Por Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda
América Latina solo tiene el 8,4 por ciento de la población mundial, pero ha sufrido el 30 por ciento de las muertes por COVID-19. Según el FMI, la economía latinoamericana tendrá una caída de 9,4 por ciento este año y será la más afectada entre todas las regiones del mundo, mientras que el Banco Mundial prevé un aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza. Las cifras para Colombia no son muy distintas.
Estos reveses llegan en un momento de descontento social. Antes de la pandemia, muchos jóvenes consideraban que sus expectativas y aspiraciones no habían sido satisfechas y, peor aún, temían retroceder hasta el lugar donde habían comenzado sus padres una generación atrás. Tristemente, el Covid-19 ha convertido en realidad esos temores. La agitación social, que había tenido un respiro, parece estar de vuelta.
En este contexto se requieren medidas audaces y efectivas. Propongo dos: una micro y otra macro.
Para nadie es un misterio que la calidad de la educación ha tenido un serio revés debido a las limitaciones de las clases virtuales y, sobre todo, al dejar por fuera a la mitad de los estudiantes que no tienen conexión en sus casas. La escolaridad que estamos perdiendo es mucho mayor a la que queda registrada en la papelería oficial.
La experiencia de la plataforma gubernamental “Colombia Aprende” –un espacio virtual de conversación e intercambio entre docentes, estudiantes y padres de familia– es ilustrativa. Según Google Trends, las búsquedas de esta página son inexistentes antes y después del Covid-19, por lo menos cuando se comparan con Google Classroom y Zoom.
Pero lo más preocupante no es esto. La búsqueda de cualquiera de esas tres plataformas –o de un indicador compuesto de las tres – es mucho menor en los departamentos con mayores Necesidades Básicas Insatisfechas, (NBI) en comparación con las regiones más ricas del país. La virtualidad está aumentando las brechas, no reduciéndolas.
Ante esta realidad lo natural es que el gobierno –con apoyo del sector privado– ofrezca internet y tabletas gratuitas a todas las familias en condición de pobreza o vulnerabilidad. Pero este no debe ser un objetivo para obtener a mediano plazo como se ha planteado. Es necesario lograrlo en cuestión de semanas. Esto es posible, cuenta con evidencia contundente para justificarlo y, además, es lo que indica el sentido común.
La segunda propuesta se aparta del sentido común, por lo menos como lo entiende el gobierno. El presidente Duque dijo la semana pasada que pensar en hacer reformas sería torpe mientras dure la pandemia. El ministro Carrasquilla dijo que sería de “toches” hacerlo. Opino exactamente lo contrario: lo torpe es no hacerlo.
Sin excepción, las medidas de reactivación requieren recursos fiscales, justamente cuando no los hay. ¿Cómo se crea espacio fiscal para tomar medidas que permitan una recuperación más contundente? La mejor forma de hacerlo es mejorando la sostenibilidad fiscal futura. Es decir, lo que se requiere es aprobar desde ya reformas que entrarán en vigencia cuando se normalicen las condiciones económicas.
Si los mercados y las agencias calificadoras tienen certeza que las condiciones fiscales van a mejorar a futuro, aceptarán un mayor nivel de apoyo a las empresas y a los trabajadores hoy, cuando más se necesita.
Construir capacidad fiscal futura es la mejor manera de asegurar mayor espacio fiscal en el presente. El problema es que para lograrlo hay que sacrificar capital político y popularidad, algo que el gobierno –con cierta miopía– no quiere hacer.