La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa con el fin de establecer responsabilidades frente al fallecimiento de tres menores de edad (dos niños y una niña) pertenecientes a la comunidad indígena wayuu por causas asociadas a la desnutrición.

La vergüenza que significa que los niños mueran de hambre no es nueva, es paisaje en La Guajira, pasan y pasan los gobiernos y no han sido capaces de solucionar el desabastecimiento de agua, cada obra se la roban, pero en esta ocasión los reflectores apuntan a la funcionaria responsable de la infancia, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concha Baracaldo, de quien dicen no tiene el perfil para el cargo.

Las cifras son crudas, se cuentan por cientos los niños que no pudieron escapar de una muerte inexplicable. Más de 253 asociadas a desnutrición, 540 por infección respiratoria aguda y más de 103 por enfermedad diarreica, según la Alianza por la Niñez. En promedio, hay 21 niños muriendo al mes por desnutrición.

Las denuncias ahora, hechas por organizaciones sociales y medios de comunicación, dan cuenta de la muerte de un bebé de 15 meses en el corregimiento Siapana, municipio de Uribia, el pasado 25 de diciembre de 2022; otro menor de cuatro meses habría muerto de hambre ese mismo día en la comunidad waitta, corregimiento de Jojoncito, entre los municipios de Maicao y Uribia y un tercero de nueve meses en Flor de la Guajira, corregimiento de Uribia, el pasado 27 de diciembre de 2022.

Entre la información requerida por el Ministerio Público a las autoridades municipales y departamentales para establecer responsabilidades, están las identidades precisas de los niños fallecidos, sus padres y familiares, los pormenores en cada caso, los programas de salud, seguridad alimentaria y otros a los que estas familias estuvieran adscritas, las políticas, planes y programas que se adelantan en el departamento para evitar la muerte de niños, niñas y adolescentes por desnutrición, así como los nombres y cargos de los funcionarios responsables.

SEMANA conoció que la procuradora Margarita Cabello Blanco ordenó crear una Agencia Especial conformada por las procuradurías delegadas para la defensa de la Infancia, la adolescencia, la familia y Mujeres, Salud y Trabajo Decente, Asuntos Étnicos y Gestión y Diálogo Territorial, con el fin de redoblar el seguimiento y control a las políticas y programas de nutrición y atención a primera infancia en 2023.

Y es que, desde principios de 2021, la Procuraduría ha abierto cuatro actuaciones preventivas a nivel nacional y remitido 76 requerimientos a las autoridades y entidades del orden nacional y territorial con competencia frente a esta problemática.

También realizó visitas a las direcciones de Nutrición de Primera Infancia y a las oficinas de Aseguramiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en La Guajira, Vichada, Norte de Santander, Nariño, Bolívar, Magdalena y Córdoba, para verificar la atención y condiciones en que se presta el servicio a niños y niñas con riesgo o diagnóstico de desnutrición y mujeres lactantes.

Desde la Delegada para la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer, se ha pedido a los Ministerios de Salud y Protección Social, Agricultura y Desarrollo Rural, y al Superintendente de Salud, tomar medidas urgentes para enfrentar el incremento de casos de muertes asociadas a la desnutrición de niños y niñas menores de cinco años en ese departamento y en el resto del país.

De otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un llamado de atención reciente al Gobierno de Colombia ante el número de niños fallecidos en La Guajira por desnutrición. El organismo internacional advirtió que “las políticas implementadas han sido deficientes en la lucha contra el hambre”.

“En un país con abundancia de fuentes hídricas y con un sector agrario con el nivel de producción con el que cuenta Colombia, es un error del Estado que casos como estos se sigan presentando”, argumentó la FAO.

El presidente Petro llamó la atención sobre el tema

Hace algunas semanas, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una agenda de trabajo en el departamento de La Guajira, en donde definió las bases para potencializar el agua potable en esa región del país, zona que ha sido tradicionalmente afectada por corrupción de sus dirigentes políticos.

El mandatario colombiano, en medio de un discurso que dio con presencia de la comunidad indígena de La Guajira, protagonizó un fuerte jalón de orejas al asegurar de manera directa que es un “rotundo fracaso” que hayan muerto 20 niños por desnutrición en su administración del Pacto Histórico con el lema ‘Potencia Mundial de la Vida’.

“El hecho que yo venga por tercera vez en cuatro meses significa que estamos fallando, no que vamos bien, si nos fuera bien no vendría tanto, pero estamos fallando, el hecho que aquí se mencionó, que 20 niños indígenas han muerto por desnutrición durante este Gobierno eso se llama un fracaso y se debe asumir como tal”, sentenció Petro.