En un gigantesco lío, del que asegura que es completamente inocente, está metido el famoso humorista Juan Guillermo Zapata, conocido como ‘Carroloco’, cuyas propiedades fueron cobijadas con la medida de extinción de dominio por supuesto testaferrato de Rosemberth Sánchez Ahumada, conocido en el mundo del crimen con el alias de Rodrigo, supuesto allegado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Su defensa, encabezada por el abogado William Soto, es radical al señalar que no es cierto nada de lo que se le acusa al humorista; por el contrario, afirman que van a demostrar la legalidad de todo el patrimonio de Carroloco, y que no tiene ningún tipo de vínculo con el Clan del Golfo.
Soto le afirmó a SEMANA que “la defensa técnica del señor Juan Guillermo Zapata, conocido en el sector del entretenimiento como “Carroloco”, ha manifestado que, ante cualquier requerimiento por parte de las autoridades, se presentarán a dar las explicaciones correspondientes, de quien, debemos manifestar de manera contundente, no pertenece al denominado grupo criminal Clan del Golfo”.
El asunto hasta ahora empieza y el humorista ha guardado silencio. Su defensa sostiene que, en primer lugar, la finca objeto de embargo con fines de extinción de dominio está lejos de costar lo que plantean. Además, sostienen que todo lo que ha conseguido el humorista ha sido de forma lícita y que tienen cómo probarlo.
El caso
La Fiscalía ordenó el embargo de cuatro inmuebles de Juan Guillermo Zapata, más conocido como ‘Carroloco’ por sus presentaciones de humor en televisión. Según la investigación, sería uno de los presuntos testaferros de Rosemberth Sánchez Ahumada, conocido en el mundo del crimen con el alias de Rodrigo y supuesto allegado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Este hombre habría gestionado una poderosa red que reclutaba a personas en cuatro departamentos, para que, aparentemente, compraran bienes y dieran apariencia de legalidad a las ganancias que dejaba el narcotráfico del grupo armado.
La sospecha de las autoridades es que los predios que figuran a nombre del comediante estén manchados con esos dineros. Mientras se prueba la teoría, sus propiedades fueron cobijadas con el derecho de extinción de dominio.
En la lista de afectaciones aparece una finca de 30 mil metros cuadrados, localizada en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). Según el expediente, este predio está avaluado en más de 10 mil millones de pesos.
El ente acusador también ordenó la medida en un apartamento de Bogotá que cuesta 300 millones de pesos y otro de 1.500 millones de pesos, más un parqueadero de 20 millones de pesos y un depósito inferior a los tres metros cuadrados por 7 millones de pesos.