El martes pasado, el presidente Iván Duque sancionó la Ley de seguridad ciudadana, la cual, entre otras cosas, vuelve más severos los castigos para varios delitos que eran excarcelables y les da pena máxima a los asesinatos contra poblaciones específicas.
La controversia radica en las interpretaciones de algunos sectores que califican la iniciativa de populismo punitivo y, además, dicen que es una puerta de entrada para que aumenten los casos de justicia por mano propia.
La oposición, encabezada por senadores como Antonio Sanguino e Iván Cepeda, adelantan demandas por inconstitucionalidad contra la ley.
El argumento central es que se podría perseguir la protesta social por la imposición de cárcel como consecuencia a delitos relacionados con la misma.
A pesar de esta crítica, el Gobierno destaca que se respondió a un clamor de la sociedad: la inseguridad que se vive en toda Colombia. SEMANA conversó con Daniel Palacios, ministro del Interior, sobre los atributos, los puntos a ajustar y cómo se prepara la Presidencia para las demandas que prometen llegar desde la oposición.
SEMANA: Ministro, ¿qué significa la sanción de esta ley para los colombianos?
Daniel Palacios (D. P.): Esta ley significa que el Gobierno nacional, en un trabajo articulado con los alcaldes, gobernadores, Fiscalía, Procuraduría y el Congreso de la República, está atendiendo un clamor de los ciudadanos de menos impunidad y sanciones efectivas para los delincuentes. Se traduce en que se acaba esa sensación de impotencia e impunidad que genera que el delincuente en la calle cometa delitos violentos y que al otro día esté en la calle.
SEMANA: ¿Cómo se va a ver esto reflejado en las calles? ¿Los delincuentes lo pensarán dos veces?
D. P.: En Colombia, la mayor sensación de impotencia se genera cuando un delincuente violento comete un delito y al otro día sale libre a la calle. Lo que estamos haciendo con esta ley es precisamente darles las herramientas a los fiscales y a los jueces. Cuando una persona cometa un delito violento utilizando un arma de fuego, blanca o de letalidad reducida, el juez, cuando valore su medida de aseguramiento, le tenga que dar intramural. El delincuente violento que utiliza estas armas tendrá que esperar su juicio en las cárceles y no en las calles delinquiendo.
SEMANA: Pero el sistema carcelario está saturado. Según cifras del Inpec, actualmente existe un hacinamiento del 18,81 % y en algunas regiones supera el 40 %...
D. P.: En ese sentido, y como lo ha venido anunciando el Ministerio de Justicia, hemos venido avanzando en reducir los indicadores de hacinamiento. Por eso hoy estamos en un hacinamiento del 18 % a nivel nacional y en lo que se ha venido trabajando es en la construcción de nuevos cupos carcelarios. En este Gobierno esperamos que, al finalizar, se hayan creado más de 5.000 nuevos cupos. Además, estamos trabajando en dos frentes muy importantes. Uno, un Conpes carcelario que debe poner esa inversión para los años a venir, una solución a largo plazo y con recursos. Por otro lado, la Ley de seguridad ciudadana establece la urgencia de radicar un proyecto de ley que imponga claras delimitaciones frente a la responsabilidad de los alcaldes, gobernadores y el Gobierno nacional para la construcción de cárceles, tanto para sindicados como condenados. Así, por fin se termina la discusión de quién tiene la responsabilidad. Lo que no podemos pensar como país es que un delincuente violento esté en la calle con el pretexto de que no hay suficiente espacio en las cárceles.
SEMANA: ¿Cómo vienen avanzando para llegar a los 5.000 cupos?
D. P.: En eso puede ahondar más el ministro de Justicia, pero, como lo has mencionado, hubo una reducción significativa del hacinamiento, llevándolo a un 18 %. Se está avanzando en la construcción de nuevos centros carcelarios, en Cartagena, Montería y en otras ciudades del país. Lo que esperamos es concluirlas y dejar nuevas en avance para bajar el hacinamiento. El énfasis de la ley es castigar al delincuente violento, que vaya a la cárcel, que es donde debe estar. Hay algunos que se preocupan más por que los delincuentes no vayan a la cárcel.
SEMANA: ¿Qué les dice a quienes consideran que esta ley se trata de populismo punitivo?
D. P.: Aquí no hay populismo punitivo. Hay no solo una respuesta al clamor ciudadano, sino evidencia de lo que vemos en el día a día. Vemos delitos violentos que se cometen con arma de fuego y blanca. Que no tienen a esa persona considerada como un peligro para la sociedad. Eso hay que decirlo claramente, esas personas son un peligro para la sociedad. En eso no podemos claudicar y tenemos que ser contundentes. Ahora bien, fue un proyecto construido con seriedad. Con alcaldes de ciudades capitales, gobernadores y entes de control. Se llevó al Consejo de Política Criminal, donde se estudió y se le dio su aval. Tanto técnico como con el comité en pleno. Evidentemente, hay personas a las que no les gusta. Están más concentradas en darle garantías al delincuente, que en consecuencias y sanciones ejemplares para esas personas. Ha sido lo que el presidente de la República nos ha indicado y es una consigna: el que la hace la paga.
SEMANA: En ese sentido, ¿qué les dice a quienes argumentan que esto será una ventana para el incremento de la llamada justicia por mano propia y limitación a la protesta?
D. P.: Es claro que hay personas que han querido generar confusión en esta ley. Por ejemplo, hablan de limitaciones para la protesta pacífica y la manifestación pacífica. Absolutamente falso, no existe ninguna limitación para quien ejerza su derecho pacífico a la protesta. Lo que sí existe es una sanción ejemplar para quien violente, vandalice, incinere y destruya la infraestructura al servicio de la seguridad ciudadana, justicia y transporte público. Para algunos, esto está bien. Para otros, creo que para la gran mayoría, constituye un delito y debe ser castigado.
A algunos les preocupa que, para un asesino de un líder social, defensor de derechos humanos, periodista o miembro de la Fuerza Pública, sea demasiado severa una sanción de 58 años. Para otros, consideramos que son poblaciones que requieren una protección. Te lo tengo que decir con sorpresa. No entiendo cómo hay congresistas que hablan de ser defensores de los líderes en derechos humanos, pero a la hora de votar para que en Colombia haya una sanción ejemplar para quien los asesinen, ahí si no votan. No lo comparto y estamos en el lado correcto de la historia.
Por otro lado, han salido a insinuar que la defensa legítima constituye una autorización para disparar en vía pública, para asesinar ciudadanos y utilizar armas de manera indiscriminada. Absolutamente falso, la defensa legítima existe en la legislación colombiana y tiene condiciones en materia de proporcionalidad. Lo que estamos diciendo es que en dos casos, en la residencia inmediata y el vehículo personal, se presume que el ciudadano está en su casa o su carro y que está en un estado de indefensión. Lo que se está diciendo es que se invierte la carga de la prueba, que no es el ciudadano el que tiene que demostrar que se estaba defendiendo. Tendrá que ser la Fiscalía o policía judicial la que demuestre que no se estaba defendiendo.
SEMANA: La oposición anunció una demanda por inconstitucionalidad. ¿Cómo se prepara el Gobierno frente a esto?
D. P.: Demandar una ley es un derecho constitucional y cualquier ciudadano puede hacerlo. Ante esto, lo podrán hacer y es su prerrogativa hacerlo. Varios temas nos preocupan y uno de ellos es que lo que no ganan en democracia, lo quieren ganar en los estrados judiciales. Aquí la mayoría del Congreso se expresó, tuvo debate amplio, pasó por el Consejo de Política Criminal, pasó por la Fiscalía y la Procuraduría. Un proyecto serio que se discutió y votó. Las amplias mayorías del Congreso interpretaron el clamor ciudadano y de igual forma hicieron un análisis juicioso de los textos.
No podemos creer que la opinión de los senadores Sanguino y Cepeda son las únicas válidas. Más de 70 senadores votaron a favor, más de 120 representantes también. Tendrán todo el derecho de acudir a los estrados judiciales como cualquier ciudadano colombiano. Yo sí quiero, y lo debo mencionar, que esos senadores le expliquen al país cómo votan en contra de que los asesinos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de la Fuerza Pública tengan la sanción más alta. No lo entiendo.
SEMANA: ¿Han enviado cartas a instancias internacionales por la ley?
D. P.: He escuchado al senador Iván Cepeda diciendo que enviará una carta a los congresistas de Estados Unidos para decirles que constituye una violación a los derechos humanos. Yo hago una pregunta: ¿va a enviar esa crítica a un país en donde los ciudadanos, por garantía constitucional, pueden armarse? ¿Donde la defensa legítima es mucho más amplia que en Colombia? ¿Les va a decir que se queja porque en Colombia estamos poniéndole la condena más alta a los asesinos de líderes sociales y defensores de derechos humanos? No encuentro la argumentación, pero bienvenido a que lo haga. Estaremos atentos a eso y también estaremos con la ciudadanía, explicando los beneficios de la ley. Nosotros decimos que el que la haga la pague, pero algunos están más pendientes de quien que la haga se salga con la suya.
SEMANA: Junto a la insuficiente capacidad del sistema penitenciario, ¿las condenas tan altas no significan renunciar a la resocialización después de la cárcel?
D. P.: Primero, un clamor de los colombianos ha sido que quien cometa un delito y lo vuelva a cometer tenga una sanción más fuerte. Eso, por ejemplo, existe en Estados Unidos como la ley de los tres strikes. Lo que va mostrando es que progresivamente se va incrementando la pena de quien comete un delito. Nuevamente, a los senadores que van a ir a denunciar esto a Estados Unidos, sería bueno que miraran la legislación de un país que tiene cadena perpetua o pena de muerte. En este sentido, estamos estableciendo una reincidencia, que quiere decir que quien haya cometido un delito, sea condenado y que lo vuelva a cometer en los cinco años siguientes, tenga una agravante en su pena. No es evitar la resocialización, eso es decir que el ciudadano condenado, que salió, no se resocializó y que cometió un delito tenga una pena mayor. Precisamente, lo que se está castigando es a quien no se resocializa.
Tener penas mayores, también, es un desincentivo para cometer los delitos. En países como Estados Unidos y en Europa, las sanciones más altas en las penas están para delitos contra la población más vulnerable o con condición especial. En Colombia, la pena más alta la tiene quien asesine a un menor de edad, eso ya se encuentra hoy en la legislación. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay categorías adicionales que requieren esta protección.
SEMANA: Fue una importante legislatura para el Gobierno y para usted, que lideró proyectos clave...
D. P.: El cierre de esta legislatura la hizo muy importante. No solamente se avanzó con la Ley de inversión social, que establece claramente la inversión en la población más vulnerable más alta que haya tenido este país. Eso fue una de las consignas del presidente Duque, donde se logró mantener el Ingreso Solidario, donde se estableció la gratuidad en educación superior pública para los estratos 1, 2 y 3. También, en esta ley, se establecieron temas tan importantes como prorrogar el PAEF, que protegió más de 4 millones de empleos. Avanzamos en esa política del que la hace la paga. Es un Gobierno de hechos y no de discursos. A su vez, hay avances en la transformación de la Policía Nacional.
Aparte de eso, tuvimos una agenda del cambio climático muy importante, una ley de delitos ambientales y avanzamos hacia la neutralidad en carbono a través de la Ley de Acción Climática. Adicionalmente, se le dieron mejores condiciones al sector agrario a través del Ministerio de Agricultura. Un periodo legislativo muy importante en donde se avanzaron en proyectos que tocan directamente al ciudadano.
SEMANA: ¿Satisfacción del deber cumplido?
D. P.: Seguimos en un compromiso y el deber cumplido será hasta el 7 de agosto, cuando termine el gobierno de Iván Duque. Seguiremos trabajando en esa misión del presidente. De ser un Gobierno de más territorio, menos escritorio, que escucha a los ciudadanos y que con hechos le cumpla a Colombia.