SEMANA conoció la decisión de la sala penal de la Corte Suprema que avaló la extradición del capitán en retiro Andrés Fernando Medina Rodríguez a Estados Unidos.
Medina es requerido para que responda por el vil acto de terrorismo registrado en la tarde del 15 de junio de 2021, en la Brigada 30 del Ejército Nacional, ubicada en Cúcuta, y que dejó 44 personas gravemente lesionadas, entre ellos varios militares estadounidenses que se encontraban en un curso de capacitación.
Cabe recordar que, tras su captura, el 22 de julio de 2021, utilizó toda su astucia: pese a que se declaró inocente de los delitos de terrorismo agravado; homicidio agravado en grado de tentativa; concierto para delinquir agravado; daño en bien ajeno agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado, vislumbró que buscaría un preacuerdo con la Fiscalía, entregando información clave con el fin de recibir una rebaja en su pena.
Según la decisión, “se acreditó que Medina Rodríguez conocían a la perfección que el ataque terrorista iba dirigido, además del personal militar colombiano, contra personal militar estadounidense que se encontraba al interior de esa brigada en Cúcuta”.
De esta manera, el alto tribunal decidió que su envío o traslado a Estados Unidos depende del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
De hecho, la sala penal deja claro que “el propósito de este ataque terrorista (...) era matar al personal militar estadounidense y colombiano que trabajaban en esa base militar colombiana”.
“Ahí están los gringos”
Como Pedro por su casa, el 27 de mayo de 2021, el capitán Medina ingresó en una camioneta de su propiedad a las instalaciones de la Brigada 30. Dentro del vehículo blindado y con vidrios polarizados sacó su teléfono celular para grabar su recorrido y dar instrucciones precisas sobre los lugares en los que se debían instalar unos paquetes.
Aprovechándose del hecho que era reconocido, el capitán ingresó en otras dos oportunidades para repetir el mismo modus operandi. En las grabaciones se escucha cómo el militar saluda a varios de sus excompañeros, algunos con los que luchó mano a mano por más de doce años y participó en actividades en contra del narcotráfico en el departamento de Norte de Santander.
“Ahí están los gringos, está el general, el comandante de la Brigada (...). Comando, vamos a identificar a las fuerzas especiales y la aviación”. El militar, quien hizo alarde de sus cursos de inteligencia y contrainteligencia, y le señaló claramente a su interlocutor los puntos estratégicos. “Aquí está la parte de inteligencia, véalos ahí reunidos”.
El 15 de junio, con esta información y una camioneta nueva que compró el padre del capitán por 120 millones de pesos, el militar ingresó nuevamente al Batallón en compañía de un conductor. Parquearon el vehículo cargado con pentrita y TNT. Dos horas después de dejarlo, la camioneta explotó. Cuatro minutos después se presentó el segundo estallido.
Las pruebas encontradas en el propio celular del capitán y unas interceptaciones telefónicas son el sustento de su extradición, donde se expone a una pena altísima por la gravedad de los hechos.
SEMANA reveló su confesión
Medina explicó en su declaración, revelada por SEMANA en exclusiva, que, tras su salida del Ejército, trabajó en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y allí conoció a Ciro Alfonso Gutiérrez, alias Ciro, también capturado por los ataques terroristas. Fue quien le ofreció una oportunidad de trabajo como instructor de combate para las disidencias de las Farc. Estuvo por varios meses al servicio de este grupo criminal hasta que le hicieron una oferta adicional: desarrollar actividades de inteligencia en la Brigada 30.
Andrés Medina salió del Ejército, en grado de capitán, tras sufrir un atentado el 15 de junio de 2015 y mientras se desempeñaba como piloto de helicópteros en Teorama, Norte de Santander. El ataque le dejó una incapacidad del 65 %, principalmente pérdida del oído derecho y algunas lesiones en las extremidades inferiores. Recibió una indemnización superior a los 171 millones de pesos y una pensión mensual de dos millones, de acuerdo con dos resoluciones que conoció SEMANA.
Esa condición médica le permitió al capitán en retiro ingresar de forma repetida al dispensario ubicado en la Brigada 30 sin despertar sospechas e incluso logró ganarse la confianza del personal de seguridad, que lo veía una vez por semana en los controles y terapias de recuperación física. Esa dinámica, según su interrogatorio, fue crucial para completar las actividades de inteligencia previas al atentado.
Alias el Capi les dijo a los investigadores que usó su celular para dejar registro de sus entradas y recorridos en la Brigada 30, esos videos los encontró la Fiscalía en las incautaciones, pero meses antes llegaron a los dispositivos de alias John Mechas, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc, quien ordenó el ataque terrorista. El paso siguiente era buscar el vehículo que convirtieron en carro bomba.
Es en este momento cuando aparece Joaquín Medina Duarte, de 56 años, padre del capitán en retiro, quien, de acuerdo con el interrogatorio al Capi, lo único que hizo fue buscar la camioneta por una solicitud que él mismo le hizo: “Yo le dije que estaban buscando una camioneta Fortuner blanca, que si la podía conseguir para ganarnos una comisión”, dice la declaración.