En un trabajo conjunto entre el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República fueron detectados en la entidad de cuidado infantil 220 contratos irregulares en manos de 59 operadores, los cuales tenían el mismo representante legal, idéntica dirección de domicilio, fecha de constitución y error en el objeto y alcance.
Notaron la irregularidad tras realizar una auditoría forense de los contratos en la que encontraron registros de personal en nóminas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores, proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico y lo realizaban en uno menor para evitar el pago a proveedores y cobrar más de lo correspondiente.
Astrid Eliana Cáceres, directora del ICBF, utilizó la red social X para darle más eco a esta situación.
“Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones, el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana. Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos”, reveló la directora general.
Las irregularidades descubiertas también incluyen incumplimientos al objeto de los contratos celebrados, en cuanto al número de niños atendidos, según los cupos otorgados y pagados. Igualmente, se evidenció una presunta documentación falsificada para soportar experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia.
Cáceres insistió en que los recursos de los menores “son una responsabilidad, no un negocio” y que todos estos casos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las respectivas sanciones.
Cambio en la contratación
La directora del ICBF también informó que la entidad está cambiando su modelo de contratación, que ahora, dice, “es más democrático”. La idea es priorizar organizaciones de base comunitaria como aliados para garantizar los derechos de las niñas y los niños.
Así, el 49,9 % de las organizaciones aliadas son comunidades indígenas, asociaciones de padres y madres, y juntas de acción comunal. A la fecha, 786 organizaciones de este tipo han sido escogidas para atender a los menores, 67 de ellas son de grupos étnicos como: cabildos, autoridades tradicionales indígenas y con poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Se busca minimizar la tercerización en la contratación estatal y fortalecer lo público.
“El ICBF está fortaleciendo la atención integral a la primera infancia, a través de un nuevo modelo de contratación que promueve el mejoramiento de las condiciones de calidad, oportunidad y pertinencia bajo un enfoque territorial e intercultural. Además, ha sido claro con los aliados responsables de la atención a la niñez, indicando que la contratación con el instituto es una responsabilidad, no un negocio, y que los niños y niñas son vidas y no cupos”, sostiene un comunicado del instituto.
También la Contraloría
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General de la República anunció el pasado 26 de febrero un “seguimiento especial” al proceso de contratación llevado a cabo por el ICBF para atender a los Centros de Desarrollo Infantil, debido al retraso en la atención de 785.905 niños de 0 a 5 años.
Según la Diari, el proceso adelantado por el ICBF hasta la fecha “rompe los principios de contratación estatal de planeación y de responsabilidad, cuyo fin es cumplir los objetivos del Estado para prestar los servicios a la comunidad, en este caso concreto a una de las poblaciones más vulnerables del país”.
El proceso de contratación, que inició el 28 de diciembre de 2023, buscaba adjudicar contratos de aportes para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) –destinados a atender la educación inicial, cuidado y nutrición de los menores de 5 años–, Hogares Infantiles (HI), Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF) y Educación Inicial Rural (EIR), con un presupuesto de $3.033.038.286.259 (más de tres billones de pesos) por una duración de 330 días, según el Secop II.
Se presentaron 1.417 ofertas y se han recibido aproximadamente 690 reclamaciones, denuncias y recursos, algunas con connotación penal por presunta falsificación de documentos, según el órgano de control.