La Fiscalía General de la Nación informó este lunes 4 de abril que recibió una alerta de la Unidad de Investigación de la Sijin de la Policía en la que se señala que una organización criminal buscaría atentar contra Angélica Monsalve Gaviria, fiscal delegada ante jueces de circuito de la seccional Bogotá.

A través de un comunicado, el ente investigador manifestó que, debido a esta información, a la fiscal se le asignó un esquema de protección de forma “inmediata”.

“La Fiscalía General de la Nación ha tomado hoy mismo contacto con la doctora Angélica Monsalve Gaviria informándole de la situación y se ha dispuesto a tráves de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía la asignación de un esquema de protección de manera inmediata, preventiva y extraordinaria”, indicó.

“La Fiscalía General reitera ante la opinión pública que no acepta interferencia alguna en el ejercicio de la función de sus fiscales y protege siempre a todos sus servidores ante situaciones que pongan en riesgo sus vidas e integridad”, subrayó la entidad.

En días pasados se generó una polémica tras unas declaraciones de la fiscal Monsalve, quien aseguró que se ordenó su traslado al departamento de Putumayo en razón de las investigaciones y decisiones que tomó en un caso particular.

Monsalve pidió el pasado 23 de febrero la formulación de imputación de cargos en contra de Carlos Mario Ríos Velilla, Javier Francisco Ríos Velilla y Felipe Ríos Velilla por los delitos de violación al régimen de inhabilidades incompatibilidades para contratar e interés indebido en la celebración de contratos.

En la solicitud se imputación se mencionó a los empresarios Carlos Mario y Francisco Javier Ríos Velilla, así como el exconcejal de Bogotá, Felipe Ríos Londoño por haber ejercido una presunta presión indebida sobre el contrato para el recaudo del sistema integrado de transporte de la capital de la República, el cual fue adjudicado durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.

Tras desempolvar el expediente se encontró que existió una considerable falencia en la forma en cómo se adjudicó el millonario contrato por 16 años, puesto que se hizo por concesión. La empresa beneficiaría tendría relación con los hermanos Ríos Velilla.

Debido a que para el momento de la celebración del contrato Felipe Ríos era concejal activo sus familiares en segundo grado de consanguinidad no podían contratar con el Estado. Pese a que los empresarios Ríos Velilla aseguraron que ya no tenían relación con la mencionada empresa la fiscal Monsalve Gaviria asegura que la evidencia revela que seguían siendo los dueños de Recaudo Bogotá.

Ella aseguró en luego de tomar la decisión de llamar a imputación de cargos a las personas vinculadas, un funcionario de la dirección ejecutiva de la Fiscalía la notificó de su traslado al departamento de Putumayo. En su denuncia se advertía que el motivo del traslado de la funcionaria era retirarla del proceso y beneficiar a los implicados.

El pasado 22 de marzo, tras conocer la decisión, la Monsalve le solicitó al fiscal Barbosa una reunión “para hacer de su conocimiento los hechos que rodean mi traslado intempestivo e inconsulto de la Sección Bogotá a la Seccional del Putumayo”

Sin embargo, el ente investigador aseguró que estos traslados tienen una justificación institucional y nunca tienen como fondo una represalia por una decisión judicial. “El Fiscal General de la Nación como lo ha evidenciado en el ejercicio de su cargo, respeta plenamente y sin ambages la autonomía e independencia de todos los fiscales de la entidad y NUNCA ha interferido de sus decisiones”.

La Fiscalía General, posteriormente, informó por medio de un comunicado de prensa que la fiscal Monsalve, pese a ser trasladada al Putumayo, seguiría al frente de la investigación que se adelanta contra los integrantes de la familia de empresarios Ríos Velilla.