El Consejo de Política Criminal, integrado por el Gobierno, Fiscalía, Corte Suprema y Procuraduría, dio el aval en las últimas horas al proyecto de sometimiento de bandas criminales.
Se trata de las reglas claras de juego con las que el Gobierno Petro busca desmantelar las organizaciones criminales en Colombia con plazos entre dos y tres años para el sometimiento a la justicia.
En este caso, el Consejo señala que lo primero a tener en cuenta es que la iniciativa legislativa bajo estudio se considera que carece de una robusta evidencia empírica (...) máxime cuando la propuesta conlleva un impacto serio y real en el sistema penitenciario y carcelario, pues las penas a imponer a los miembros de las estructuras organizadas de crimen de alto impacto oscilan entre seis y ocho años de privación física de la libertad, sin lugar a la posibilidad de redención de pena”, señala uno de los apartes.
SEMANA, cabe recordar, reveló el proyecto de ley que fue enviado al Consejo de Política Criminal con la finalidad de que se expidiera justamente el concepto antes de radicarlo en el Congreso de la República y pueda avanzar la iniciativa que busca someter a los narcos en Colombia.
Se trata del proyecto “por el cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones”, que tiene 20 páginas y 54 artículos donde están contempladas las disposiciones del Gobierno Petro para otorgar beneficios a miembros de organizaciones ilegales que tengan relación directa con el narcotráfico.
Pero el Consejo de Política Criminal va más allá y también deja claro algunos reparos, como en tema presupuestal:
“Otra observación a tener de presente es que se evidencia que la iniciativa prevé o apunta a la creación de cargos al interior de entidades como la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para poder cumplir con los propósitos del proyecto, lo que daría lugar a la necesidad de adición de recursos, pese a lo cual la exposición de motivos no hace un análisis de dicha carga presupuestal”, señala uno de los apartes.
Según el articulado, los integrantes de bandas criminales que decidan someterse a la justicia pagarían penas entre los seis y ocho años de cárcel, siempre y cuando haya información clara sobre rutas y funcionamiento de las estructuras criminales. Como la iniciativa entrará a debate en el Congreso y el articulado podría cambiar, por ahora no importaría el tipo de delitos cometidos si se cumplen con los requisitos del sometimiento.
Un componente importante de este proyecto de ley es que los integrantes de las organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves podrían ser beneficiados con la renuncia de procesos en su contra, por lo que, seguramente, muchos quedarían sin cuentas pendientes con la justicia.
“Como se enseña en la exposición de motivos, este contempla la etapa de procesamiento, en la que se establece la participación de las víctimas en el proceso de atribución de responsabilidad penal, los recursos que pueden interponerse contra las decisiones que se profieran en el procedimiento judicial, el incidente de restauración de los daños colectivos, el procesamiento para la aplicación del principio de oportunidad, la entrega de información para la imputación colectiva, el contenido del escrito de imputación colectiva, la etapa de aceptación de responsabilidad, la validación del allanamiento a la imputación colectiva, verificación de la imputación con allanamiento, la solicitud de medida de aseguramiento”, señala otro aparte.
“En este orden de ideas, resulta adecuado y necesario que el Gobierno nacional procure por los medios que tiene a su disposición, con respeto y apego al marco democrático sobre el cual se cimienta el Estado colombiano, buscar las alternativas y caminos que busquen y propendan por alcanzar la paz para con los administrados, resultando acertado procurar el mismo con iniciativas legislativas como la analizada en esta oportunidad”, advierte el documento de 13 páginas.
Los reparos del fiscal general
Justamente la suspensión de las órdenes de captura de miembros de bandas criminales es el tema más espinoso y que marca diferencias más radicales entre Petro y Barbosa. El fiscal, en lo que dijo que fue un diálogo razonable y tranquilo, fue claro en señalar que eso no se puede realizar con organizaciones que no son de carácter político como el Clan del Golfo y estructuras criminales como Los Pachenca y Los Caparros.
El fiscal contó que le fue planteada la solicitud de levantamiento de las órdenes de captura a las disidencias de las Farc, entre las cuales están la Segunda Marquetalia, que firmaron el acuerdo de paz y lo incumplieron, y las comandadas por Iván Mordisco, que nunca se sentaron a la mesa de negociación.
Sobre este tema, el fiscal Barbosa se manifestó respetuoso y del fuero del presidente. “Esa no es una respuesta que yo puedo dar porque no soy el presidente, es él en sus funciones constitucionales el encargado de decirle al país a qué nos estamos refiriendo. Eso nos va a servir mucho a nosotros para tomar las decisiones correspondientes para el levantamiento de las órdenes de captura”. En síntesis, será el mandatario el que diga si les reconoce o no el estatus político a las disidencias.
Bienes de los criminales
El segundo tema en el cual se mantienen las diferencias está en la entrega de bienes de parte de estas organizaciones criminales y la posibilidad, como señala la propuesta, de que se queden con el 6 % de lo obtenido de forma ilícita. Ahí el fiscal también marcó una línea roja.
“Todos los bienes que la Fiscalía ha perseguido, que ya tiene en el marco de un proceso de extinción de dominio, que ya existe una medida cautelar, no pueden ser incluidos dentro de las actas de las personas que van a aplicar a esta ley de sometimiento como bienes para reparar víctimas, porque esa tarea ya la hizo el Estado. Ellos no pueden entregar lo que ya les quitaron, lo que ya no tienen”, afirmó Barbosa, quien puso el candado sobre 26 billones que ha recuperado la entidad bajo esa figura.
En el proyecto de ley de sometimiento se plantea que haya una unidad especial en la Fiscalía que acogería esta iniciativa. Barbosa planteó la necesidad de una modificación al señalar que “la Fiscalía General de la Nación es la que aplicará el proyecto de sometimiento a la justicia en su totalidad. No es una unidad de la Fiscalía, es decir, todas las unidades trabajarán en eso, porque el criterio lo da el fiscal general y en ese sentido debe modificarse el proyecto”.