La Procuraduría General de la Nación pidió a la Gobernadora (E) de Norte de Santander, Taiz del Pilar Ortega y a la Unidad de alimentos para aprender (UApA) se realicen las actuaciones necesarias para garantizar la prestación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en los 39 municipios del departamento y del que se benefician más de 100.000 niños.

El ente de control advirtió que los niños, niñas y adolescentes del departamento podrían carecer del servicio, puesto que, al parecer las entidades responsables no cuentan con los recursos necesarios para continuar con la prestación de este y también, se podrían ver afectados en su nutrición e incluso se podría poner en riesgo su permanecía en las diferentes instituciones educativas del departamento.

Y es que la alerta por ejemplo a nivel nacional que envió la Procuraduría a mitad de este año, da cuenta de la grave situación que afrontan miles de menores en todo el país.

En junio, según la Procuraduría, la cifra era de 180.000 niños en Colombia que no se estarían beneficiando con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), siendo también el departamento de Magdalena otro de los puntos que más llama la atención por el incumplimiento.

Para la procuradora, Margarita Cabello Blanco, esta situación es “inadmisible porque se están vulnerando los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”, por lo que hace un enérgico llamado a todas las autoridades para que cumplan con su deber inmediatamente.

Y es que aunque estos son los casos más graves, la situación se estaría repitiendo en 96 entidades territoriales certificadas en educación, en que los grandes perjudicados son los menores de edad que no estarían recibiendo sus alimentos.

Y es que, sin duda alguna, son habituales las denuncias de corrupción, literalmente se roban la plata de la comida de los niños; las quejas por la entrega de alimentos en mal estado son reiteradas, y el incumplimiento de los contratos está a la orden del día. Todo esto afecta a miles de menores del país que terminan, siendo claros, aguantando hambre.

De hecho, en otro documento conocido por SEMANA, la Procuraduría requirió a 29 municipios y siete departamentos del país para que revisen y ajusten la información reportada en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP que, en algunos casos, presentan anomalías en el registro de los días de atención contratados, asignación de recursos versus porcentaje de compromisos asumidos con dichos recursos y adiciones en contratos por más del 50 %.