No para la polémica tras el contrato que fue suscrito por Emcali, por más de 215 mil millones de pesos, en el que fueron destapadas irregularidades como compras de televisores de 55′' Smart LED cobrados por $ 42.897.987 millones, mientras que en el mercado se encuentra en al menos $6 millones, y sillas ergonómicas de uso intensivo 24/7 que aparecen en $ 17.968.474 millones. La Procuraduría dispuso de un equipo de alto nivel que ya llegó a las instalaciones y está recaudando las pruebas de la corrupción.

Hay un documento que se radicó en las últimas horas, dirigido a la gerencia de Emcali, en el que varios empresarios dejan claro que, por ahora, no aceptarán la terminación del contrato bilateral o unilateralmente. Su tesis es que todo tipo de decisión contractual debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, a pesar de la polémica que se ha generado por posibles sobrecostos y millonarias sumas que estarían en juego.

“A raíz de recientes publicaciones en diferentes medios de comunicación sobre el proceso de invitación de la referencia y por considerar que existe “una total desinformación sobre el mismo y una clara intención dañina hacia esa importante organización y por supuesto hacia los Contratistas, consideramos de vital trascendencia poder exponerle los diferentes tópicos que han orientado todo el proceso de contratación, revestido de la más absoluta transparencia y observancia plena de los principios que rigen la contratación pública en Colombia”, advierte el documento firmado por Juan Camilo Ossa Hoyos, representante legal de la Unión Temporal involucrada en el caso.

“Se ha vuelto costumbre inveterada en Colombia que el proponente vencido en franca lid en un proceso público de contratación, o que por fines políticos o quizás noticiosos y sin el conocimiento integral del proceso, se acuda a la desinformación pública, exponiendo situaciones absolutamente inexistentes en dichos procesos, tal y cual nos ha sucedido en el presente caso, poniendo en riesgo la estabilidad económica de las compañías involucradas y su reputación empresarial”, agregan.

La explicación de los empresarios se da luego de que estallara la polémica por millonarios sobrecostos.

El polémico contrato

SEMANA tuvo acceso al contrato y conoció que el compromiso fue firmado el 21 de julio de este año con total conocimiento de Juan Diego Flórez, quien renunció este miércoles a la gerencia de Emcali. Y también del representante legal de la unión temporal AMI 2022, Juan Camilo Ossa Hoyos, por un valor total de 215.879.358.926 pesos.

El contrato empezó desde el momento en que las partes estamparon sus firmas y va hasta el 31 de diciembre de 2028. En el documento se establece que Emcali deberá desembolsar año a año unos montos fijos, hasta cancelar el valor total del contrato.

El primer pago quedó establecido para este año por un monto de 23.695.031.047 pesos, de los cuales 15.119.099.000 pesos se pagarían de manera anticipada y “reembolsable”, mientras que el resto (8.575.932.047 pesos) se cancelarían por concepto de “pago de vigencia”. “Los pagos se realizarán dentro de los veinte a treinta días calendario contados a partir de la aceptación de la factura”, asegura el contrato.

Tal parece que el jugoso adelanto que Emcali debe hacer a la unión temporal AMI 2022 todavía no se ha desembolsado, pese a que el contrato se firmó en julio y sigue vigente.

“Lo que tenemos entendido es que este anticipo de 15 mil millones de pesos todavía no se ha desembolsado, pero nos parece muy grave que sin haberse dado este anticipo ya se estén viendo, en el mismo contrato, sobrecostos en elementos muy sencillos como el material para organizar un puesto de control”, dijo a SEMANA Jhoni Trejos.

Tras la publicación del informe periodístico, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, la renuncia del gerente de Empresas Municipales de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez.

La Procuraduría también adelantó este jueves una estricta revisión al expediente y podría tomar nuevas decisiones en los próximos días.