La escena que quedó en video, con Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia y sentada en un cuarto de interrogatorio, aparentemente reveló una parte de la historia, la versión oficial, la que desde la seguridad presidencial se mostró al país, pero lo que descubrió la Fiscalía es muy diferente. Un grupo de policías, con traje y amenazando a una mujer sola, sin abogado.
Marelbys estaba en su casa, en el municipio de Soacha, cuando llegó el conductor de Laura Sarabia, su entonces jefe, la misma que no le pagaba seguridad social, y la llevaron hasta la Casa de Nariño. La exniñera atravesó los filtros sin problema, ni la cédula le solicitaron, pasó como si estuviera en un centro comercial. De una vez la llevaron a los sótanos, a una lúgubre sala de poligrafía.
Fue en este espacio donde arrancó la tragedia para Marelbys. Ella misma reveló cómo al llegar a los sótanos la recibieron varios hombres que desde el inicio la trataron mal, la amenazaron y hasta la incomunicaron. Eran policías, que fueron identificados e imputados por la Fiscalía. Los responsables de constreñir a la exniñera para someterla a unas pruebas de poligrafía.
“Los uniformados fueron imputados por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Adicionalmente, al intendente Sacristán Bohórquez le fue formulado el delito de acceso abusivo a sistema informático agravado. Los tres procesados no aceptaron cargos”, explicó la Fiscalía una vez imputaron cargos.
Los policías, de acuerdo con el ente acusador, se valieron de sus cargos y de la posición que tenían en ese momento para intimidar a Marelbys y advertirle que sería la cárcel y que su familia correría la misma suerte. Además, de que estarían haciendo allanamientos a su vivienda y de algunos de sus amigos, todo por cuenta de la supuesta investigación por la pérdida de una suma de dinero en efectivo.
“La investigación da cuenta de que los funcionarios habrían aprovechado sus cargos, y usado un vehículo y otros bienes públicos para intimidar a la señora Meza Buelvas, limitar su autonomía y someterla a una prueba que vulneró su integridad emocional y personal”, explicó la Fiscalía.
Fueron al menos tres los uniformados que sometieron, según la Fiscalía, Marelbys Meza a la prueba de poligrafía que resultó ser completamente irregular, pues esa práctica en ese espacio estaba destinado a los funcionarios que trabajan en la seguridad presidencial no para particulares mucho menos para empleados de los funcionarios de la presidencia.
“De acuerdo con la normatividad vigente, la prueba de polígrafo se puede realizar exclusivamente a personas que tienen vínculo laboral con la Presidencia de la República, no a personal externo, como ocurrió en el caso de la exempleada de la exjefe de Gabinete de la Presidencia”, dijo la Fiscalía.
De acuerdo con las mismas declaraciones de los uniformados y de la víctima hubo otra persona que estaba en el mismo espacio o que aparecía de manera frecuente para advertir y coordinar las pruebas de poligrafía, esa persona fue identificada en un reconocimiento y a partir de allí la Fiscalía determinó la necesidad de hacer una imputación de cargos.
Se trata del mayor de la Policía Duván Andrés Muñoz Hernández, que según el ente acusador, fue el presunto responsable de constreñir y ejercer una presión indebida sobre la exniñera de la casa de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia. El mayor fue citado a imputación de cargos en una fecha que está por definir la judicatura.