Luego de la presentación del programa “Caminos comunitarios de la paz total” del Gobierno nacional, la Procuraduría General de la Nación identificó inconsistencias ambientales en algunos de las vías de intervención y alertó al ministro de Transporte y al director general de Invías, el riesgo latente de deforestación y las advertencias asociadas entre la construcción de vías fuera del marco legal y el tráfico de actividades económicas ilícitas, el transporte ilegal de madera y el traslado de ganado a territorios deforestados.
En la comunicación enviada, el Ministerio Público referenció algunas de las vías ilegales que se tienen actualmente identificadas, con el fin de que se realice el debido seguimiento y atención ante cualquier solicitud que se radique en el aplicativo implementado por Invías y no permitir su aprobación dentro del programa; algunas de ellas son: Marginal de la Selva (Guaviare), la ampliación ilegal de la vía Puerto Cachicamo-La Tunia (Caquetá), vía La Tunia-Camuya, vía La Play-Río Yari y trocha ganadera del Parque Nacional Natural La Macarena.
La Procuraduría, en cumplimiento de la función preventiva, referenció al jefe de la cartera ministerial y al director de la entidad encargada de la infraestructura vial del país, importantes observaciones y advertencias con el fin de que sean consideradas para la ejecución de actividades de mejoramiento y rehabilitación a lo largo de 33.102 km de la red vial regional, caminos ancestrales y puentes del país.
En cuanto al programa ‘Caminos comunitarios para la paz total’, este será manejado por organismos de acción comunal, nacidos de convenios establecidos en la Ley 2166 de 2021, y tiene como objetivo principal realizar actividades de mantenimiento, mejoramiento, construcción de estructuras viales y caminos ancestrales en la red vial terciaria del país.
Finalmente, el ente de control requirió implementar acciones eficaces y coordinadas en el seguimiento, vigilancia y control del aumento de construcciones de vías ilegales en el territorio colombiano, especialmente en las zonas ubicadas al interior de áreas con algún tipo de protección ambiental y/o en zonas ubicadas dentro de zonas de reservas.
Desde el ente de control también dijeron estar preocupados por la supuesta falta de experiencia e idoneidad de los organismos comunales, que en últimas serán los ejecutores del proyecto y del manejo de los recursos, estimados en cerca de 600 mil millones de pesos anuales aproximadamente, de acuerdo con lo informado por Invías.
“Actualmente, el Invías no cuenta con la determinación de las zonas o regiones a focalizar, ni tampoco hay claridad sobre el inventario o estado actual de las vías terciarias a intervenir, lo que apenas se realizará a través de diálogos con las comunidades y visitas en territorio”, agregó.
Por lo tanto, para la Procuraduría, el programa ‘Caminos comunitarios para la paz total’ podría poner en riesgo inversiones que causen un detrimento patrimonial, al no tener una planeación sólida y un seguimiento adecuado a la ejecución que garantice el desarrollo de las obras.
La alerta de la procuradora Margarita Cabello frente a los narcos y la ‘paz total’
La procuradora Margarita Cabello lanzó esta semana una seria advertencia y aseguró que el proyecto de ley de sometimiento del Gobierno Petro podría incluso terminar en que los narcos que se sometan no paguen ni un solo día de cárcel, aunque se estipula que estén presos entre seis y ocho años.
La razón, según Cabello, es que en la iniciativa sigue vivo el principio de oportunidad que les permitiría una colaboración con beneficios absolutos. De esta manera, un narco que se someta a la nueva ley y se acoja a esta colaboración podría quedar libre y con el 6 % de su fortuna ‘limpia’ en el bolsillo. Además, con el compromiso de la no extradición. El narco que quiera más que le piquen caña.