En la noche de este jueves 12 de enero, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó a través de comunicado oficial que una comisión especial de la entidad se desplazó al departamento del Guaviare para verificar la atención que se les brinda a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y otras vulneraciones.
La directora del ICBF, Concepción Baracaldo Aldana, dio la instrucción para que se adelanten jornadas de búsqueda e identificación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en calle, entre otras vulneraciones, particularmente en la niñez de las comunidades nukak y jiw.
“Como rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) he convocado a las entidades que lo conforman a que trabajemos de manera articulada para prevenir y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia del departamento. Es una responsabilidad compartida que nos involucra a todos. Es repudiable y doloroso que este tipo de situaciones que afectan y atentan con la vida e integridad de la niñez se presente. Desde el Gobierno Nacional no escatimaremos en esfuerzos para que la violencia sexual no siga acabando con los sueños de lo más sagrado que tenemos, nuestras niñas y niños”, puntualizó la directora general.
Resaltaron en este contexto desde el Instituto que, durante el año pasado, se fortaleció el proceso de atención a los menores de edad víctimas de esta vulneración a través de la estrategia para la atención especializada a víctimas de violencias de género con énfasis en violencia sexual.
“Además, con el Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI) se realizan jornadas de búsqueda activa que permiten la identificación de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil y alta permanencia en calle”, concluyeron.
Cabe recordar que este 11 de enero, la Procuraduría General de la Nación les hizo un llamado al gobernador de Guaviare, al director regional del ICBF y a otras entidades, luego de la publicación de una investigación del periodista Gerardo Reyes, de Univisión, en la que se mostraba comercio sexual de menores.
Procuraduría lanza advertencia por aberrantes casos de explotación y violencia sexual de niñas indígenas en Guaviare
La Procuraduría General de la Nación les hizo una importante petición a seis entidades del departamento de Guaviare para que informen las acciones adelantadas entre 2019 y 2022, para garantizar los derechos fundamentales de la población infantil de las etnias jiw y nukak, víctima de explotación y violencia sexual.
En la comunicación, enviada el 5 de enero de 2023 al gobernador de Guaviare, al alcalde de la capital, al director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaria de Familia, la directora seccional de fiscalías de ese departamento y el defensor del pueblo regional, se otorgó un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta.
El ente de control requirió a la Fiscalía, la Comisaría de Familia de San José del Guaviare, la Defensoría del Pueblo regional y las defensorías de familia del ICBF datos sobre las denuncias recibidas, entre 2019 y 2022, por hechos relacionados con explotación y violencia sexual de menores pertenecientes a las mencionadas comunidades indígenas.
En su acción preventiva, iniciada desde 2021, para velar por la garantía de los derechos fundamentales de esta población indígena, la Procuraduría advirtió que, “si en desarrollo de las investigaciones adelantadas se ha podido determinar como posibles responsables miembros de la fuerza pública, Policía Nacional o personas naturales que cuenten con la condición de servidores o funcionarios públicos, deberán indicarlo”.
En el documento del Ministerio Público, el ICBF y la Comisaría de Familia de la capital de Guaviare deberán reportar el número de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de menores pertenecientes a las etnias jiw y nukak, que se han adelantado en los últimos cuatro años, precisando la medida adoptada y el motivo del restablecimiento en cada caso.
De otra parte, la Procuraduría Regional de Guaviare conminó a los entes requeridos para que expliquen las estrategias que han implementado para mitigar la explotación y violencia sexual, así como el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los menores de edad indígenas.
Los informes deberán contener los resultados obtenidos entre 2019 y 2022, cifras, población beneficiada e impactada y responsables de las acciones desarrolladas.
El Ministerio Público también indagó sobre las herramientas utilizadas por las entidades territoriales y el ICBF para identificar las diversas situaciones que vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas indígenas, y los resultados obtenidos.
Finalmente, el ente de control pidió información detallada sobre las acciones y las recomendaciones para la vigencia 2023, del denominado “plan de choque” contra la explotación sexual y el consumo de sustancias psicoactivas, presentado por el ICBF y las secretarías municipal y departamental de salud, en una de las sesiones de Consejo Departamental de Política Social y un comité departamental de justicia transicional.