La Corte Constitucional tomó la decisión este jueves de ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad por siete meses más, tal como lo había pedido el padre Francisco de Roux a través de una carta enviada en agosto de este año. En la ponencia, elaborada por el magistrado Ibáñez, se considera que están los elementos y condiciones dadas para que se permita operar a la Comisión hasta el año 2022.
La decisión se da con 8 votos a cero, con impedimento de la magistrada Cristina Pardo.
Fue en agosto que el padre De Roux señaló que es necesario prolongar el tiempo en el que la Comisión funciona: “Para satisfacer el derecho a ser escuchadas del mayor número posible de víctimas y para contribuir a la comprensión de la verdad sobre el conflicto armado que quiere la sociedad, con el fin de poder avanzar hacia la construcción de un futuro compartido desde nuestras diferencias. Es muy importante que la Comisión pueda cumplir a cabalidad su tarea”.
La Corte Constitucional explica que, para llegar a esa conclusión, la Sala Plena tuvo en cuenta las intervenciones presentadas en el curso del proceso por las víctimas del conflicto armado, quienes explicaron que las medidas implementadas para mitigar y contener la pandemia generada por la covid-19 –entre ellas, el distanciamiento social, el aislamiento preventivo obligatorio y la prestación del servicio público a través de medios virtuales– impidieron la entrega de sus declaraciones y, en consecuencia, hicieron nugatorio su derecho a la verdad.
En tal virtud, al resolver la demanda, con la sentencia proferida en la fecha y respetando la cosa juzgada que ampara la sentencia, la Corte resolvió estarse a lo resuelto en ella. En consecuencia, advirtió que expresiones “por un periodo de tres (3) años de duración” y “por el término de tres (3) años se refieren a un periodo de funcionamiento efectivo, el cual, por efecto de las medidas de aislamiento y distanciamiento social adoptadas para contener la pandemia de covid-19, va hasta el 27 de junio de 2022, seguido del periodo de socialización del informe, que es de dos meses, y que culmina el 27 de agosto de 2022″.
“Concretamente, señalaron que dichas medidas imposibilitaron que la CEV integrara su versión de los hechos al informe que debe entregar al término de su mandato bien porque: (a) la entrega de sus declaraciones por medios virtuales genera temor, o impide la reconstrucción efectiva de la memoria del conflicto; o (b) porque no tenían acceso a las herramientas necesarias para participar en el proceso de esclarecimiento de la verdad mediante el uso de TIC”, explica el Alto Tribunal.
En una carta, dirigida a la Corte Constitucional, De Roux deja claro que “de lo contrario (es decir, en caso de negarse la extensión) el aporte sustancial del sistema integral para la paz, que es central en la Constitución, quedaría incompleto”.
El Alto Tribunal recibió y tuvo en cuenta varios conceptos. Hace pocas semanas, por ejemplo, la procuradora Margarita Cabello Blanco, en un concepto remitido a la Corte Constitucional, pidió en ese mismo sentido ampliar en siete meses el periodo de vigencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), a fin de garantizar el derecho a la verdad y a la no repetición de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El argumento de la procuradora Cabello era que “las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia ocasionada por la covid-19 impidieron el cumplimiento de los tiempos fijados para la ejecución de la misión constitucional de la CEV en las regiones. En especial, aquellas donde ha existido pobreza, desigualdad, ausencia de las autoridades, carencia de los servicios de salud y precarias condiciones sanitarias, las cuales, desafortunadamente, coinciden con las zonas más afectadas por el conflicto armado”.
Otras voces se oponían. Por ejemplo, en el Centro Democrático no cayó para nada bien la solicitud que presentó el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, a la Corte Constitucional para extender su periodo por unos meses más. La petición se radicó porque la vigencia es de tres años, según lo firmado en La Habana (Cuba), y terminará en noviembre de este año.
Por esa razón, el senador Ernesto Macías criticó fuertemente al padre De Roux al considerar que la petición que presentó no tiene sustento alguno y que el informe final deberán presentarse antes de acabar 2021. “La “Comisión de la Verdad” ha tenido más del tiempo suficiente para cumplir su misión, pero el sesgo ideológico de quienes la conforman no permitirá conocer la verdad que esperan las víctimas. Esa Comisión debe entregar el informe final, sin dilaciones ni prórrogas”.