La Fuerza Naval del Pacífico confirmó que a esta hora adelanta un fuerte operativo fluvial y aéreo en Buenaventura para dar con la captura de 14 presos que se fugaron en las últimas horas. Se trata de un colombiano, tres costarricenses, dos ecuatorianos y ocho nicaragüenses.

Según información preliminar, los prófugos fueron capturados por transportar estupefacientes en lanchas; asimismo, estaban con medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva a órdenes de la autoridad judicial de las instalaciones militares de Buenaventura, donde se encontraban a la espera de su traslado a un centro carcelario y penitenciario, requeridos por la Fuerza Naval desde la imposición de la citada medida.

“Unidades de la Armada de Colombia en coordinación con la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación, activaron el plan candado en todo el Distrito de Buenaventura para dar con la ubicación y posterior recaptura de las 14 personas; desde el momento de la fuga iniciamos un despliegue de dispositivos marítimos y fluviales”, confirmó el capitán de fragata, Wilberth Roa, comandante guardacostas del Pacífico.

Por el momento, los hechos de esta fuga son materia de investigación. Sin embargo, una de las hipótesis, según la Armada Nacional, todo estaría relacionado con hacinamiento, tema al que se refirió el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien hizo una propuesta para que se defina la situación jurídica de 180.000 personas que permanecen privadas de la libertad.

Según Osuna, es necesario hacer este conteo con el fin de definir los casos de personas que deben seguir en los centros carcelarios de Colombia y quienes pueden recibir beneficios como la detención domiciliaria o la libertad condicional con el brazalete electrónico.

Por esto les pidió a todos los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas del país hace un mes que los acompañen para la definición de la situación jurídica de esas 180.000 personas. “Nos acompañen con abogados voluntarios porque no es suficiente el personal para hacer un censo fidedigno”.

El objetivo de esta propuesta es verificar la situación individual de cada uno de los reclusos y determinar si se les puede conceder o no un beneficio. Esto ante la terrible situación de hacinamiento que se vive en la mayoría de centros caseros del país, en los cuales el número internos triplica el cupo establecido.

La situación es más grave aún si se tiene en cuenta, según dijo el ministro, que el reporte parcial indica que hay un número significativo de personas que ya tienen derecho a su libertad y siguen detenidos. Frente a esto se busca establecer qué personas están en esa situación.

Así como aquellas que ya cumplen con los requisitos para tener el beneficio de casa por cárcel o una libertad parcial, es decir que puedan salir entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. para realizar diferentes actividades como trabajo o estudio.

“Hay detenidos en estaciones de Policía y centro de detención transitoria, conocidos como URI, donde el hacinamiento es del más del 170 %, una situación catastrófica (…) es una negación absoluta de los derechos humanos de las personas detenidas”, precisó el jefe de la cartera de Derecho.

Según las cuentas parciales, a corte del 31 de agosto del presente año, 180.000 personas están privadas de su libertad en los diferentes centros carcelarios y penitenciarios del país 60.000 detención domiciliaria y cerca de 120.000 permanecen en las cárceles manejadas por el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), las alcaldías y gobernaciones.

Este proyecto se propone después de conocer la dramática situación que viven las personas que se encuentran retenidas en la estación de policía de La 19 de Riohacha, La Guajira. El caso fue revelado por la Defensoría del Pueblo, que aseguró que existe un hacinamiento del 2000 %, situación que afecta considerablemente la calidad de vida de esas personas que no cuentan con condiciones de salubridad, alimentación y mucho menos de atención de salud.