La Corte Suprema de Justicia tiene listo el fallo condenatorio en contra del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, por hechos de corrupción cometidos cuando se desempeñó en el cargo.
La Corte encontró a Abadía culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por las irregularidades en un convenio de cooperación de enero de 2010 para la compra y distribución de textos escolares en 40 bibliotecas de 10 municipios del departamento.
El convenio fue suscrito por 1.076 millones de pesos con la Fundación Calimio, la cual, según la Fiscalía, no tenía experiencia para ejecutarlo. Prueba de ello es que el mismo convenio pasó por otras dos fundaciones. Al final del ejercicio, los investigadores descubrieron que quien dotó las bibliotecas sólo invirtió 182 millones de pesos. Es decir, hubo un presunto detrimento por 890 millones de pesos.
“Cuando en la investigación que hizo la propia Contraloría, no halló detrimento alguno y consideró viable la celebración del contrato con la Fundación Calimio. Además, todos los libros se compraron a precios oficiales a través del SICE”, aseguró Abadía en 2017 tras la imputación de cargos.
Por estos mismos hechos, ya habían sido condenados Éiber Gustavo Navarro Piedrahíta, secretario de Educación de Abadía y tres particulares.
La audiencia en la que se le iba a dar lectura al fallo condenatorio contra Abadía estaba programada para este miércoles a las 2 de la tarde; sin embargo, SEMANA conoció que la diligencia tuvo que ser aplazada porque el exgobernador manifestó tener afecciones cardiacas y aún se desconoce la fecha en la que será reprogramada.
Cartel de la Toga
El exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía tenía un futuro prometedor en la política, pero ahora solo parece tener problemas con la justicia. Sumado a la condena por el contrato de las bibliotecas, ahora también deberá responder por su presunta participación en el denominado ‘cartel de la toga’.
El pasado 28 de julio, la Fiscalía General lo acusó por, presuntamente, haber entregado millonarios sobornos para ser favorecido en las investigaciones que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia. Una de ellas era, precisamente, la de las irregularidades en el contrato para abastecer las bibliotecas del departamento.
El exmandatario departamental deberá responder en juicio por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Los hechos, materia de investigación, tienen relación con la presunta búsqueda del expresidente de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte Gómez y varios funcionarios de la Rama Judicial, quienes intercedían a favor de los aforados constitucionales para que se archivaran o demoraran las investigaciones que se adelantaban.
Las pruebas recolectadas indican que Abadía “recurrió inicialmente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y, por su conducto, al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, a quien contrató en 2014 para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.
“Se reúnen con usted y pactan honorarios, con el fin de que las investigaciones adelantadas en su contra fueran archivadas o retardadas, pero, además, para que no se formulara imputación o no se emitiera medida de aseguramiento”, aseguró el fiscal del caso.
Además, la Fiscalía se refirió a las irregularidades cometidas por el exgobernador, e indicó que los mencionados pagos habrían alcanzado la cifra de 400 millones de pesos, que presuntamente fueron entregados al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera en tres pagos, distribuidos de la siguiente manera: 175 millones inicialmente, luego 25 millones y, finalmente, 200 millones.
Este dinero habría sido entregado al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, quien actualmente cumple una condena por este escándalo de corrupción que permeó a la Rama Judicial. “En cuanto a la antijuricidad y culpabilidad, usted, señor Abadía, conocía que con la entrega de dinero a los integrantes de la organización criminal estaba cometiendo un ilícito”, indicó el fiscal del caso.