La Procuraduría General de la Nación acabo de llamar a juicio disciplinario a dos patrulleras del departamento de Policía de Cundinamarca, por las presuntas irregularidades que cometieron en la detención y captura de un par de jóvenes en Soacha durante el paro nacional de 2021, sin que al parecer existiera mérito para adelantar ese procedimiento.

Según pudo conocer SEMANA, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá señaló que Liliana Marcela Piñeros Mora y Angie Michelle Durán Rico, adscritas a las estaciones de Policía León XIII y Chicó de Soacha, respectivamente, habrían incurrido en falta disciplinaria por “omisión de sus funciones” al privar de la libertad a dos jóvenes sin que hubiese mediado la flagrancia o se tuvieran pruebas de su eventual participación en alguna conducta delictual durante las manifestaciones del 29 de abril de 2021.

En otras palabras, las uniformadas condujeron a estos jóvenes a un CAI sin tener elementos suficientes para considerar que estaban cometiendo un delito.

Por esa razón, el ministerio público formuló pliego de cargos. Según estableció el ente de control, “las patrulleras intervinieron de manera directa en los procedimientos que conllevaron a la aprehensión física de las ciudadanas, a quienes acusaron sin presentar prueba alguna o aportar el nombre de algún testigo que las validara”.

El Ministerio Público llamó la atención sobre la similitud que tuvo la redacción de los hechos en ambos casos y la confusión en que incurrieron al solicitarles describir de manera detallada la manera como se desarrollaron los hechos.

Jueza que dejó en libertad a dos gestores de paz fue citada a interrogatorio

La jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhoana Bastidas Huertas, será llamada a interrogatorio por parte de la Fiscalía General por las presuntas irregularidades que rodearon la liberación de dos jóvenes integrantes de la primera línea de Bogotá, quienes fueron designados por el Gobierno de Gustavo Petro como gestores de paz.

Así lo anunció desde Guaviare el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien advirtió que, “la próxima semana se llamara a interrogatorio, derivado de una denuncia penal que presentó la Procuradora General de la Nación, a una jueza del centro de servicios de Bogotá, para que el marco de su debido proceso le explique a la Fiscalía las razones jurídicas por las cuales que no asignó, cuando recibió una solicitud para una suspensión de órdenes de captura, a un juez de control de garantías, como corresponde”.

El fiscal Barbosa se preguntó “¿por qué tomó la decisión de forma directa y no citó a un juez de garantías y en un caso posterior sí lo hizo? Creo que estas son unas dudas que tendrá que responder todo esto en el marco del debido proceso, pero tendrá que responder”.

Esta decisión se tomó después que la misma Procuraduría General radicara una denuncia por el delito de prevaricato por acción en contra de la funcionaria judicial al considerar que se extralimitó en sus funciones al ordenar el pasado 21 de diciembre la excarcelación inmediata de Santiago Márquez Charris, quien estaba recluido en la cárcel de Girón (Santander), y Adriana Esperanza Bermeo, quien estaba recluida en la cárcel de El Pedregal en Medellín.