La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad abrió un incidente de desacato contra el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, por el incumplimiento reiterado de las órdenes impartidas en el marco de las medidas cautelares colectivas que buscan proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz.
La información solicitada a este ministerio está encaminada “a establecer los obstáculos que impiden el cumplimiento de los compromisos estatales en materia de garantías de seguridad de la población señalada y para determinar las medidas urgentes que se deben adoptar”.
La decisión busca, señala la JEP, “el cumplimiento efectivo de la orden pendiente de ejecución y propender por la correcta administración de justicia”.
Entre otras cosas, la JEP había pedido información al Ministerio de Justicia sobre:
1. La implementación y los logros alcanzados en materia de adecuación de la política criminal para el desmantelamiento de organizaciones criminales y acciones promovidas para el sometimiento a la justicia, así como la articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y resultados.
2. Las actividades de coordinación y articulación implementadas con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y otras entidades con funciones de garantías de seguridad, para contribuir a las investigaciones sobre la lucha contra la impunidad y el desmantelamiento de organizaciones criminales en el contexto de las garantías de no repetición.
3. Planes y acciones focalizados para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la justicia en los municipios más afectados por la violencia, acordados con el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Hacienda, y el estado de su implementación conforme a los compromisos que refiere la Procuraduría.
Algunas de las preguntas que le hicieron al ministro de Justicia fueron:
¿Qué medidas específicas de fortalecimiento de la investigación y la judicialización de los grupos y las organizaciones criminales se han tomado y cuáles son los resultados a la fecha?
¿Cuánto tiempo lleva operando el Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad y cuáles son sus logros?
¿Cuántos despachos judiciales dirigidos al procesamiento criminal y la judicialización de miembros de organizaciones criminales que atentan contra los defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación se han creado y cómo se definió la proporcionalidad entre jueces dispuestos e investigaciones a cargo?
¿Qué recursos han sido destinados para dichos juzgados y qué medidas se han tomado para garantizar su sostenibilidad y efectividad de la gestión judicial?
¿En qué estado se encuentra la propuesta de creación de los juzgados penales de circuito especializado de Popayán, Medellín, Cúcuta, Bogotá y Barranquilla, y frente a las nuevas necesidades?
¿Qué resultados registra la gestión del Ministerio y otras entidades del Estado para la creación de los tres juzgados especializados en las regiones Norte, Centro y Sur del país?
Si ya fueron creados, ¿qué datos reportan a la fecha?
¿Qué avances registra la gestión del Ministerio para atender la demanda de condenas efectivas y el despliegue del cuerpo de jueces?
SEMANA contactó al Ministerio de Justicia pero aún no ha emitido una respuesta oficial sobre la decisión.