La Corte Constitucional acaba de emitir un pronunciamiento histórico en el que tuteló derechos de 36 privados de la libertad en el centro penitenciario La Picota de Bogotá, que solicitaron protección por el hacinamiento, malas condiciones de salubridad, escasa alimentación, problemas de acceso a agua potable, dificultades para el acceso a servicios de salud y malos tratos en las requisas, entre otros.
En el tema de hacinamiento y salubridad, en la decisión conocida por SEMANA, se ordena al Inpec y a la Dirección de la cárcel La Picota, que adelanten investigaciones sobre el presunto cobro para la asignación de celdas y que adopte un plan para mejorar la higiene del penal y controlar la presencia de roedores e insectos.
Aunque el alto tribunal no reveló más detalles, sí se tiene información de altas sumas de dinero que se cobran para ser asignado a lugares donde se tendrían privilegios.
Para la Corte, existe otra situación preocupante y es el estado de algunos alimentos que le son suministrados a los privados de la libertad “derecho que es de protección inmediata y que no puede suspenderse o limitarse”, por lo que también, la Corte Constitucional, ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) iniciar las investigaciones disciplinarias pertinentes.
Frente a la alimentación, la Sala tuvo en cuenta la denuncia hecha por el contratista encargado de este tema: “La principal afectación a las cantidades de las porciones de alimentos recibidas por los privados de la libertad se materializa en la problemática generada desde el momento que estas son liberadas por este operador en el servicio de alimentos hasta el punto de distribución o entrega final a los internos, pues es en este lapso donde las raciones están expuestas a saqueos por parte de terceros ajenos al servicio y en donde brilla por su ausencia la seguridad brindada por la guardia del establecimiento”, se lee en la decisión.
Frente a las denuncias de tratos crueles e inhumanos, se otorgó 15 días al Inpec y a la Dirección de La Picota para que modifiquen el protocolo de seguridad para los procedimientos de inspecciones, y se advierta que las requisas intrusivas se encuentran constitucionalmente prohibidas.
Para el tema de los obstáculos en el trámite de derechos de petición, se ordenó al Inpec y al centro de reclusión que capaciten a la guardia y a las PPL sobre los procedimientos para radicar peticiones. Los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo salvaron parcialmente su voto.
En febrero pasado, SEMANA reveló en exclusiva una grave denuncia sobre el mal estado de los alimentos que se les estaban dando a los presos. Entre estas se encontraban sopas llenas de gusanos, carne con olores fétidos, frutas y verduras a punto de pudrirse.
Así mismo, se dio cuenta de cocinas que no cumplían el más mínimo requisito para preparar alimentos: estas fueron algunas de las graves irregularidades que encontró el Inpec en la mayoría de las cárceles del país.
Todo esto quedó registrado en fotografías y declaraciones de varios internos que se han visto obligados a consumir estos alimentos, con el gran riesgo de intoxicarse o enfermarse gravemente. Las tres comidas que reciben diariamente, en algunos casos, no cumplen los requisitos nutricionales, puesto que las porciones son muy pequeñas, no tienen la proteína exigida o están preparadas en muy malas condiciones.