El Consejo de Estado empezó ya el estudio de una demanda que pide, entre otras cosas, tumbar el decreto que ordenó sacar de la cárcel a miembros de la primera línea “antes de Navidad” del 2022. Dicha demanda había sido revelada en primicia por SEMANA en el momento en que fue admitida por alto tribunal.
Y es que cabe recordar que el Gobierno Petro presentó la decisión de pedir la libertad de estos jóvenes como un “regalo de Noche Buena” para todos los colombianos:
“Centenares de jóvenes que fueron detenidos en las protestas en las que se registraron desmanes en diferentes departamentos de Colombia serán liberados antes de la Noche Buena”, aseguró Petro al anunciar que emitiría un decreto para que los miembros de esta organización que se encuentran detenidos pasen a ser gestores de paz.
De esta manera, el alto tribunal, aunque tiene que entrar a revisar a fondo los argumentos, ya avanza en la discusión.
SEMANA conversó con el demandante, el congresista Hernán Cadavid, sobre la decisión que acaba de tomar el alto tribunal, en el sentido de aceptar la demanda que pide anular este decreto y señala que este se emitió por parte del ejecutivo, prácticamente, pasando por encima de jueces y magistrados.
“Esperamos que este mecanismo de control sea revisado y el Consejo de Estado corte de una vez por todas las ambiciones de Gustavo Petro de estar dándole libertad a quien no la merece”, dijo el representante Cadavid en diálogo con SEMANA.
Según el congresista, la demanda que anunció se basa, fundamentalmente, en dos argumentos. El primero es que la figura de gestores de paz se usa con miembros de grupos al margen de la ley que tienen un estatus político, como es el caso del ELN.
“La figura de gestores de paz se ha utilizado tradicionalmente para beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley, no personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales y tortura, entre otros, como están procesados los miembros de la primera línea”, indicó el representante.
El otro elemento que tendrá en cuenta la eventual demanda es que fue un fiscal ante un juez de la República el que llevó a estos detenidos a la cárcel, por lo que el decreto tendrá que tener esta circunstancia, de lo contrario, se estaría entrando en un choque con la justicia.
“No puede Gustavo Petro someter las leyes de la República para cumplirle caprichos personales y compromisos políticos a los sectores que lo ayudaron en las calles, en las movilizaciones y en el llamado estallido social, que terminó siendo una manifestación política a favor del hoy presidente”, concluyó Cadavid.
“Como se observa, la nulidad por inconstitucionalidad procede contra los decretos de carácter general dictados por el Gobierno nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución, así como contra los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno nacional, siempre y cuando tales actos infrinjan directamente la Constitución Política, lo que significa que entre la disposición demandada y el texto constitucional no media una norma legal de la cual dependa el reglamento general objeto del proceso”, señala un aparte del documento conocido por SEMANA.
Vale la pena recordar que el 28 de abril de 2021 Colombia vivió un estallido social con decenas de protestas y marchas a lo largo del territorio nacional; colombianos que no estaban de acuerdo con las políticas del gobierno del entonces presidente Iván Duque.
El paro se extendió por cerca de dos meses y los actos de violencia fueron el pan de cada día de una Colombia que se vio sumida en el temor y en la represión violenta.
De acuerdo con un informe realizado por Indepaz, se reportaron un total de 1.832 detenciones ilegales en el marco de las protestas, la gran mayoría de ellas de jóvenes, incluso muchos de ellos menores de edad.
Lo que dijo Gustavo Petro sobre los jóvenes de la primera línea
En medio del discurso desde el balcón de la Casa de Nariño, con motivo de la movilización para defender las reformas que impulsa el Gobierno, el presidente Gustavo Petro volvió a salir en defensa de los miembros de la primera línea que se encuentran detenidos y pidió nuevamente su liberación.
Esta solicitud se enmarca en el anuncio que hizo Petro en diciembre del año pasado de nombrar como voceros de paz a algunos de los jóvenes de la primera línea que se encuentran detenidos, con el fin de que puedan salir de las cárceles para hacer pedagogía a favor de la paz.
Sin embargo, a pesar de que el Gobierno ha hecho varios de estos nombramientos, los jueces de la República han rechazo alguna de estas solicitudes, bajo diferentes consideraciones.
Este hecho ha molestado al jefe de Estado, que este martes, en pleno discurso desde la Casa de Nariño, envió un duro mensaje a la justicia: “Sueltan a los asesinos, pero no sueltan a nuestra juventud”.