La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la exsenadora Sandra Elena Villadiego Villadiego y el exrepresentante a la cámara Raymundo Elías Méndez Bechara, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio.

La sala dispuso la apertura de la investigación contra los excongresistas y ordenó su vinculación mediante indagatoria. Los investigados presuntamente habrían influido ante el Gobierno nacional con el fin de que se destinaran partidas presupuestales que les habían sido asignadas a ellos (los denominados cupos indicativos), para la financiación de proyectos civiles en el municipio de Galeras, Sucre.

“Habrían hecho toda esta gestión a cambio de recibir una contraprestación económica ilícita, previamente concertada con el mandatario local del municipio de Galeras”, advierte el Alto Tribunal.

Se trata de un nuevo capítulo de corrupción que enreda a congresistas y alcaldes que acaba de abrirse en el país. A comienzos de este año, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al exalcalde de Galeras (Sucre) Remberto, Javier Amell Hernández, y a tres personas más señaladas de conformar una organización criminal dedicada al direccionamiento de contratos.

En este carrusel están comprometidos los dos excongresistas ahora investigados.

Según el expediente, conocido en exclusiva por SEMANA, ambos habrían recibido comisiones del 15 % sobre contratos de obra pública adjudicados en esa región del país. La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra ambos excongresistas. Los ofrecimientos de plata los habría hecho directamente el entonces alcalde de Galeras, quien gobernó entre 2016 y 2019.

En el expediente, los investigadores encontraron presuntas irregularidades en tres contratos de obra, por casi 11.000 millones de pesos, para pavimentar las calles de Galeras, un municipio de 20.000 habitantes y ubicado a casi dos horas de Sincelejo. Según la investigación, dichos recursos fueron girados a la Administración Municipal de Galeras por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), gracias a la gestión en Bogotá de los entonces congresistas Raymundo Méndez Bechara y Sandra Elena Villadiego.

Junto con el exalcalde Amell Hernández, quien en su momento fue elegido por La U con 7.301 votos, también fueron capturados Carlos Eduardo Cueto Corrales, exsecretario de Planeación de Galeras; Lila Margarita Aldana Argel, allegada a la Alcaldía, y el contratista Jorge Carlos Álvarez Rivero. Todos aceptaron cargos.

“La estructura criminal determinó el pago de dádivas indebidas a congresistas y otros funcionarios públicos con el fin de, a través de convenios interadministrativos, direccionar recursos públicos desde el Departamento para la Prosperidad Social, con domicilio en Bogotá, dirigidos a financiar los proyectos de infraestructura presentados ante esa entidad por el municipio de Galeras. Y a su vez, direccionar los procesos licitatorios que con dichos recursos se adelantaran en el municipio para realizar las obras públicas”, señala el expediente de la Fiscalía.

El modus operandi detectado por los investigadores apunta a un presunto direccionamiento de los contratos desde la elaboración de los pliegos. En el expediente se habla de la “elaboración de propuestas falsas y de la propuesta ganadora para simular un proceso de contratación transparente y objetivo”, de común acuerdo entre los contratistas que recibirían las obras y el alcalde, sus funcionarios y los excongresistas involucrados.

En poder de las autoridades hay audios, mensajes y llamadas que probarían reuniones entre las partes implicadas en esta organización criminal.

En el caso del contratista Jorge Carlos Álvarez Rivero, representante legal del Consorcio Vías Galeras, la Fiscalía señala que su hermano, Héctor Julio Álvarez Rivero, actuó como intermediario para el direccionamiento de la contratación.

De hecho, ambos se reunieron con el entonces alcalde y con Lila Margarita Aldana, quien era cercana al mandatario. En dichos encuentros, según el expediente, “se acordó que se direccionaría en su favor el proceso de selección LP-007-2017 y que con el alcalde se manejarían en partes iguales los recursos del contrato para de allí realizar los pagos irregulares acordados para los congresistas atrás mencionados”.

Los contratistas habrían recibido información del proceso contractual antes de su publicación en el Secop “con el fin de preparar con antelación la propuesta ganadora”, advierte la investigación. Hay pruebas de que los involucrados en este carrusel de contratación habrían pagado por la elaboración de las propuestas falsas que no cumplirían los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones, con el fin de dar visos de legalidad al proceso”.