Este miércoles, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, acompañado de los congresistas Ariel Ávila y Alirio Uribe, entregaron nuevos detalles del proyecto de ley que busca el sometimiento de los miembros de las bandas criminales, con los que no se puede hacer una negociación de paz.
Según el ministro Osuna, “este proyecto es la oferta que le hace el Estado colombiano a esas estructuras criminales para que terminen con su actuar y entreguen sus bien, para que entreguen la información que tienen y reparen a las víctimas. De igual manera, para que exista reparación y a cambio de esa terminación de actividades criminales, el Estado les ofrece un tratamiento penal “más suave que el ordinario”.
Osuna dejó claro que el tema de la extradición, seguirá basado en leyes y tratados vigentes y aplicables al ordenamiento en Colombia: “este proyecto de ley, no menciona, ni afecta, no modifica, ni altera, las leyes actuales que rigen la extradición y a la que el Estado se ha comprometido. Insisto, eso se seguirá rigiendo por los tratados vigentes. Esas son las líneas básicas del proyecto”.
En otras palabras, todo sigue en esa materia tal como está. Es decir, que Colombia podrá si así lo considera enviar a un narcotraficante a Estados Unidos cuando la Sala Penal de la Corte Suprema avale y el Gobierno firme dicha extradición.
Según el jefe de la cartera de justicia, en las líneas básicas más importantes del proyecto está el hecho de que quienes se acojan, tendrán penas privativas de la libertad en cárceles ordinarias impuestas por autoridades judiciales ordinarias.
El senador Ariel Ávila también dio detalles de los puntos más importantes de lo que se plantea. En primer lugar, señaló que no habrá jueces nuevos ni procedimientos nuevos, sino la sustitución de penas a cambio de verdad, reparación, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras criminales.
“Esta es una conversación sociojurídica por la pena y la reincorporación. Habrá extinción de dominio, como lo ha dicho el señor ministro, prevista en la ley del 2014 de hace varios. Pero quien entregué la fortuna conseguida de forma ilegal, podrá quedarse con el 6% con el cual viviría la persona que se someta a la justicia”, dijo Ávila.
El proyecto que creará la “Ley de sujeción y desmantelamiento de organizaciones criminales”, la cual completaría una parte del rompecabezas de la política de paz del presidente Gustavo Petro y despejaría dudas sobre, por ejemplo, qué tratamiento tendrán las disidencias de Farc.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que existirán las rebajas de penas, pero en la justicia ordinaria. “Las bases que ya hemos convenido y que se le presentarán así al Congreso, efectivamente son justicia ordinaria, es decir, Fiscalía General de la Nación, poder judicial ordinario; no hay justicia transicional. Rebaja de penas, sí, ¿cuántos años?, aún estamos puliendo la propuesta”, indicó.
Osuna aclaró que el proyecto de ley buscará que los grupos ilegales se acojan a la iniciativa que servirá para el desmantelamiento de las bandas criminales, entrega de información sobre las rutas del narcotráfico y entrega de bienes para obtener beneficios jurídicos.
SEMANA revela el texto completo
SEMANA conoció el proyecto de ley que fue enviado al Consejo de Política Criminal con la finalidad de que se expida un concepto antes de radicarlo en el Congreso de la República y pueda avanzar la iniciativa que busca someter a los narcos en Colombia.
Se trata del proyecto “por el cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones” que tiene 20 páginas y 54 artículos donde están contempladas las disposiciones del Gobierno Petro para otorgar beneficios a miembros de organizaciones ilegales que tengan relación directa con el narcotráfico.
Se trata de las reglas claras de juego con las que el Gobierno Petro busca desmantelar las organizaciones criminales en Colombia con plazos entre dos y tres años para el sometimiento a la justicia.
Según el articulado los integrantes de bandas criminales que decidan someterse a la justicia pagarían penas entre los seis y ocho años de cárcel, siempre y cuando, haya información clara sobre rutas y funcionamiento de las estructuras criminales. Como la iniciativa entrará a debate en el Congreso y el articulado podría cambiar, por ahora no importaría el tipo de delitos cometidos si se cumplen con los requisitos del sometimiento.
Un componente importante de este proyecto de ley es que los integrantes de las organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves podrían ser beneficiados con la renuncia de procesos en su contra por lo que, seguramente, muchos quedarían sin cuentas pendientes con la justicia.
“La presente Ley tiene por objeto crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”, dice el primer artículo del proyecto de ley que conoció SEMANA.
Así mismo se definen qué estructuras podrán someterse a la justicia y hacer parte de la política de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. “Serán las organizaciones criminales de alto impacto, de que trata el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022, es decir, las que cumplan las siguientes condiciones: Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red”.
Y agrega: “Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.
El artículo tercero del proyecto de ley deja claro que no habrá reconocimiento político para las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y sus integrantes, por lo que los grupos rebeles, como el ELN, quedan por fuera de esta iniciativa porque ya se adelanta un proceso de paz.
Lo que ha dicho el Gobierno Petro
El pasado 9 de febrero el presidente Gustavo Petro envió un fuerte mensaje a los narcotraficantes, señalando que su gobierno del Pacto Histórico no negociará el poder, al aclarar que con ese tipo de fenómenos criminales se deben aplicar vías jurídicas.
“Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones, porque se trata de un acogimiento a la justicia, y vamos a presentar la ley el 15 de febrero”, sostuvo el presidente Petro.
Fiscal Barbosa logró que el Gobierno pensara en la Ley de sometimiento
Tras la reunión que sostuvieron hace varios días, el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, se dieron algunas conclusiones del encuentro de parte del fiscal en las que dijo que le pidió al mandatario que para el sometimiento de las bandas criminales es necesaria la tramitación de una ley que establezca el marco jurídico para ese proceso.
“Le señalé que no existe marco jurídico y que se requiere una ley de sometimiento frente a esas organizaciones criminales”, dijo el fiscal Barbosa a la salida del encuentro. La cabeza del ente judicial afirmó que la Fiscalía tendrá voz en esa iniciativa para aportar a la reforma en la discusión que se adelante en el Congreso.
El fiscal volvió a insistir, tras una pregunta de SEMANA, que negociar de esa manera con los narcotraficantes sería como haber pactado acuerdos con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes”, indicó.
Barbosa también le solicitó al mandatario que más allá de los capos de las bandas criminales y de narcotraficantes, haya un artículo en el proyecto para que se conozca quiénes están detrás de esos negocios ilícitos.