El Gobierno del presidente Gustavo Petro está apostándole a la política de la denominada ‘paz total’ para dialogar con los diferentes grupos criminales en el país y en ese sentido, el próximo domingo -8 de octubre- está previsto que se instale la mesa de negociación con las disidencias de Iván Mordisco en Tibú (Norte de Santander).
Sin embargo, como es habitual en estos grupos criminales, a pocas horas de que se realice este evento de paz en Norte de Santander, Iván Mordisco apareció para poner condiciones al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Sin decreto de cese al fuego no hay instalación de mesa, gobierno debe cumplir lo acordado”, dijo el líder de esta organización terrorista que no hizo parte de los diálogos de La Habana (Cuba).
Curiosamente quien le dio la idea de poner condiciones a Iván Mordisco fue el expresidente Ernesto Samper, quien a través de sus redes sociales fue el que puso sobre la mesa la petición al presidente Petro de decretar un cese al fuego bilateral para avanzar en la negociación de paz.
“El presidente @petrogustavo debería expedir ya el decreto del cese al fuego con el EMC, para que la mesa con las disidencias en el Catatumbo se instale este domingo y avance, como estaba convenido. Dilatar el cese es mantener abiertas las puertas para que el conflicto siga cobrando víctimas inocentes de acciones inhumanitarias en las zonas de guerra”, dijo el expresidente.
Por esa razón, Mordisco aprovechó la petición de Samper para poner sus condiciones y ahora no se sabe si la mesa de diálogo sí será instalada el fin de semana o si se habrá algún aplazamiento.
Lo cierto de todo esto es que la subcomisión de ajustes a los protocolos para el cese al fuego de las Farc expidió un comunicado donde dice informarle a comunidad internacional que el Gobierno Petro está incumpliendo lo pactado.
“Les informamos que el gobierno nacional, de nuevo, cambia el documento de acuerdo de Cese al Fuego y adiciona elementos jamás dialogados. De hecho, se burla de la comunidad internacional y de las honorables embajadas, quiénes firmaron los acuerdos de Playa Rica, Suárez, Cauca, donde se consigna la voluntad de las partes en terminar los protocolos para el Decreto de Cese al Fuego”, dice uno de los puntos del documento.
Según ese escrito, el Gobierno Petro se comprometió a pactar el cese al fuego bilateral antes del 8 de octubre para poder instalar los diálogos de paz lo que traduciría que este grupo criminal podrá estar tranquilamente en varias regiones de Colombia sin la presión y los operativos de las Fuerzas Militares. “Coincide esta actitud provocadora con un mensaje del propio presidente en El Tambo, Cauca, contra las FARC-EP, quién pudo llegar hasta ese lugar gracias al cese al fuego unilateral de parte nuestra”, dice el texto.
Agregan: “En reiteradas ocasiones hemos puesto de manifiesto que nuestras buena voluntad son respondidas con agresiones militares que continuamente son infructuosas, con bajas sensibles en contra de los agresores, pero esas acciones que el presidente admite abiertamente ordenar, humillan a las comunidades, lo que es un continuismo con las políticas de los gobiernos predecesores, haciendo del derecho supremo de la paz una estrategia de guerra sicológica”.
Aunque en dicho documento no hacen mención a sus acciones terroristas en diferentes regiones, sí se atreven a lanzar críticas al Ejecutivo. “Hacemos responsables ante Colombia y el mundo al presidente Gustavo Petro Urrego, al ministro de defensa Iván Velázquez y al Alto Comisionado para la Paz, por el sabotaje a los documentos que surgen de la fase exploratoria y de un posible incumplimiento de cara a la instalación de la mesa que debe ir acompañada del Decreto de Cese al Fuego conforme a lo convenido entre las partes en Bogotá, previo al acuerdo de Playa Rica, Cauca, teniendo en cuenta, cómo se mencionó, que el punto de georreferenciación se discute en la Mesa de Diálogo”.
Así las cosas lo que sencillamente buscan estos criminales es que el Gobierno del presidente Gustavo Petro firme un cese al fuego bilateral para estar tranquilos y seguir delinquiendo con normalidad.
En las próximas horas el Gobierno deberá definir si sigue aceptando los condicionamientos de estos grupos criminales que siguen atacando a los colombianos y que tienen en jaque las elecciones del 29 de octubre en algunas regiones del país.