La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Policía Nacional, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la adquisición de una aeronave por valor cercano a los $12 millones de dólares.
La Sala Disciplinaria de Instrucción indagará los hechos, dados a conocer a través de los medios de comunicación, para determinar si con la compra del avión hubo irregularidades con las que se pudo configurar o materializar un detrimento a las arcas o el patrimonio del Estado, o una violación a los principios contractuales.
Se trata de un avión ejecutivo, tipo jet, marca Embraer Legacy 600, para la Policía Nacional, por un costo de nada menos que de 12 millones de dólares. Una gigantesca inversión que ha generado una avalancha de críticas, porque no se trata de una aeronave para apoyo de operaciones, sino de un avión de transporte lleno de lujos que de inmediato puso todos los reflectores sobre la transparencia en las compras que hace la Policía.
El Ministerio Público sostuvo que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los funcionarios comprometidos en las conductas objeto de averiguación, por lo que solicitó practicar pruebas conducentes a la identificación e individualización de los mismos.
Precisamente, una auditoría realizada por la Contraloría General a la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S. A. (Ciac) encontró presuntas irregularidades en la compra de un avión, por 12 millones de dólares para la Policía.
La investigación concluye que hay 19 hallazgos, según los cuales los implicados podrían ser sujetos de millonarias sanciones y hasta cárcel. Hay desde incidencias disciplinarias, pasando por fiscales y hasta penales.
Entre los implicados, además de la Ciac, podrían estar el DNP y la dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, según el informe conocido por SEMANA. El primer hallazgo se relaciona con la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 para la Policía Nacional. Hay que señalar que la Ciac tiene como misión “impulsar con excelencia el desarrollo de la industria aeronáutica Colombiana”.
Los resultados de la auditoría señalan que se habría configurado un presunto detrimento patrimonial, al adquirir un avión por 12.160.000 de dólares, para el transporte de 13 pasajeros, a un precio que –inclusive– estuvo “sensiblemente” por encima del que en ese momento ofertaba Ecuador, mientras que el fin era adquirir aeronaves para transportar hasta 44 pasajeros.
Sobrecosto y más
Aparte de que no se compró un avión con la capacidad que se requería, el precio de compra pactado se llevó por delante la financiación de todo el proyecto de inversión, según el informe del organismo de vigilancia, toda vez que se pensaba originalmente adquirir tres aeronaves del mismo tipo, pero la adquisición de uno solo se llevó el 41,5 % del presupuesto total establecido.
Según el argumento de la Contraloría, en el informe, “se priorizó la compra de una aeronave con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional, lo que redundaría en una mejor prestación del servicio de patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana. Por lo tanto, no está cumpliendo con el objetivo general del proyecto, y no representa una compra que haya sido fruto de un análisis objetivo de la necesidad, priorizando de manera inadecuada un objeto contractual que no genera un valor agregado al servicio policial y dando prelación a la compra de un bien que, en primer lugar, no va a satisfacer la capacidad operacional esperada debido al cambio a unas especificaciones de lujo que no permitirán cumplir con la necesidad principal planteada en el proyecto”.
Otro de los cuestionamientos de la Contraloría es el hecho de que se pactara un porcentaje del 3 % del ICA, sobre el valor del convenio, por concepto de recuperación de costos, lo que implicó pagar 7.140 millones de pesos más, lo que se constituyó en un pago adicional que se pudo ahorrar.
Un paquete de aviones
En la investigación se revela que el 27 de enero de 2022, la Policía Nacional, desde la Dirección Antinarcóticos, y la Ciac S. A. suscribieron el Convenio Marco Interadministrativo de Colaboración, para “aunar esfuerzos” entre las dos entidades, para la adquisición y entrega de las aeronaves. La firma con la cual se pactó la compra es el Consorcio Aeronaves PNC, de acuerdo con lo establecido por la Contraloría.
Así se pactaron los pagos
El valor del mencionado convenio es de 200.000.000.000 de pesos, equivalentes a los aportes en dinero realizados por la Policía, los cuales serían girados dentro de los 15 días calendario, siguientes a la presentación de la solicitud de giro por parte de la Ciac. Fue así como, el 14 de febrero de 2022, se suscribió el acta de inicio del Convenio.
Casi a un mes después de esa actuación, se procedió a introducirle una modificación al documento, de acuerdo con lo señalado en el informe, según el cual se agregó al fin inicial, de adquisición de aeronaves, “la contratación de todos aquellos servicios asociados que tengan relación directa con la operación de las aeronaves dentro de las cuales se encuentran de manera enunciativa, mas no limitativa, los manuales, capacitaciones, cursos, soporte logístico y demás necesarios que serán informados por el Área de Aviación”.