“Mi Dios le pague”, le dijo un asesino del Tren de Aragua a un policía del CAI Caldas, en Kennedy, en el sur de Bogotá, cuando lo dejó en libertad tras pagar un soborno de un millón y medio de pesos. Días después, mató a otra persona. La escena corrupta y criminal quedó en un video que conoció SEMANA y que forma parte de un expediente en poder de la Fiscalía: un CAI al servicio de criminales.

Varios policías se convirtieron en secuaces del Tren de Aragua y transformaron el CAI en una especie de centro de operaciones de la peligrosa organización de origen venezolano, la cual se dedica a extorsionar, secuestrar, asesinar y descuartizar personas en el sur de Bogotá. La banda de policías al servicio del crimen fue bautizada como los Sombra.

Mientras la Fiscalía investigaba para desarticular al Tren de Aragua, descubrieron que los Sombra, uniformados adscritos al CAI Caldas, protegían a los sicarios, cobraban extorsiones, facilitaban la prostitución infantil y permitían el tráfico de drogas en el sector de la 38. Un teniente y cinco suboficiales eran los cabecillas.

El director de fiscalías de Bogotá, José Manuel Martínez, explicó cómo era el acuerdo criminal. | Foto: ESTEBAN VEGA LR

SEMANA conoció audios, declaraciones y videos que dejaron al descubierto a los policías corruptos. Tenían roles definidos e incluso tarifas de las extorsiones, venta de información, cuotas por libertades y hasta protección para los asesinos más buscados.El trabajo de un agente infiltrado fue contundente. Vendieron sus principios, convirtieron a los ciudadanos en víctimas y a los delincuentes del Tren de Aragua en una organización con la fuerza pública a su servicio.

Mientras Bogotá pasaba una temporada de terror, con cuerpos desmembrados y metidos en bolsas, los responsables de estos terribles crímenes se paseaban con la protección policial. Cada vez que la Fiscalía se acercaba al Tren de Aragua, los Sombra lo advertían. El enemigo estaba en la fila, era un Caballo de Troya.

Mientras Bogotá pasaba una temporada de terror, con cuerpos desmembrados y metidos en bolsas, los responsables de estos terribles crímenes se paseaban con la protección policial.

Las extorsiones

Las declaraciones que conoció SEMANA dan vergüenza. Comerciantes, delincuentes y los mismos policías explicaron cuánto costaba caminar, trabajar o delinquir en la 38, en Kennedy, el territorio del Tren de Aragua. “No es que pida, ni que uno quiera darle el cariñito, pero, huevón, llevo tres semanas sin trabajar y él (teniente Flechas) no mira eso. Llevamos tres fines de semana que no trabajamos y ahora esta ley seca, peor”, dice un comerciante que pagaba extorsiones a los policías para que le permitieran mantener abierto su establecimiento en horas no autorizadas.

Se refiere al teniente Víctor Manuel Flechas, capturado en octubre de 2022, quien fijaba los precios de las extorsiones. Le seguía el intendente Óscar Javier Vanegas, según la investigación, responsable de notificar los precios. La tabla de valores variaba conforme la hora del día y la actividad de cada negocio. “Los manes hablaron con mi sargento y les dijo: colabóreles a los chinos, colabórele al cuadrante. Ya les dejó razón, yo hablo es con la costeña, yo le digo: no, a mí mándame 50 o no me mande ni mierda”, señalan los testimonios que obtuvo el agente infiltrado en los que los policías explican cómo pactaron las “vacunas”.

En audios quedó consignado cómo exigían dinero a cambio de permitir el tráfico de estupefacientes, la prostitución infantil y el hurto. Tenían claro que los fines de semana cuadraban su caja menor con las actividades criminales. El lenguaje y el comportamiento de los policías se confunden con los de los bandidos. “El Niche siempre es duro, me dice: no he vendido nada. Yo le dije: no, marica, es o no es. La vez pasada se iban a agarrar y yo de chimba pasé y se calmaron. Le dije, sí pilla. Entonces se cogió la cabeza y me mandó los 50.000. Yo le dije, marica sean serios, lo que es”, dice un policía que ahora es buscado por la Fiscalía. Se fugó y nadie sabe dónde está.

Las extorsiones eran una actividad más de los policías. Los patrullajes estaban orientados a identificar delincuentes de otras organizaciones criminales, a traficantes de estupefacientes y atracadores. Todos debían pagar en este acuerdo criminal.

Los delincuentes huían de la Policía, no por temor a la ley, sino por no terminar como víctimas de extorsiones de los criminales con uniforme. “Es que, marica, ese man (teniente Flechas) solo quiere plata, huevón. Si no hay, y si uno no trabaja, pues de dónde vamos a sacar. Uno no niega que colabora y tal, pero si no hacemos para nosotros, cómo le vamos a dar”, señala un traficante de drogas, quien advierte que delinquir no alcanza para cubrir las extorsiones.

Venta de libertades

Los atracadores, traficantes y hasta asesinos del Tren de Aragua, en Kennedy, sabían que el riesgo de resultar capturados por los Sombra no era parar en la cárcel, sino conocer cuánto les iban a cobrar por el boleto de libertad. Cada delito o antecedente tenía una tarifa, mientras más grave, más caro. Un evento que resultó indignante para los investigadores lo dejó consignado el agente encubierto.

Los policías identificaron a un asesino del Tren de Aragua que sabían era requerido por la Fiscalía como responsable de dos homicidios. Lo llevaron hasta un tráiler para la recepción de denuncias y allí le ofrecieron la posibilidad de quedar en libertad.

El canje tenía un precio: dos millones de pesos. “El sujeto llama a su pareja y llegan dos mujeres, manifiestan que nos alcanzan a dar un 1.500.000 por dejar ir a su marido. Los integrantes del cuadrante y mi compañero de patrulla aceptan. Le piden a la señora que entre al baño que está atrás del tráiler y los deje ahí”. La escena posterior quedó en un video que obtuvo SEMANA.

Los uniformados le quitan las esposas y el asesino agradece a sus “socios”. En poder de la Fiscalía hay documentos, fotos y hasta los billetes que entregaban los delincuentes como pago por dejarlos en libertad. Lo hicieron con atracadores de celulares, a quienes incluso les dejaban los aparatos hurtados a cambio de 100.000 pesos. “Él (intendente Vanegas) les dice sí. Les recibe el dinero y les hace entrega de los dos celulares”.

Con claridad lo dice José Manuel Martínez, director de la seccional de la Fiscalía de Bogotá: “Omitían sus deberes frente a la venta de licor adulterado, permitían la prostitución infantil y exigían dinero a delincuentes. Muchos de estos serían integrantes del Tren de Aragua y fueron imputados por el delito de cohecho”.

Lo mismo ocurría con asaltantes de ciclistas. Los capturaban y la víctima, dispuesta a denunciar, era engañada para olvidar el asunto, mientras ellos, como si fuera una subasta, pactaban la tarifa de la libertad. “Manifiesta que tiene 300.000 pesos, Vanegas le exige 400… Dice que sí, pero que lo llevemos unos metros más adelante para soltarlo y que le dijéramos al denunciante que no había carros disponibles para el traslado a la URI, que pusiera el denuncio por internet”.

Los infiltrados

Los Sombra estaban convencidos de engañar a la Fiscalía y a sus compañeros de la Sijín, pero resultaron infiltrados. Un agente encubierto se metió en la organización y reveló la rampante y descarada corrupción en el CAI Caldas. Lo que descubrieron fue repugnante. Los policías advertían a los cabecillas del Tren de Aragua cuándo se preparaba un operativo, también entregaban información falsa a la Fiscalía sobre la ubicación y descripción de los asesinos del Tren.

Los Sombra tenían un grupo de WhatsApp por donde compartían información, no solo de la empresa criminal que conformaron, sino del seguimiento de las autoridades. Incluso, advirtieron que estaban infiltrados y que le “darían piso” al traidor.

Hasta recibos de consignaciones de los sobornos y otros soportes de la corrupción rampante forman parte de las pruebas de la Fiscalía.

Finalmente, fueron capturados el intendente Óscar Javier Vanegas y los patrulleros Walder Antonio Orjuela Morales, Johan Manuel Hernández Gordillo, Jairo Alexánder Pineda López, el primero y el último reconocieron su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía. La investigación continúa.