Este martes, la Procuraduría General anunció que instaló mesas de concertación para evitar que el servicio del transporte masivo MIO, en la ciudad de Cali, se viera afectado como consecuencia de la diferencias económicas con los operadores.

Y es que el MIO está en el ojo del huracán. Por ejemplo, toda una polémica ha suscitado en las últimas horas una denuncia realizada por el excandidato a la alcaldía de Cali Alejandro Eder. El político aseguró que mientras los ciudadanos están distraídos en la Feria, que empezó el 25 y va hasta el 30 de diciembre, el Concejo busca aprobar un proyecto que compromete millonarios recursos que agrandarían la deuda de la ciudad.

“La administración de Cali y el Concejo discutieron el proyecto que más va a impactar las finanzas públicas. Quieren alargar el tiempo de la sobretasa de gasolina para llegar al 2045 y recaudar 1.3 billones de peso. Eso es como si doblaran la deuda de Cali, traer mucha plata que hoy mismo se podría gastar la administración”, dijo Eder, al tiempo que recalcó que la aprobación de la iniciativa podría quedar lista antes de acabar el año.

En este caso, en el marco de mesas de concertación, propiciadas por el Ministerio Público, la Alcaldía de Cali y Metrocali hicieron desembolsos por 24.000 mil millones de pesos como aporte a la deuda evitando de esta manera una posible crisis en el servicio.

La mesa de concertación de la Procuraduría sirvió como escenario para que representantes de la administración y empresas operadoras como Git Masivo, Unimetro, Blanco y Negro y ETM, expusieran sus diferencias y alternativas de solución y dio lugar al pago realizado por la Alcaldía, como un principio de acercamiento entre las partes.

De esta manera, “la actuación preventiva del organismo de control mitigó para el mes de diciembre la posibilidad que los operadores del sistema dejaran de prestar el servicio de transporte, por ausencia de caja para su operación, garantizando con ello los derechos colectivos de acceso al servicio público de transporte”, señala el ministerio público.

La Procuraduría recalcó que mantendrá la mesa preventiva a fin de lograr avenencia entre las partes y encontrar así vías de concertación definitivas que permitan resolver el conflicto que actualmente se discute en tres tribunales de arbitramento y en prevención de una crisis de movilidad en la ciudad de Cali.

El propio alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo días atrás que avanza una propuesta que busca que los recursos de la sobretasa a la gasolina se inviertan en la infraestructura del Masivo Integrado de Occidente (MIO), que atraviesa una dura crisis, y en la compra de buses nuevos para este sistema de transporte.

En conversación con SEMANA, el concejal Juan Martín Bravo acusó al empresario Alejandro Eder de desconocer los tiempos del Concejo de la ciudad y señaló que les resulta imposible aprobar el proyecto antes de fin de año. No obstante, aceptó que la iniciativa va viento en popa, pero quedaría pendiente para 2023.

“Nosotros tenemos sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre. El proyecto sí se está debatiendo, pero va a quedar máximo hasta primer debate porque los tiempos no dan para aprobarlo. Evidentemente el acuerdo hay que discutirlo mucho toca temas muy profundos”, expuso.

Para que el proyecto sea aprobado debe pasar dos debates en el Concejo. Los cabildantes regresarán a sesiones ordinarias en marzo, pero Ospina podría convocar sesiones extraordinarias para discutir la propuesta de la sobretasa a la gasolina antes de esta fecha.

Los precios de 2023

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), de la cual es parte Santiago de Cali, anunció que las tarifas del transporte público masivo tendrán un alza del 12,53 %, correspondiente a la variación anual del IPC a noviembre de 2022.

La decisión se tomó de común acuerdo entre los alcaldes y alcaldesas que hacen parte de la asociación, quienes indicaron que este porcentaje representa un aumento inferior al 16 % del salario mínimo para el próximo año, anunciado por el Gobierno nacional.