El vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, anunció que si el Estado pierde el litigio con la firma Thomas Greg por el lío en torno a la licitación para el contrato de pasaportes, se embargarán las cuentas y bienes de los funcionarios de la Cancillería responsables de esta afectación económica a la Nación.

“Lo que hay ahorita es una revisión y una demanda que entra en lo contencioso-administrativo, en cabeza de un juez de la República, para determinar si efectivamente el Estado o la empresa tiene alguna razón. En el caso de que el Estado tenga la razón, efectivamente no hay ningún contratiempo, ninguna dificultad, pero en el caso contrario lo que sí queremos aclarar es que una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal”, indicó el funcionario.

“De manera inmediata se deben iniciar, como lo hemos hecho para todos los otros casos, medidas cautelares para los involucrados o los responsables de haberle causado un daño al patrimonio público de los colombianos. Eso significa que una vez se apertura el proceso se embargan cuentas y bienes de las personas involucradas en esta decisión”, agregó Zuluaga.

De acuerdo con Zuluaga, los bienes que serían objeto de embargo estarían los de “las personas responsables, del canciller y de las personas que estuvieron a cargo de esas decisiones”.

Cabe recordar que, tras una conciliación fallida con la Cancillería, la firma Thomas Greg & Sons anunció que acudirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para demandar al Estado por supuestas afectaciones económicas y daño reputacional, como consecuencia de que se declarara desierta la licitación en la que se iba a adjudicar el millonario contrato para la expedición de pasaportes en todo el país.

La Cancillería, en cabeza del ministro Álvaro Leyva, decidió declarar desierto el proceso debido a que Thomas Greg, la firma que lleva manejando este contrato durante los últimos 20 años, era la única oferente.

Este será un litigio que podría durar años. En caso de que el Estado colombiano sea vencido, la Cancillería, con dineros públicos, deberá pagar la millonaria indemnización en los términos en los que un juez lo determine. Thomas Greg pide ser indemnizada con una suma que supera los 117.000 millones de pesos.

Mientras tanto, está vigente un contrato por un año para la expedición de las libretas y pasaportes y que le fue adjudicado bajo la figura de urgencia manifiesta a Thomas Greg mientras se desarrolla un nuevo proceso licitatorio que ya fue anunciado por el Gobierno nacional.