Fuentes de alto nivel de la Fiscalía General de la Nación le confirmaron a SEMANA que el ente acusador elevó una solicitud al Tribunal Superior de Bogotá para que deje en firme la condena impuesta en contra del polémico empresario Carlos Mattos.
Dentro de la petición que puso en conocimiento la Fiscalía al alto tribunal se señala que no deberían proceder los argumentos expuestos por el equipo defensor de Mattos, que alega que al parecer habría existido un error.
En su estrategia, la defensa de Mattos ha señalado que la condena de 9 años y 5 meses de prisión se estableció de manera incorrecta al manifestar que se tomó en cuenta, para la sentencia, 3 hechos cuando debió ajustarse a solo 1.
Hace varios días, el empresario Carlos Mattos recibió su primera condena por haber planeado y puesto en marcha un estratégico plan para alterar el sistema de servicios en los juzgados civiles municipales de Bogotá y redireccionar una acción de tutela que había radicado su defensa en medio de un litigio internacional que tenía por la comercialización de los vehículos de la marca coreana Hyundai.
En la audiencia en la cual se conoció la dosificación de la pena, el juez tuvo en cuenta el agravante de las conductas que ejecutó el empresario para lograr sus oscuros objetivos y obtener un beneficio económico. En el análisis del caso se manifestó que, tras resultar beneficiado, Mattos envió un mensaje negativo a la sociedad al demostrar que la administración de justicia se podía torcer por dinero y que aquel que tuviera los recursos podía lograr lo que quisiera.
Cabe recordar que Mattos debería pagar una condena de once años y cuatro meses de prisión, inhabilidad de 9 años y seis meses, y 283 salarios mínimos legales para el año 2013. Sin embargo, con su aceptación de cargos mediante la firma de un preacuerdo se le rebajó en una sexta parte, por lo que la pena definitiva quedó en 113 meses, es decir, nueve años, cinco meses y diez días prisión, la inhabilidad de 96 meses y una multa de 701 salarios mínimos para el año 2015.
En el proceso, de acuerdo con las autoridades, funcionarios y empleados de la Rama Judicial fueron sobornados para que modificaran el complejo sistema y de esta forma enviar directamente al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá, que presidía Reynaldo Huertas, para que emitiera unas medidas cautelares que le permitieran a Mattos seguir comercializando estos vehículos en el país. El funcionario judicial ya había recibido un millonario soborno para emitir esta decisión en tiempo récord.
Luego de un largo litigio, que incluyó la extradición de Mattos de España a Colombia y un fallido preacuerdo, el empresario aceptó su participación y responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) y daño informático agravado.
Igualmente, se comprometió a reparar a la Rama Judicial con un millón de dólares y el ofrecimiento de excusas públicas por los daños causados a la sociedad por su conducta.
En el caso puntual del polémico empresario, firmó un acuerdo de transacción con el representante de la Rama Judicial para el adelanto del pago de 3.700 millones de pesos para la reparación económica.
A renglón seguido, el Juzgado 30 de Conocimiento de Bogotá hizo un fuerte llamado de atención por el plan que ejecutó Mattos y que puso en tela de juicio la independencia y decoro de la Rama Judicial.
Finalmente, el pasado 7 de abril, Mattos reconoció su plena responsabilidad en el delito de cohecho por el pago de 100 millones de pesos a la jueza 16 Civil Municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, “como agradecimiento” por haber dejado en firme las medidas cautelares.