma a la Procuraduría.
La respuesta de Petro
La carta de tres páginas no cayó muy bien en un sector de la oposición, especialmente el senador Petro, quien lanzó duras críticas tanto a la procuradora Margarita Cabello como al Congreso de la República.
“La carta del presidente del Senado y de la Cámara de Representantes a la Corte Interamericana es una confesión. No se trata de opinar sobre una sentencia, el Congreso estaba obligado a cumplirla porque es una sentencia judicial de máximo nivel en el país”, apuntó el senador de Colombia Humana.
Para Petro, lo que hizo el Congreso con la ley de reforma a la Procuraduría es una “burla a la independencia judicial”.
“Lo que hicieron la procuradora y el Congreso fue otorgar facultades judiciales a un órgano administrativo. Eso es propio de las dictaduras, burla la independencia del poder judicial. La Corte ordenó lo contrario: solo puede quitar derechos políticos a la ciudadanía un juez penal”, indicó Petro.
El senador de oposición agrega incluso que el presidente del Congreso y la procuradora “deben ser investigados”
“Los congresistas que votaron la ley de la procuradora y la procuradora desacataron la justicia y desobedecieron la sentencia que buscaba democracia y respeto a los derechos humanos”, manifestó Petro.
Esto va en contravía de lo expresado por el presidente del Senado y la presidenta de la Cámara, quienes aseguran en su carta que el Estado colombiano se ha esforzado por respetar los derechos humanos y los instrumentos internacionales.
“El ejercicio del poder disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación sobre quienes desempeñen funciones públicas -incluso en cargos de elección popular- le ha permitido al Estado colombiano enfrentar el flagelo de la corrupción”, dicen Gómez y Arias en la carta.
Y recuerdan que gracias a la Ley 2094 de 2021, aprobada en el Congreso, se estableció que los funcionarios serán investigados y posteriormente juzgados por un funcionario distinto. Aclaran que esta normativa está siendo revisada por la Corte Constitucional quien emitirá su concepto.
En la resolución, emitida en noviembre del año pasado, la Corte IDH aclara que no estaría de acuerdo con esa ley aprobada por el Congreso, en tanto no se daría cumplimiento a su sentencia en el caso Petro.