La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que suspenda, de manera inmediata, la comercialización de productos químicos agropecuarios con el componente activo clorpirifós (CPF).

La entidad, según la Corte Constitucional deja claro en la decisión conocida por SEMANA, tendrá seis meses para eliminar, de forma definitiva, el uso de esta sustancia. La decisión busca proteger los derechos a la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA) colombianos.

La Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, estudió la tutela que presentó un ciudadano en favor de los derechos de su hija menor de edad. En el país se comercializa y utiliza el plaguicida CPF, tanto en cultivos como en la alimentación de animales. No obstante, por sus niveles de toxicidad, este producto fue prohibido en la Unión Europea y en Estados Unidos.

La Corte revisó los estudios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), según los cuales la exposición a CPF incide en el desarrollo de enfermedades como cáncer, diabetes o párkinson. Además, puede producir accidentes cerebrovasculares, parálisis respiratoria e, incluso, la muerte.

Para la Sala, “la exposición de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes a este plaguicida presenta resultados adversos en el desarrollo neurológico (…) (cambios en la morfología cerebral, retrasos en las funciones cognitivas y motoras, déficit de atención y temblores). Esto porque los NNA absorben rápidamente la molécula y esto impacta en su crecimiento y desarrollo”.

El Alto Tribunal encontró que el ICA, entidad encargada de autorizar el uso de plaguicidas y velar porque el sector agrícola funcione en condiciones adecuadas, ni siquiera evaluó el riesgo para la salud y la vida que, eventualmente, podría recaer sobre la población colombiana por el uso de esta sustancia.

En cambio, la entidad desestimó los argumentos del accionante bajo la idea de que se trataba de apreciaciones subjetivas. La sentencia indicó que continuar con el uso del CPF tendría como consecuencia que otros países se abstengan de importar productos colombianos por no ajustarse a sus estándares.

Esto impactaría negativamente en la actividad agrícola, cuya promoción también se encuentra a cargo del ICA. Por lo tanto, la Corte aplicó el principio de precaución en salud y concedió la protección de los derechos de los niños y niñas.

En este sentido, ordenó al ICA que “suspenda la comercialización del CPF y que adopte las medidas necesarias para eliminar definitivamente el uso de este pesticida”. Igualmente, el fallo le ordenó al Ministerio de Salud que acompañe al ICA en el cumplimiento de las órdenes y solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que vigilen el cumplimiento de esta sentencia.

Hace pocos meses, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) y Drone Innovation Lab, sellaron una alianza con el fin de impulsar el uso de los drones en uno de los productos emblemáticos de la agricultura del país.

Roy Vega, Gerente operacional de Drone Innovation Lab, asegura que los drones se han convertido en un aliado importante para las labores cotidianas de diversos sectores de la economía, especialmente para la agricultura.

“La posibilidad de que un agrónomo o un prestador de servicios pueda adquirir esta tecnología para analizar multiespectralmente y efectuar aspersión sobre cultivos eficientemente es una ventaja competitiva que mejora los procesos en el campo, evitando desperdiciar agroquímicos o dañar la cosecha”, afirmó.