La Comisión Interinstitucional, que reúne a las Altas Cortes de Colombia y las principales cabezas de la justicia en el país, se acaba de pronunciar sobre la reunión que sostendrán el fiscal general, Francisco Barbosa, y el presidente, Gustavo Petro, y plantearon la necesidad de que se vele por mantener, sin importar las circunstancias, la independencia de la rama.
El comunicado de dos páginas señala en la primera parte: “Sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales que corresponden al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial insta a las autoridades de la República a ejercer sus competencias en el marco de los principios constitucionales de separación de poderes y colaboración armónica, bajo criterios de ponderación y respeto”.
El comunicado se da, posiblemente, por la reunión tan esperada que sostendrán el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro, el próximo 30 de enero, y la tensión que se viene dando frente al Ejecutivo, por las posiciones del fiscal frente a decisiones del actual Gobierno, el principal detonante, la decisión de no levantar las órdenes de captura de los cabecillas de organizaciones criminales.
Las Cortes advierten que la independencia judicial, en particular, “es esencial para que los jueces y fiscales ejerzan a cabalidad las funciones públicas de administrar justicia, investigar y sancionar los delitos; misión dirigida a garantizar que los ciudadanos, agentes oficiales e instituciones respeten y obedezcan la Constitución Política y la ley”.
“En esta dirección, es muy positivo para el país el anuncio del encuentro que próximamente sostendrán el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado”, señalan.
El principal punto de diferencia es la búsqueda de la ‘paz total’. Por un lado, mientras que el mandatario quiere avanzar a toda costa en su propósito de Gobierno, el jefe del ente acusador se convirtió en una especie de freno de mano con argumentos jurídicos que indican que es imperativo buscar la paz, pero sin violar la Constitución y la ley.
Eso fue exactamente lo que pasó, hace varios días, cuando el fiscal se negó a levantar las órdenes de captura de 16 peligrosos criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca, entre ellos cinco extraditables.
Pero ese no es el único tema que ha avivado diferencias. El pasado jueves, presidente Gustavo Petro, desde Davos (Suiza), en su cuenta de Twitter, cuestionó la decisión de la Fiscalía de no convocar una mesa de trabajo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y citar a declarar, bajo gravedad de juramento, al director de esa entidad, Daniel Rojas, para que precise sus denuncias por presuntos hechos de corrupción en el manejo de inventario de los bienes.
“No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia”, sostuvo Petro. “Sin ayuda de la Fiscalía buscaremos cómo los bienes de la mafia en extinción del dominio dejan de estar controlados por la mafia”, agregó el presidente.
Y, como era de esperarse, la respuesta del fiscal Barbosa fue inmediata: “Le pido al señor presidente respeto por la Fiscalía, su independencia y la lucha contra la mafia, a la que le hemos arrebatado 26 billones de pesos durante mi administración. La falta de colaboración de los miembros de la SAE no puede significar la parálisis del ente acusador”, dijo Barbosa con lo cual se agudizó el debate de cara a la reunión que sostendrá con el primer mandatario.
La historia secreta que reveló SEMANA
Detrás de este choque entre la Casa de Nariño y la Fiscalía hay una historia secreta que SEMANA revela. El pasado 10 de enero, Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera se reunieron en el búnker con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y el secretario jurídico de la Casa de Nariño, Vladimir Fernández.
El encuentro transcurrió normalmente. Allí, la Fiscalía dejó en claro que era imposible levantar las órdenes de captura con fines de extradición en el marco de la ‘paz total’ y que se requería para este fin una ley de sometimiento. Los representantes del Gobierno se comprometieron a que esto no sucedería. Sin embargo, al día siguiente, al despacho de Barbosa llegaron dos decretos firmados directamente por el presidente Gustavo Petro y dos oficios en los cuales el comisionado Rueda le pedía al ente acusador firmar y levantar las órdenes de captura. La sorpresa fue mayúscula. En el listado estaban incluidos los nombres de los cinco extraditables, lo que no solo prendió las alarmas en la Fiscalía, sino en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Por esa razón, tras un estudio detallado, la Fiscalía le respondió al Gobierno que era imposible levantar dichas órdenes de captura. Pero, además, hubo un argumento de peso: los narcotraficantes no tienen estatus político porque son delincuentes comunes, como lo ha dicho la Corte Constitucional y su jurisprudencia, y su único camino es el sometimiento.
La Casa de Nariño acusó el golpe y el ministro del Interior, Alfonso Prada, salió públicamente a decir que el presidente sí tenía facultades para hacer esa solicitud. SEMANA conoció incluso que la Secretaría Jurídica de Palacio estaba dispuesta a insistir, pero la Fiscalía ya tenía lista la respuesta. Sería una resolución firmada por el fiscal sin apelación alguna. “No es no”, así se lo dijo la vicefiscal Mancera a este medio.
A partir de ese instante, el fiscal entregó varias declaraciones a medios de comunicación, como Caracol Radio y Blu Radio, endureciendo su posición frente al Gobierno Petro. Y soltó frases como estas: “No soy un subalterno del presidente de la República”, “No voy a incurrir en delitos de obstrucción a la justicia en Estados Unidos” y “No se le puede decir sí a todo lo que plantea el presidente de la República”.
Además, advirtió que todos aquellos miembros de la fuerza pública que abandonen a la población y no cumplan con su labor constitucional de proteger el territorio podrán ser procesados por omisión e incluso ir a la cárcel. La Fiscalía también anunció el llamado a interrogatorio a la jueza que dejó libres a miembros de la primera línea, como lo pidió el Gobierno Petro.
Adicional a las razones jurídicas, en la Fiscalía hay una gran preocupación por el recrudecimiento de la violencia y la inoperatividad del Ejército y la Policía desde que se inició el cese al fuego bilateral con cuatro organizaciones criminales, excepto el ELN, que advirtió que no había negociado cese alguno y desató una crisis en la mesa de conversaciones de Caracas.